MIAMI, Estados Unidos ― El Tribunal de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres (primero) de Tarija, en Bolivia, ordenó este lunes la aprehensión del expresidente Evo Morales, luego de que no compareciera al inicio del juicio oral que enfrenta por el delito de trata de personas con agravante, presuntamente cometido contra una adolescente.
La Fiscalía General del Estado de Tarija informó que Morales no acudió a la audiencia ni justificó su inasistencia “de manera directa ni por terceras personas”. Por este motivo, el Tribunal determinó declarar nuevamente “rebelde” a Morales y dispuso que la Policía Boliviana ejecute la orden de aprehensión.
El juicio quedó suspendido sin fecha hasta que el exmandatario y la madre de la víctima, acusada en el mismo caso, comparezcan ante la justicia o sean conducidos por la fuerza pública. “Esta audiencia se suspendió sin fecha porque deben pasar dos circunstancias particulares, la aprehensión o comparecencia voluntaria al juicio oral para que inicie la audiencia”, declaró Luis Esteban Ortiz, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
La Fiscalía sostuvo que el proceso ya había llegado a la fase de juicio oral y que la ausencia de los acusados impidió su instalación efectiva. El fiscal tarijeño Luis Gutiérrez afirmó que el Ministerio Público cuenta con “más de 128 pruebas y 39 testigos” dentro del caso, y señaló que el avance del proceso depende ahora de la comparecencia de los acusados.
El expediente judicial activado en Tarija se tramita actualmente por trata de personas con agravante. Como antecedente de las acusaciones públicas contra Morales, la Fiscalía General informó en septiembre de 2020 que remitió a ese departamento una segunda denuncia por estupro relacionada con una adolescente de 15 años, con quien el expresidente “habría tenido una hija el año 2016”.
Morales ha rechazado las acusaciones y sostiene que los procesos en su contra responden a una persecución política y judicial. El exmandatario también ha denunciado en redes sociales una supuesta “guerra legal” impulsada por el Gobierno para destruirlo “moral y físicamente”.
