MIAMI, Estados Unidos ― El Centro de Información Legal Cubalex expondrá el próximo martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que recoge al menos 215 acciones verificadas de militarización de la vida civil en Cuba entre febrero y julio de 2026.
La audiencia, titulada “Cuba: Impactos de la militarización”, está programada de 11:00 de la mañana a 12:30 de la tarde en Washington.
Cubalex sostiene que el patrón se intensificó después de que el Consejo de Defensa Nacional aprobara en enero “planes y medidas para el paso al ‘estado de guerra’”.
Entre las prácticas que la organización llevará ante los comisionados figuran la ocupación policial y militar de barrios después de protestas provocadas por los apagones, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, las amenazas de muerte contra personas privadas de libertad por motivos políticos y las restricciones para viajar de una provincia a otra.
La ONG también documentó el congelamiento de cuentas y bienes mediante resoluciones administrativas y la incorporación de ejercicios militares a escuelas y universidades.
La organización señaló específicamente el caso del creador de contenido Eddy Ceballos, enviado a juicio ante un tribunal militar por grabar un video satírico en una instalación castrense abandonada; así como limitaciones de movilidad que solo habrían sido levantadas por motivos de salud, trámites consulares o fallecimientos; y congelamientos de cuentas y propiedades sin notificación previa ni proceso penal.
En el ámbito educativo, el expediente menciona prácticas de tiro, planes de evacuación y otras actividades de preparación para la guerra.
El sistema de monitoreo de Cubalex contabilizó 10 acciones de militarización en febrero, 42 en abril, 54 en junio y 39 durante las primeras tres semanas de julio. La organización precisó que únicamente incorporó hechos que afirma haber verificado de manera independiente y que la cifra constituye un subregistro.
Cubalex relaciona el crecimiento de esos operativos con los períodos de mayor descontento social. Sus registros contabilizaron 234 protestas en marzo, 66 en abril, 109 en mayo y 254 en junio, pero, según su análisis, la presencia militar no disminuyó al descender las manifestaciones, sino que se mantuvo en niveles cada vez más altos después de cada pico de movilización.
El informe también sostiene que los reportes de inseguridad aumentaron un 109% entre enero y abril, pese al incremento de la presencia de fuerzas estatales, y que las denuncias de torturas y desapariciones forzadas se mantuvieron durante los siete meses analizados. Para Cubalex, esas tendencias contradicen la justificación de protección ciudadana y muestran que el despliegue militar ha reforzado las capacidades represivas del Ministerio del Interior.
En un informe previo, titulado El estado de guerra no declarado, Cubalex argumentó que los consejos de defensa provinciales y municipales han asumido funciones que corresponden habitualmente a las administraciones civiles, entre ellas decisiones sobre transporte, combustible, distribución de recursos y orden público. La organización calificó ese proceso como una “excepcionalidad de facto”, aplicada sin la proclamación formal de un estado de emergencia y sin límites temporales ni controles judiciales efectivos.
“La seguridad del régimen ha suplantado a la seguridad humana, priorizando el sostenimiento del aparato represivo sobre la atención a la crisis humanitaria que padecen sus ciudadanos”, concluyó Cubalex en ese documento. Según la organización, la militarización ha dejado de funcionar exclusivamente como preparación ante una amenaza exterior y se ha convertido en un modelo de administración de la crisis económica, los apagones y la protesta social.
El reporte cita como ejemplos el despliegue de tropas especiales en Morón, Ciego de Ávila, después de las protestas del 3 de marzo; los operativos de patrullas y camiones conocidos como “el combo” o “el convoy” durante los apagones en barrios de La Habana; y el acuartelamiento de personal del Ministerio del Interior en cárceles de Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo, que habría provocado la suspensión de visitas, permisos y traslados de reclusos. Todos esos episodios forman parte de la documentación recopilada y atribuida por Cubalex a sus fuentes y mecanismos de verificación.
La realización de actividades militares en las universidades está reconocida por los propios medios estatales. La Agencia Cubana de Noticias (ACN) informó el 27 de marzo que profesores y alumnos de instituciones de Educación Superior de Camagüey participarían junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el “Bastión Estudiantil Universitario 2026”, con prácticas de tiro y otros ejercicios de preparación militar. Mientras la ACN presentó la jornada como una reafirmación del apoyo a la Revolución, Cubalex sostiene que en distintos centros la participación fue obligatoria y estuvo vinculada a presiones académicas, extremo que no aparece reconocido en la publicación oficial.
La audiencia forma parte del 196º Período de Sesiones de la CIDH, que se celebrará presencialmente en Washington entre el 3 y el 7 de agosto.
Aunque Cuba no se reincorporó a la Organización de Estados Americanos después de que en 2009 quedara sin efecto la resolución que había excluido a su Gobierno en 1962, la CIDH mantiene que conserva competencia para examinar la situación de derechos humanos en la Isla. La Comisión ha reiterado que aquella decisión apartó al Gobierno cubano, no al Estado, y que Cuba continúa siendo jurídicamente responsable ante el organismo respecto a los derechos reconocidos en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre.
