LA HABANA.- Entre los vecinos capturaron al ladrón a las tres de la mañana de este último sábado, pero al mediodía siguiente la policía no se había aparecido en el lugar, a pesar de que la estación de La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, queda apenas a un kilómetro de donde sucedieron los hechos, en las proximidades del Puente de Calabazar. Esta zona considerada una de las zonas más peligrosas de la ciudad, con reportes diarios de asaltos y robos pero no tiene vigilancia policial ni atención prioritaria por parte de las autoridades locales.
De acuerdo con lo narrado por testigos, el mismo sábado en las primeras horas de la mañana habría sucedido un hecho similar en el reparto Capri, donde está emplazada la unidad policial correspondiente al municipio, pero tampoco los oficiales acudieron al lugar, aludiendo la falta de carros para un desplazamiento que bien hubiesen podido hacer a pie, por lo que fueron las propias víctimas quienes debieron neutralizar al delincuente amarrándolo con una soga para trasladarlo y establecer la denuncia, un proceso este último en apariencias sencillo pero que, según relatan sus protagonistas, les tomó casi hasta el anochecer, al aguardar en una cola donde unas quince personas esperaban su turno para denunciar igual número de robos, asaltos o tentativas de estos.
Ambos sucesos de este fin de semana en Arroyo Naranjo, donde las personas, a riesgo de sus vidas, debieron hacer lo que es responsabilidad de la policía, no son excepcionales ni para el municipio ni para la ciudad, en un país donde a diario se reportan o se exponen en redes sociales casos parecidos, evidenciando el grado de inseguridad y el abandono en que viven los ciudadanos, que incluso se han visto obligados a escarmentar al delincuente haciendo justicia por su cuenta, a sabiendas de que el castigo de los policías y tribunales en casos de robo y asalto, de tan comunes por estos días, habitualmente termina en multas, “cartas de advertencias”, o a lo sumo en un par de días de encierro.
La situación que se vive por estos días es de indiferencia institucional total, y en consecuencia de estímulo a la criminalidad, ambas percibidas como burla por las víctimas. Lo que contrasta enormemente con las reacciones de las fuerzas e instrumentos represivos cuando, echando mano a todo tipo de recursos humanos y materiales, tratan de convertir en “delito” lo que en una sociedad democrática jamás calificaría como desobediencia ciudadana sino apenas como ejercicios del derecho a la protesta pacífica, a la libre expresión, a la manifestación y a la disidencia política.
Tan evidente (o mejor dicho, tan descarado) es el contraste, que fue precisamente de boca de un policía, conocedor de las verdaderas prioridades de la institución, que escuché bromear con la efectividad que tendría, en una situación de robo o violencia, llamar al patrullero alegando la aparición de un cartel de protesta política o denunciando que, en vez de robo o agresión, al delincuente lo atraparon gritando frases contra Miguel Díaz-Canel o Raúl Castro, o haciendo periodismo independiente. Esos sí son para el castrismo son asuntos de “seguridad nacional” y, por tanto, jamás escatima en recursos para criminalizarlos.
Aún sin pruebas ni testigos, el delincuente sería enjuiciado y encerrado durante años, aunque no por ninguno de los crímenes que realmente cometiera, sino por el único “crimen” que, aunque fabricado, funcionaría en un sistema legal diseñado exclusivamente para reprimir las diferencias políticas aun en el grado de tentativa o mera sospecha.
No obstante, creo que ni así funcionaría, puesto que la delincuencia es de los mejores aliados de una dictadura que en esencia es delincuencial, así como sus métodos y el funcionamiento de las estructuras de poder internas son netamente mafiosas.
En tal sentido, todos los procedimientos históricamente empleados para encerrar, desaparecer o desterrar a opositores y periodistas incómodos han sido los de cualquier pandilla de barrio, y algo así de violento, instalado en el poder por tanto tiempo, no podría generar un estado de cosas diferente al que ha existido en otras épocas y al que actualmente existe en la Isla. Un país donde cualquier “revolucionario”, aunque delincuente connotado, se siente con el derecho de tocar a tu puerta, golpearte y hasta amenazarte de muerte sin consecuencias legales, puesto que vale todo en “defensa de la revolución”.
El crimen y la violencia que están devastando el país y que, bajo la amenaza de hacerse incontrolables, mantienen las calles desiertas más que los apagones y la escasez de dinero, no son prioridad de la dictadura, mucho menos cuando han encontrado en ellos una justificación, como otra herramienta más para obligar a las personas a encerrarse en sus casas, como bajo una especie de toque de queda no oficialmente declarado.
La delincuencia, tan parecida a los represores en cuanto a recursos violentos e insensibilidad, es una aliada de la dictadura en estos tiempos en que los encierros, más la incomunicación y la desinformación que estos conllevan, acentuadas por el escaso acceso a internet (y una ofensiva contra los proveedores de los sistemas satelitales de Starlink, más “peligrosos” que el ladrón que vacía tu casa en la noche), hacen una parte del trabajo de silenciamiento general que necesita el castrismo. así pueden mostrar al mundo que en las calles de la Isla se respira tranquilidad, cuando en realidad lo que existe es miedo y desamparo.
