Miami-Dade sanciona empresas por comercio no autorizado de cemento con el régimen cubano

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade anunció la revocación de licencias comerciales locales a las empresas involucradas.
Terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZDEM)
Terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZDEM) (Foto: Trabajadores)

LIMA, Perú — La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade anunció este viernes la revocación de licencias comerciales locales a varias empresas identificadas por autoridades federales estadounidenses por presuntas actividades comerciales no autorizadas con Cuba.

La medida fue informada por el recaudador de impuestos Dariel Fernández a través de X (antes Twitter), quien explicó que la decisión se produjo tras recibir información de una agencia federal sobre operaciones vinculadas al envío de mercancías hacia la Isla en aparente violación de regulaciones federales vigentes.

Según la información remitida a las autoridades del condado, la empresa Cargo Caribe LLC habría exportado cemento a Cuba utilizando una terminal marítima operada por Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD. El reporte señala que la embarcación partió desde el Río Miami con destino al puerto de Mariel, donde la carga fue descargada.

Tras revisar la documentación proporcionada por las autoridades federales y otros registros relacionados con el caso, la Oficina del Recaudador de Impuestos determinó revocar los Recibos de Impuestos Comerciales Locales asociados a las compañías señaladas.

“El Condado de Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para empresas que violen la ley, evadan requisitos federales o participen en comercio no autorizado vinculado a la dictadura comunista cubana”, declaró Fernández.

El funcionario indicó que la legislación estatal y local permite suspender o negar la renovación de licencias comerciales a empresas involucradas en transacciones con Cuba que contravengan las disposiciones federales de Estados Unidos.

“Cuando se presente información creíble ante nuestra oficina, actuaremos. Cumpliremos con la ley. Y utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para proteger la integridad de nuestro sistema comercial local”, sostuvo.

Fernández afirmó que la decisión busca garantizar el cumplimiento normativo y proteger a las empresas que operan dentro del marco legal. “Esto se trata del estado de derecho”, señaló. “Se trata de proteger a los negocios honestos que cumplen con las normas y de dejar claro que las compañías vinculadas al fraude o a actividades comerciales ilegales no recibirán un pase libre en Miami-Dade County”.

Asimismo, advirtió que las empresas involucradas en actividades consideradas ilegales o que incumplan los requisitos regulatorios enfrentarán consecuencias administrativas. “Los negocios que operan legalmente no tienen nada que temer. Pero las empresas que mienten, evaden la ley, ignoran los requisitos de cumplimiento o participan en comercio no autorizado vinculado a la dictadura comunista cubana deben entender que habrá consecuencias”, añadió.

La oficina informó además que notificó formalmente a la Ciudad de Miami sobre las acciones adoptadas y que continuará coordinando con agencias federales en el marco de sus procesos de supervisión y cumplimiento.

La decisión se produce pocas semanas después de otra medida adoptada por Miami-Dade contra entidades presuntamente vinculadas al aparato económico del régimen cubano. A finales de mayo, las autoridades locales determinaron que las compañías Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC no podían operar dentro del condado ni obtener autorizaciones fiscales locales.

Aquella acción estuvo relacionada con el caso de Adys Lastres Morera, cuya residencia permanente en Estados Unidos fue revocada tras una investigación federal que la vinculó con actividades relacionadas con el conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Las nuevas medidas reflejan el incremento de la coordinación entre autoridades locales y organismos federales estadounidenses en la aplicación de restricciones contra empresas y personas señaladas por mantener vínculos comerciales considerados incompatibles con la política de sanciones de Washington hacia el régimen cubano.

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