Detienen y amenazan a dos colaboradores de un boletín comunitario en Villa Clara

MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la detención, amenazas y confiscación de materiales contra dos colaboradores del medio comunitario Páginas Villareñas en el reparto Dobarganes, en Villa Clara, mientras distribuían la edición 137 de su boletín informativo. 

Según el reporte publicado por la organización este lunes, los hechos ocurrieron el día anterior, 1 de marzo, y constituyen, a su juicio, una “violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba”.

De acuerdo con la información documentada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP, los colaboradores Lázaro Pérez Rodríguez y Luis Sotolongo Iglesias fueron interceptados alrededor de las 2:20 p.m. en la calle 1ra. del reparto Dobarganes, cuando realizaban “la distribución pacífica del boletín”. En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y dos oficiales de la Seguridad del Estado.

El ICLEP sostiene que ambos fueron esposados y trasladados en la patrulla número 276 hacia la Cuarta Unidad de la Policía ubicada en el área conocida como Abel Santamaría. Allí permanecieron retenidos durante aproximadamente seis horas y, según la denuncia, incomunicados.

Durante la detención, las autoridades habrían decomisado unos 60 ejemplares del boletín, dos teléfonos celulares, una mochila, un bolso con dos pomos de agua, dinero en efectivo y documentos de identidad. El reporte señala que los interrogatorios estuvieron a cargo de oficiales que se identificaron como “Ariel” y “Ernesto”, además de otro agente que no ofreció su nombre. 

Las preguntas, según el ICLEP, se centraron en el funcionamiento interno de la organización, sus fuentes de financiamiento, el proceso de impresión del boletín y los responsables editoriales.

Antes de ser liberados, Pérez Rodríguez y Sotolongo Iglesias habrían recibido advertencias de posible procesamiento penal por los presuntos delitos de “usurpación de funciones públicas” y “violación del orden constitucional”. Asimismo, se les informó que estaban bajo investigación y que serían citados nuevamente.

El caso fue incorporado al sistema institucional del ICLEP mediante su proceso de “observación y registro”, conforme a la metodología que emplea la organización para documentar violaciones a la libertad de expresión.

En su clasificación metodológica, el ICLEP encuadra lo ocurrido dentro de los indicadores de “detención arbitraria”, “uso abusivo del poder estatal” y “ataques, amenazas y agresiones psicológicas”. La organización considera que este tipo de acciones forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano, particularmente contra medios comunitarios que abordan problemáticas locales que, según la entidad, no son tratadas por la prensa oficial.

El Instituto subraya que los hechos denunciados contradicen disposiciones recogidas en la Constitución de la República de Cuba, específicamente en los artículos 54 y 55, que reconocen garantías vinculadas a la libertad de pensamiento, expresión y acceso a la información. A su vez, recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”.

En su comunicado, el ICLEP sostiene que el uso de figuras penales como “usurpación de funciones públicas” o “violación del orden constitucional” contra colaboradores que distribuyen un boletín comunitario constituye un empleo instrumental del derecho penal como mecanismo de intimidación y censura.

La organización exigió la devolución inmediata de los boletines y equipos confiscados, el cese de la investigación y de cualquier amenaza de procesamiento penal contra los colaboradores, así como garantías para el ejercicio del periodismo ciudadano sin represalias. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional, a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de la libertad de expresión para que den seguimiento al caso, exijan responsabilidades al Estado cubano y refuercen la vigilancia internacional sobre la situación de la libertad de expresión en la Isla.

“La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y distribuir información comunitaria son derechos fundamentales, no amenazas al orden público”, concluye el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP en su reporte.