MIAMI, Estados Unidos ― Madeleiny Fuentes León, una cubana de 30 años residente en Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos, fue detenida el pasado 17 de abril durante un operativo del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), subordinado al Ministerio del Interior (MININT), en un caso que su familia y particularmente su hermana, la activista exiliada Madeley Fuentes León, así como organizaciones independientes de derechos humanos, califican como castigo político.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas a Martí Noticias por la activista de la ONG Freedom for Cuba, quien reside actualmente en el condado de West Palm Beach, agentes de la Seguridad del Estado llegaron a la vivienda de su familia en Cienfuegos con una orden de registro y, durante el allanamiento, mostraron a su hermana fotografías en las que la propia exiliada aparecía junto a opositores, entre ellos José Daniel Ferrer y la activista cubanoamericana María Teresa Rafaeli.
La joven también señaló que los oficiales también intentaron vincular a su hermana con el ciudadano José Luis Oliver Díaz a partir de imágenes y mensajes sobre su activismo contra el régimen hallados en un teléfono.
Durante el operativo fueron ocupados los teléfonos móviles de la familia y 20.000 pesos cubanos en efectivo. Según Martí Noticias, la hermana denunció que la causa inmediata de la detención fue que Madeleiny documentó la presencia de los agentes dentro de la vivienda para alertarla desde Cuba. “Se llevaron a mi hermana después de un registro donde lo que había era muy poco dinero. El único ‘delito’ que le imputan es haber tirado una foto a los oficiales”, declaró Madeley.
La misma joven cuestionó la legalidad del procedimiento: “Mi madre cuenta que la orden de registro se la leyeron rápido, pero ella con el nerviosismo no me sabe decir ni qué decía la orden”, afirmó.
La Ley 143/2021 del Proceso Penal establece que, si no hay consentimiento del morador, la entrada y registro en un domicilio requiere una resolución fundada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o del instructor penal con aprobación del fiscal, y que debe entregarse copia de esa resolución a la persona que habita el inmueble. La misma ley dispone además que el registro se practique en presencia del morador principal o de un familiar mayor de edad, con dos testigos, y que del acta se expida copia a la parte afectada.
Sobre este caso, El Centro de Información Legal Cubalex indicó que Madeleiny seguía en la unidad del MININT conocida como “El Técnico” de Cienfuegos tras superar ese plazo, “en espera de instrucción de cargos”.
Este 21 de abril, en una entrevista citada por CBS12 en Español, Madeley aseguró que no detendría su activismo en Florida pese a la presión sobre su familia. “Me siento angustiada, pero vamos a seguir luchando porque se respeten los derechos humanos en Cuba. No tenemos miedo. Le digo a mi hermana que sea fuerte. No hemos hecho nada malo, solo buscamos justicia y libertad”, dijo. Luego añadió: “Todos los domingos nos verán en Southern Boulevard, porque nuestra voz no podrá ser callada”.
Las organizaciones que han seguido el caso lo encuadran como una represalia indirecta contra familiares de activistas que viven fuera de Cuba. La ONG Justicia 11J exigió la “liberación inmediata” de Madeleiny, el cese del hostigamiento contra su familia y la devolución de los bienes ocupados, mientras Cubalex presentó el caso como una nueva evidencia de la extensión de la represión más allá de la persona activista para alcanzar a su entorno familiar en la Isla.
