MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno de Bolivia denunció este martes un presunto daño económico de 18,4 millones de bolivianos causado por la operación de la ruta Viru Viru-La Habana, en Santa Cruz, que mantenía la estatal Boliviana de Aviación (BoA), y llevó el caso ante el Ministerio Público con acusaciones de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra seis exautoridades, de acuerdo con una nota oficial del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Según el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el viceministro de Transparencia, Yamil García, las observaciones surgieron de auditorías iniciadas de manera conjunta por ambas instancias.
La denuncia oficial señala que la apertura de operaciones hacia La Habana debía estar respaldada por un informe de viabilidad que demostrara la rentabilidad de la ruta, pero entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se destinó a esos vuelos un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros sin contar con ese sustento técnico.
El propio Ministerio de Obras Públicas había incluido a La Habana entre las rutas internacionales abiertas por BoA en 2023, según la rendición pública de cuentas final de esa gestión.
De acuerdo con el viceministro, los registros revisados muestran vuelos a Cuba con ocupaciones ínfimas: el 30 de noviembre de 2023 la aeronave viajó con 17 pasajeros; el 22 de febrero de 2024, con 22; y el 19 de septiembre de 2024, “(…) con tan solo 11 pasajeros (…)”. Para el Gobierno boliviano, esa operación dejó un primer daño económico de 14,4 millones de bolivianos porque la aerolínea asumió el costo de los asientos vacíos. García añadió que cada vuelo en esa ruta provocó pérdidas superiores a 25.000 dólares.
La cifra oficial sube a 18,4 millones de bolivianos al incorporar otros cuatro millones que, según la denuncia, se generaron cuando BoA compró divisas en el mercado paralelo para cubrir pagos en La Habana. García aseguró que lo que debía pagarse a 6,96 bolivianos por unidad terminó pagándose a 17,5, y que además se contrataron intermediarios financieros que cobraron un 10% adicional por esas operaciones.
El viceministro también afirmó que “BoA llevaba el dinero en efectivo hasta La Habana ”, al margen del sistema bancario internacional, un señalamiento especialmente delicado tratándose de una empresa pública. La nota oficial agrega que ya fueron presentadas las denuncias penales correspondientes y que existen citaciones expedidas en el caso.
El Gobierno sostuvo que la denuncia se apoya en datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y en documentación interna de BoA. Hasta ahora, la información oficial difundida no identifica públicamente a las seis exautoridades investigadas, pero sí sitúa el presunto perjuicio en una ruta con destino a Cuba que, según la propia versión gubernamental, operó durante dos años sin respaldo técnico de rentabilidad y con pérdidas sostenidas para el Estado boliviano.
