LA HABANA, Cuba. ─ Cada 17 de mayo se celebra en Cuba el Día del Campesino. La fecha conmemora el aniversario de la Primera Ley de Reforma Agraria ─firmada por Fidel Castro en 1959─ y de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en 1961.
Redactada por un equipo que encabezaba el entonces primer ministro, la Ley de Reforma Agraria entregaba la tierra a los campesinos que laboraban en ella. En ese sentido, se suponía que la medida conduciría al desarrollo de la agricultura cubana. Sin embargo, hoy, al cabo de 62 años de promulgada dicha ley, los resultados en la esfera agrícola dejan mucho que desear.
Antes de 1959, Cuba ─que siempre fue un país eminentemente agrícola─ se autoabastecía, en la mayoría de los renglones, con lo que se producía en sus campos. Viandas, frutas, hortalizas y carnes se encontraban en los mercados durante todo el año.
Fue después de la nacionalización de grandes extensiones de tierra, puestas en manos de empresas estatales y cooperativas, que comenzó el desabastecimiento de productos agrícolas. Una situación que ha ido de mal a mucho peor.
De nada ha valido para aumentar la producción de alimentos la creación de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). El gobierno dice aspirar a lograr la “soberanía alimentaria”, pero se ve forzado a importar la mayoría de los alimentos, cuando gran parte de ellos pudieran producirse en Cuba.
No hay que ser economista ni especialista en temas agrarios para entender que reduciendo al mínimo la importación de abonos, fertilizantes, plaguicidas y otros insumos, es imposible aumentar la producción agrícola y lograr la llamada “soberanía alimentaria”.
El régimen cubano, alegando falta de fondos, ha reducido las importaciones. Y es sabido que ningún país en este mundo puede vivir sin el intercambio comercial, pues necesita de otras materias y recursos de los cuales carece.
Luego de décadas de imponerles trabas, resulta tardía, para intentar aumentar la producción de alimentos, la flexibilización del trato a los agricultores pequeños privados, que han demostrado mayor eficiencia que las empresas estatales, a pesar de disponer estas de más recursos y de las mejores tierras.
El gobierno aspira a que cada persona reciba 30 libras de alimentos del agro de manera mensual, pero admite que dicha cifra está lejos de alcanzarse. Una parte de los productos agrícolas obtenidos están destinados a la industria alimentaria, la cual debe procesarlos. Pero dicha industria es desastrosamente ineficiente.
Este año se logró una de las mayores cosechas de tomate, pero gran parte del producto se echó a perder en los campos y en los almacenes debido a la falta de transporte, de envases, etc. Como consecuencia, el puré y el jugo de tomate de las industrias estatales brillan por su ausencia en las tiendas, incluso en las de MLC (Moneda Libremente Convertible).
Si la falta de granos, viandas y hortalizas es grande, aún mayor es la carencia de carne, leche y huevos. Casi no se ve carne de cerdo, y cuando aparece es muy cara. Y ni hablar de la carne de res. Los productos lácteos, como la leche y el yogur, están super controlados para niños menores de siete años y enfermos con dietas médicas. Los huevos se venden racionados, una mínima cuota mensual por persona.
Casi todo escasea. Los precios de los pocos alimentos que hay son exorbitantes. Solo los pueden pagar quienes tienen una entrada económica elevadas o reciben remesas monetarias del exterior, o sea, una minoría de la población.
Una desaforada campaña de los medios oficialistas se esfuerza a diario en mostrar los avances y logros en la producción agropecuaria, pero los sobrecumplimientos y las cifras que brindan no se corresponden con la desoladora realidad que se observa en los agromercados, ya sean estatales o particulares.
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