MADRID, España. – El nombre de Fernando Albán Torres ha vuelto a las noticias por estos días, pero es un viejo protagonista de la represión gubernamental contra activistas de derechos humanos en Cuba. Esta vez se relaciona su nombre con un supuesto delito económico: aparentes vínculos corruptos de su mipyme con el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil.
Su historia al servicio del oficialismo data por lo menos de 2002, cuando siendo presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Universidad de Camagüey, participó en actos de repudio contra los jóvenes Harold Cepero Escalante y Yoan Columbié Rodríguez.
Como miembro del comité gestor del Proyecto Varela en Camagüey, recuerdo perfectamente que denunciamos el papel de Fernando Albán Torres ante la Fiscalía de la provincia. Contamos con los documentos y los ponemos a disposición de todos. No solo aparece el nombre de Albán Torres, sino los de otros represores que participaron en la reunión de expulsión de Roger Rubio Lima del Instituto Superior Pedagógico “José Martí” y en los actos de repudio contra Cepero y Columbié.
De este caso, pueden y deben extraerse varias lecciones.
Desde el punto de vista democrático, han fallado los mecanismos de debida diligencia en casos tan señalados. Resulta incomprensible que la mipyme de Fernando Albán Torres integrara la delegación de “empresas privadas” cubanas que visitaron Estados Unidos en septiembre de 2023, dado el historial represivo de su fundador.
Alfonso Valentín Larrea Barroso, conocido como el “agente David”, también estuvo entre los cuentapropistas que viajaron a Miami. Sus actividades represivas fueron dañinas, porque testificó en 1995 en el juicio contra el disidente Francisco Chaviano (este cumplió 13 años en la cárcel).
Todas estas situaciones confirman el alto grado de participación de funcionaros del régimen —y de familiares de dirigentes y militares— en la llamada economía privada. Todos sabemos que no existe igualdad en el acceso a la creación y gestión de mipymes y que la aprobación de cada negocio es un calvario para la mayoría. Sin embargo, los miembros del oficialismo discriminan al resto, controlan sectores considerados prioritarios —como la alimentación—, y hacen negocios turbios entre ellos.
En tiempos en que se escuchan pedidos de ayuda económica para el “sector emergente” cubano, vale la pena analizar detenidamente cada proyecto. No están mal encaminadas las voces que advierten que cualquier dinero destinado a esas actividades, podría terminar financiando a los represores y a la propia dictadura, por lo menos si no se hace la “debida diligencia”.
Ningún gobierno democrático debería darse el lujo de otorgar visas a represores vestidos de nuevos empresarios. Ni mucho menos ayudas o créditos. Todo es tan opaco en la Isla que casi nadie sabe quién está detrás de cada nuevo negocio, pero es una gran responsabilidad democrática no premiar a los violadores de derechos humanos.
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