LA HABANA, Cuba. – Los cubanos tienen una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero no tienen alimentos. Tienen racionamiento, pero no reciben las cuotas que les corresponden. La canasta familiar normada mensual se encoge en la ancianidad de la libreta de abastecimiento, creada en marzo de 1962 para comercializar los productos, que mermaban en cantidad y variedad, cuando el Gobierno asumió toda la actividad y avanzaba el embargo de Estados Unidos. Actualmente, a duras penas se comercializan ínfimas cantidades de arroz, azúcar, chícharos, sal, café, pollo y huevo. Pero hay comercio electrónico en las bodegas.
Hace varios días, el Ministerio de Comercio Interior publicó el artículo “¿Cómo se distribuirá la canasta familiar normadas, a pesar de los atrasos?” en el diario oficial Granma. La información sorprende porque en el pasado “revolucionario” se ocultaba la indisponibilidad de alimentos como secreto de Estado. La explicación podría ser que la situación no es coyuntural, sino que se prevé su sostenibilidad en el tiempo, a tenor con el nuevo vocabulario. Como puede apreciarse la palabra “venta” se elude, pues se ha acostumbrado al pueblo a preguntar “que darán”, como si fueran dádivas del Gobierno.
Si bien la entrega de azúcar, por ejemplo, se asegurará en La Habana, por ser la capital de la Isla, los suministros no están garantizados para las demás provincias del país, pues la zafra será muy pequeña.
Cuando más necesidad de las pequeñas cuotas de alimentos hay en Cuba para soportar los altos precios de los productos “liberados”, debido a los bajos salarios y pensiones impuestos por la Tarea Ordenamiento en enero de 2021, las ventas se posponen y fraccionan en las bodegas asignadas a cada consumidor. Las deudas de productos se pasan de un mes a otro, mientras el Gobierno cubano ―dice― busca financiación para la adquisición de los productos en el mercado internacional.
La llegada de algún barco de carga es un acontecimiento que genera noticias en todos los medios informativos. Mientras, las producciones nacionales han disminuido notablemente desde 2019, cuando el Gobierno cortó los suministros de fertilizantes, plaguicidas, combustibles y ocasionó así el desplome de los planes de producción de arroz, huevos y otros productos. Ese mismo año incrementó los precios de venta de los insumos y servicios a los agricultores, los obligó a vender a precios topados y acumuló las deudas millonarias de las cooperativas y la empresa de Acopio. Las autoridades impusieron cientos de medidas aún más desestimulantes.
La Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Decreto 67/2022 (el reglamento de dicha ley) no cumplen sus cometidos fundamentales de garantizar la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas.
La nutrición de la mayoría de la población es muy deficiente, especialmente para los niños y adolescentes, cuyo desarrollo físico e intelectual se está afectando sin posible recuperación, y para los ancianos, muchos de los cuales acumulan 64 años de racionamiento, duros trabajos y difíciles condiciones de vida. Las remesas, aunque no llegan a la mayoría de la población, son aún más necesarias para adquirir los caros alimentos en las mipymes que, pese a todo, proliferan en los barrios.
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