LA HABANA, Cuba.- La expansión de soluciones privadas ante el deterioro del suministro eléctrico ha convertido a la energía en un marcador de clase: el acceso a divisas define hoy quién duerme con aire acondicionado y quién pasa la noche a oscuras.
Para Martha Elena Torres, la noche empieza a las 7:00 p.m., cuando la única bombilla recargable que le queda comienza a agonizar. A sus 62 años, cuida a su madre en cama en una vivienda del occidente cubano donde los apagones diarios superan las doce horas. «Aquí el calor no te deja dormir y la comida se echa a perder en cuestión de días», relata con la voz fatigada. «A un par de casas de la mía, los vecinos tienen el aire acondicionado encendido toda la madrugada. Tienen una planta eléctrica que compraron en dólares. Nos hemos dividido entre los que viven a oscuras y los que pueden comprarse su propia luz».
El testimonio de Martha Elena ilustra la consolidación de una economía paralela de la energía, un fenómeno cuyos antecedentes se remontan a mediados de 2019 con el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses y la drástica reducción de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre se produjo en 2021: la coincidencia de la crisis económica pospandemia, la implementación de la reforma monetaria (Tarea Ordenamiento) y, sobre todo, el colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en septiembre de 2022 tras el paso del huracán Ian. Aquella desconexión generalizada expuso la extrema obsolescencia de las centrales termoeléctricas —muchas con más de 40 años de explotación sin el mantenimiento capital requerido— e inició una espiral ininterrumpida de cortes prolongados.
Ante la incapacidad estatal para garantizar el fluido eléctrico, floreció un mercado privado de generación que transformó la infraestructura básica de los hogares en un bien de consumo sujeto al libre mercado. En los últimos años, la importación y venta privada de plantas eléctricas, inversores, baterías de litio y kits de paneles solares han experimentado una demanda sin precedentes, impulsada en gran medida por las medidas gubernamentales de flexibilización arancelaria para la importación no comercial de plantas de generación y por la irrupción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Carlos Manuel Valdés, un comerciante e importador independiente con sede en La Habana, explica el dinamismo del sector: «El año pasado vendíamos principalmente generadores pequeños de 1.000 vatios. Hoy la demanda se ha volcado totalmente hacia los sistemas solares híbridos y las baterías de litio. Un kit básico de cuatro paneles solares con su inversor y una batería de 5 kWh cuesta entre 2.500 y 3.800 dólares estadounidenses. Para los negocios privados y las familias con ingresos del exterior, no es un lujo: es la única forma de seguir funcionando».
Sin embargo, el acceso a estos sistemas está condicionado por una barrera difícil de superar para gran parte de la población: la moneda dura. En una economía donde el salario medio estatal se percibe en moneda nacional (CUP) golpeada por una inflación galopante, el costo de una planta eléctrica pequeña (unos 400 a 600 USD) equivale a varios años de trabajo formal.
La energía, históricamente considerada un servicio público universal subvencionado por el Estado, se ha convertido en un potente marcador de clase social. La capacidad de financiación privada determina hoy quién puede conservar alimentos, trabajar de forma remota, mantener encendido un negocio o simplemente conciliar el sueño durante la noche.
El Dr. Arnaldo Gutiérrez, sociólogo especializado en equidad urbana, advierte sobre las secuelas a largo plazo de este fenómeno: «Estamos presenciando una privatización de facto del suministro eléctrico. Cuando el Estado pierde la capacidad de proveer energía de forma equitativa, la desigualdad social se materializa en la propia infraestructura del hogar. Esto crea una brecha bidireccional: quien no tiene energía privada no puede emprender, no puede estudiar en igualdad de condiciones ni conservar sus recursos, lo que perpetúa y profundiza la pobreza de manera acelerada».
A la brecha económica se le suma la tensión comunitaria. La proliferación de plantas a gasolina en zonas urbanas de alta densidad genera contaminación acústica y gases nocivos, además de acaparar combustible en el mercado informal.
«Comprar la planta fue solo el primer paso», señala Ricardo Fonseca, propietario de una cafetería en la capital. «Cada semana tengo que conseguir gasolina en el mercado negro a precios altísimos para sostener el negocio durante los cortes de luz. Mantener la planta encendida ocho horas al día me cuesta cerca de 15 dólares diarios. Mis precios han tenido que subir y, al final, el cliente que no tiene dólares tampoco puede consumir aquí».
Mientras la transición hacia energías renovables privadas continúa avanzando para el sector con acceso a divisas y remesas, millones de ciudadanos quedan supeditados a la frágil red estatal. La energía eléctrica, más que un servicio básico, se ha erigido en la frontera más clara entre la vulnerabilidad y el bienestar en el día a día cubano.
