LIMA, Perú — La presión de las sanciones estadounidenses sobre el conglomerado militar cubano GAESA comienza a generar movimientos entre empresas españolas vinculadas al turismo en la Isla.
Varias compañías financieras y hoteleras aceleran su salida de negocios asociados a Gaviota, la división turística del grupo militar, ante las medidas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicará a partir del 5 de junio contra quienes mantengan operaciones con esa entidad.
La revista española Preferente reveló haber tenido acceso a un listado de empresas españolas potencialmente afectadas por las sanciones. Entre ellas figuran bancos, proveedores y cadenas hoteleras que durante años operaron en Cuba en asociación con GAESA, conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas y con fuerte presencia en sectores clave de la economía cubana.
Según el reporte, entidades financieras como Sabadell y Alto Cedro —un banco corporativo vinculado a la familia Botín— ya estarían preparando su retirada para evitar fricciones con Washington.
“Antes lo hizo la minera canadiense Sherritt, la primera en anunciar la marcha”, señala la publicación, que describe un ambiente de creciente incertidumbre empresarial en la Isla. “La bulla, pues, se ha instalado desde Viñales a Mayarí”, escribió el medio en tono coloquial.
El análisis también cuestiona pronósticos elaborados por consultoras y centros de estudios sobre un supuesto colapso inmediato de las cadenas españolas presentes en Cuba. Preferente subraya que algunas firmas señaladas ni siquiera mantienen operaciones activas en el país, mientras otras continúan evaluando sus opciones frente al nuevo escenario.
La publicación menciona particularmente a una pequeña cadena mallorquina que aún mantiene tres hoteles asociados con Gaviota y que podría verse directamente afectada si no rompe vínculos antes de la entrada en vigor de las medidas estadounidenses.
En medio del endurecimiento de las sanciones, analistas citados por el medio consideran que las cadenas españolas y la canadiense Royalton conservan una ventaja estratégica por su experiencia operativa y sus relaciones dentro del sector turístico cubano.
A juicio de esas fuentes, grandes marcas estadounidenses como Hyatt, Hilton, Marriott o Wyndham enfrentarían obstáculos para entrar rápidamente al mercado cubano, además de la falta de garantías jurídicas y reformas económicas que incentiven nuevas inversiones en la Isla.
¿Qué establecen las sanciones de Trump?
Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones de Washington contra el régimen cubano y autoriza medidas contra personas, entidades, afiliados y bancos extranjeros vinculados al aparato de seguridad del régimen, a actos de corrupción o a graves violaciones de derechos humanos en la Isla.
La medida, publicada por la Casa Blanca, eleva la presión sobre La Habana y permite bloquear bienes en jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones y suspender la entrada a EE.UU. de los sancionados.
La orden dispone que podrán ser sancionadas personas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores energético, de defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, así como en cualquier otro sector que determine el Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado. También incluye a quienes sean propiedad del Gobierno cubano, actúen en su nombre, le brinden apoyo financiero, material o tecnológico, ocupen cargos de dirección, sean agencias o instrumentos estatales, participen en abusos graves de derechos humanos o estén implicados en corrupción relacionada con Cuba.
El alcance de la medida incluye además a familiares adultos de personas designadas bajo la orden. En la práctica, el decreto bloquea propiedades e intereses en propiedades que estén en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses, y prohíbe operaciones destinadas a evadir esas restricciones.
La orden también suspende la entrada al país de quienes sean alcanzados por los criterios de sanción, salvo que el secretario de Estado determine que su ingreso responde al interés nacional estadounidense.
El texto faculta al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, a imponer sanciones a instituciones financieras extranjeras que hayan realizado o facilitado transacciones significativas para personas o entidades sancionadas. Entre esas medidas figuran la prohibición o imposición de condiciones estrictas para mantener cuentas corresponsales o de pago en EE.UU., además del bloqueo de propiedades e intereses en propiedades de esas instituciones.
