MIAMI, Estados Unidos ― El embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió al régimen cubano reformas económicas y políticas inmediatas, reiteró una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa y pidió a los Estados miembros de la ONU que dejen de respaldar la resolución anual de La Habana contra el embargo estadounidense.
Waltz hizo el llamado este jueves, 4 de junio, durante una sesión informativa para Estados miembros sobre la situación en Cuba, en la que responsabilizó al sistema comunista, la incompetencia gubernamental y la corrupción de las carencias de alimentos, combustible y electricidad que sufre la población de la Isla.
“El régimen cubano debe emprender reformas económicas y políticas inmediatas”, afirmó el diplomático, quien resumió las demandas de Washington en la apertura de la economía, la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución contra los ciudadanos y el abandono del discurso que atribuye a EE.UU. la crisis cubana.
En dos publicaciones posteriores en X, Waltz difundió fragmentos de su intervención y sostuvo que Washington mantiene su compromiso de proporcionar ayuda humanitaria directamente al pueblo cubano, mientras responsabiliza al régimen de La Habana por sus fracasos económicos, sus violaciones de derechos humanos y las amenazas que, a juicio de la Administración de Donald Trump, representa para la seguridad internacional.
El representante estadounidense reiteró que su Gobierno ofrece un paquete adicional de 100 millones de dólares que incluiría alimentos, artículos de higiene y suministros para el tratamiento de agua. La ayuda sería distribuida mediante la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes consideradas confiables por Washington, sin pasar por las instituciones estatales cubanas.
The Cuban regime must make immediate economic and political reforms. We are asking very simple things:
— Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) June 4, 2026
-Open the economy,
-Free political prisoners,
-Stop treating private citizens as a threat, and
-Stop blaming America for the misery produced by Havana and its failed policies. pic.twitter.com/ijXK7qFjp8
El Departamento de Estado había formalizado públicamente la propuesta el 13 de mayo, después de que altos funcionarios cubanos negaran conocer una oferta previa anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio. La dependencia estadounidense señaló entonces que la decisión de permitir o impedir la entrada de la asistencia correspondía a las autoridades de La Habana.
El canciller cubano Bruno Rodríguez había calificado inicialmente la propuesta de “fábula” y cuestionado su existencia. Tras el anuncio formal, reconoció que el ofrecimiento había sido presentado públicamente y dijo que el Gobierno cubano estaba dispuesto a conocer sus detalles y el mecanismo para ponerlo en práctica.
Miguel Díaz-Canel declaró posteriormente que Cuba no obstaculizaría la ayuda si esta se entregaba de conformidad con las prácticas internacionales reconocidas para la asistencia humanitaria. El gobernante indicó que las prioridades de la Isla eran el combustible, los alimentos y las medicinas, aunque volvió a responsabilizar a las sanciones estadounidenses por la gravedad de la situación.
Waltz afirmó ante la ONU que, desde el huracán Melissa, que afectó al país en octubre de 2025, EE.UU. ha proporcionado nueve millones de dólares en asistencia humanitaria distribuida directamente entre los cubanos y no mediante el Gobierno. Washington ha utilizado a la Iglesia Católica y sus organizaciones asistenciales como canal para entregar parte de esos recursos en las provincias perjudicadas por el fenómeno meteorológico.
El embajador aseguró además que EE.UU. está permitiendo entregas de combustible a Cuba con fines humanitarios. Como ejemplo, mencionó la llegada reciente de buques rusos y los envíos procedentes de territorio estadounidense destinados a entidades privadas sin vínculos con el régimen.
El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la Orden ejecutiva 14380, que declaró una emergencia nacional con respecto al régimen de Cuba. El documento estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a los productos de países que vendan o suministren petróleo directa o indirectamente a la Isla.
La propia ONU afirmó este jueves que la crisis energética, agravada por las sanciones estadounidenses, los huracanes y otros desastres, está perturbando gravemente los servicios esenciales en Cuba. Waltz rechazó esa interpretación y calificó de falsa la existencia de un bloqueo petrolero, al tiempo que presentó las entregas humanitarias y los suministros destinados al sector privado como prueba de que Washington no pretende privar de combustible a los ciudadanos.
Según el diplomático, la política estadounidense busca crear vías independientes para que agricultores privados, pequeños negocios, iglesias y clínicas reciban carburante sin depender del sistema estatal de distribución. Waltz argumentó que cada galón destinado a esas entidades reduce la capacidad del régimen para utilizar el acceso al combustible como mecanismo de control político.
El embajador atribuyó las privaciones de la población a las decisiones económicas del Gobierno y a la concentración de recursos en el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que controla sectores estratégicos como el turismo, las finanzas, el comercio minorista, las remesas y el puerto del Mariel.
Asimismo, Waltz citó una investigación publicada en agosto de 2025 por el Miami Herald, basada en estados financieros internos de empresas del conglomerado, y afirmó que GAESA y sus subsidiarias habían sustraído al menos 18.000 millones de dólares que debieron destinarse a alimentos, hospitales, medicinas, combustible y generación eléctrica.
La investigación del diario informó que las compañías analizadas registraban alrededor de 18.000 millones de dólares en activos corrientes denominados en dólares en marzo de 2024, incluidos unos 14.500 millones depositados en bancos no identificados y en instituciones financieras vinculadas al propio conglomerado. El reporte documentó la magnitud de esos recursos y la falta de transparencia de GAESA, aunque la caracterización de la suma como dinero “saqueado” corresponde a Waltz y a otros funcionarios estadounidenses.
El Gobierno cubano ha rechazado esas estimaciones. La Embajada de Cuba en Reino Unido aseguró en mayo que la investigación había multiplicado por 24 el patrimonio real de GAESA y cuestionó la interpretación de los documentos filtrados. Las finanzas del conglomerado militar no aparecen desglosadas en el presupuesto público cubano ni son fiscalizadas de manera transparente por las instituciones civiles del Estado.
Waltz también denunció más de seis décadas de censura, encarcelamientos políticos, represión de la disidencia y expulsión de familias al exilio. Acusó al régimen de convertir un archipiélago situado a 90 millas de EE.UU. en una prisión para sus propios ciudadanos y afirmó que el sufrimiento continuará mientras otros gobiernos le proporcionen cobertura diplomática.
El representante estadounidense vinculó además a La Habana con adversarios de Washington. Afirmó que el régimen ha respaldado la guerra rusa contra Ucrania, permitido que miles de cubanos combatan en las fuerzas rusas, acogido instalaciones chinas de vigilancia, brindado apoyo a organizaciones terroristas y contribuido a socavar democracias de América Latina.
Waltz pidió a los países integrantes de Naciones Unidas que dejen de votar a favor de la resolución que Cuba presenta cada año contra el embargo, reclamen que la asistencia internacional llegue directamente a la población y exijan reformas económicas y políticas reales.
Para el diplomático, los Estados miembros deben escoger entre apoyar al pueblo cubano o continuar respaldando diplomáticamente al régimen. El embajador cerró su intervención afirmando que los cubanos necesitan alimentos, combustible, medicinas, electricidad y libertad, además de un Gobierno que deje de apropiarse de su futuro.
