La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández no ha dejado de recibir numerosas muestras de solidaridad en redes sociales luego de que se conociera que ha sido imputada por los supuestos delitos de “desacato, desobediencia y atentado calificado”. Este último también ha sido atribuido, como parte del mismo proceso, a la antropóloga Jenny Pantoja Torres. Las penas pudieran llegar a cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente.
Ambas fueron detenidas con violencia hace casi un año cuando se dirigían a La Habana para manifestarse cívicamente –sin que hubiese mayor convocatoria– junto a una estatua de José Martí. A dicho incidente correspondería la sustancia de las acusaciones que ahora presenta “la fiscal Ana Lilian Caballero Arango”.
Con particular insistencia, la doctora López Hernández ha sido víctima de acoso y ha sufrido detenciones sistemáticas por parte de la policía política debido a su voluntad de ejercer públicamente su derecho a la protesta pacífica.
López Hernández –también en nombre de su compañera– denunció el lunes este nuevo capítulo en la deriva represiva como “una atolondrada demostración de impunidad” fundada en “mentiras absurdas e increíbles” que procuran ocultar el “sentido político” de este caso: “las razones por las cuales fueron interceptadas dos personas que, en uso de todos sus derechos, y sin cometer delito alguno viajaban hacia La Habana”.
“¿Quiénes ordenaron y por qué que fuera impedido nuestro viaje? Lo dicho por la fiscal se reduce a una trifulca entre dos mujeres perturbadas y unos policías que «casualmente nos detuvieron de manera incidental» para solicitar nuestros documentos de identidad. Ahí está el quid de la cuestión”, subraya la excoordinadora de La Joven Cuba y actual codirectora de CubaxCuba. “El infame guion de la fiscal Caballero Arango pretende despojar lo ocurrido de su naturaleza política, que es más que evidente y que desnuda a un Estado en el acto de impedir –violencia mediante―, el ejercicio de derechos que están refrendados en la Constitución de la República de Cuba”.
La intelectual matancera –quien al igual que Pantoja Torres ha hecho público antes su testimonio de aquella jornada– insiste: “Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres. Todavía sufro las secuelas de los golpes y torceduras en cuello y cabeza, de lo que derivó una laberintitis postraumática diagnosticada por un neurocirujano en el hospital provincial de Matanzas, y aunque me he recuperado mucho, aún los cambios rápidos de postura me provocan desequilibro. Jenny, por su parte, padeció durante semanas de dolores y molestias a nivel del diafragma, debido a que la oficial se encimó sobre su pecho con su gran peso y volumen”.
Según López Hernández, la narración de la Fiscalía busca justificar a toda costa los delitos de desacato y atentado; de ahí que presente falsamente a las acusadas como violentas.
La petición fiscal reza: “La sanción que debe imponerse a la imputada ALINA BÁRBARA LÓPEZ HERNÁNDEZ por el delito de DESACATO ES LA DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por el delito de DESOBEDIENCIA LA DE SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD y por el delito de ATENTADO la de TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y como sanción conjunta del artículo 86.1 la de CUATRO AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD sustituida alternativamente por TRABAJO CORRECCIONAL SIN INTERNAMIENTO según dispone el artículo 34.1 en relación al 37.1.2, con las sanciones accesorias de los artículos 42.1 y 59.1 relacionadas con la privación de derechos y la prohibición de salida del territorio nacional respectivamente, todos los mencionados del Código penal”.
En cuanto a su compañera, se ha solicitado: “La sanción que debe imponerse a la imputada JENNY VICTORIA PANTOJA TORRES es la de TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD sustituida alternativamente por TRABAJO CORRECCIONAL SIN INTERNAMIENTO según dispone et artículo 34.1 en relación al 37.1.2, con las sanciones accesorias de los artículos 42.1 y 59.1 relacionadas con la privación de derechos y la prohibición de salida del territorio nacional respectivamente, todos los artículos mencionados del Código Penal”.
Ante esta situación, el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) ha emitido este miércoles una “alarma” por lo que considera un “esquema de hostigamiento” contra estas mujeres.
“Ambas historiadoras enfrentan una embestida del aparato judicial sin la observancia de garantías procesales, en violación del derecho al acceso a la justicia”, señala esa entidad. “Como resultado de un entramado paralegal en el que se combinan la violencia policial y la prevaricación desde las etapas iniciales del acoso político, la Seguridad del Estado ha concebido un plan para «legalizar» su exclusión del movimiento ciudadano que pugna por la democratización del país”.
De acuerdo con el ODC, este caso sería “modélico” pues “muestra al mundo la impunidad flagrante del totalitarismo cubano”, por lo que “instancias decisorias internacionales deben asumir el relacionamiento con la autocracia cubana de forma realista, [en vista de que] la postura seguida hasta el momento solo ha propiciado el incremento de crímenes como el que ahora denunciamos”.
Otras voces y organizaciones de la sociedad civil cubana independiente se han sumado a las denuncias y a la ola de solidaridad en favor de las imputadas ante el Tribunal de Matanzas.
La plataforma CubaxCuba – Laboratorio de Pensamiento Cívico recalcó en un comunicado que “el juicio que pretenden montar es una farsa política”, e incidió en tal sentido: “El poder recurre una vez más a los tribunales para castigar el pensamiento crítico y disenso cívico. Con ello, rompe cualquier ficción de legalidad que pudiera quedarle. El caso fabricado por la Fiscalía cubana contra las ciudadanas e intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres es un acto claro de criminalización del disenso, que confirma –una vez más– la voluntad represiva del régimen cubano y su total desprecio por los derechos humanos”.
La judicialización del disenso ha sido una práctica histórica del régimen cubano. De cualquier manera, el proceso contra estas intelectuales se ubica más bien en la estela de las sentencias contra activistas cívicos, artistas contestatarios (como Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo), así como los centenares de detenidos y condenados a raíz del estallido social del 11 de julio de 2021.
En septiembre del año pasado, López Hernández –con una reconocida trayectoria profesional– fue “separada definitivamente de la UNEAC [Unión de Escritores y Artistas de Cuba] sin posibilidad de apelación”.
Unos meses antes había sido detenida, como se ha dicho, mientras se proponía llegar junto a una imagen pública de Martí en La Habana para cumplir con su gesto de protesta individual de cada día 18, según se autoimpuso luego de que comenzaran los actos de presión en su contra por parte de la Seguridad del Estado.
“Dada la proximidad del centenario de la Protesta de los Trece, el 18 de marzo de 2023, decidí salir por vez primera al espacio público en una acción simbólica que llevo más de un año realizando”, ha explicado en alguna ocasión.
A finales de 2023, López Hernández fue sometida a un juicio bajo el cargo de “desobediencia” y condenada a pagar una multa de siete mil pesos cubanos en lo que fue hasta ese momento –tal como denunciaron ampliamente colegas suyos y otras voces de la sociedad civil cubana— la culminación de un proceso sistemático de “acoso judicial”.
