Un tribunal cubano condenó a seis años de cárcel al escritor y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea Chávez (Encrucijada, 1971), junto a otros cinco ciudadanos de la isla, por el delito de “desórdenes públicos”, según la sentencia emitida este jueves 15 de enero.
A finales de septiembre pasado, Barrenechea compareció a juicio ante el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, el cual tuvo lugar en Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.
Por esos días, PEN International manifestaba su preocupación por el proceso contra Barrenechea, quien –recordó esa organización– se mantuvo encarcelado “desde el 8 de noviembre de 2024 tras participar en protestas en Encrucijada, Villa Clara”, luego de que fuera “arrestado por supuestamente liderar una manifestación” frente a las sedes de las autoridades locales.
“La detención de Barrenechea se ha caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las malas condiciones carcelarias y el aislamiento de su familia”, subrayaba asimismo la entidad. “A su anciana madre, que padecía cáncer y falleció el 4 de mayo de 2025, se le negó el derecho a verlo. Él denunció las graves irregularidades que rodean su caso, incluida la falta de garantías procesales”.
La relatoría incluida en el fallo judicial –obtenido por activistas y compartido por Cubanet-, señala que el periodista y escritor se dirigió como el resto de los ahora condenados –“indistintamente”, y “aproximadamente a las 7:30 de la noche, horario en el que no había fluido eléctrico”– a las “sedes del Partido y la Asamblea Municipal del Poder Popular del territorio, y una vez allí aglomerados junto a un cúmulo de unas trescientas personas comenzaron a vociferar que querían corriente [eléctrica]”.
De acuerdo con el documento que ha circulado públicamente, el intelectual “incitaba a las demás personas a que se unieran a la marcha[,] no abandonaran el lugar y continuaran reclamando sus derechos”. De manera circunstancial, se señala que él, por entonces, “se relacionaba con personas de mala moralidad y conducta social, no tenía vínculo laboral reconocido [pero] no le obran antecedentes penales”.
Tautológicamente, el texto judicial explicita –en el acápite titulado “Fundamentos de derecho”– el artículo e incisos según los cuales se juzga tan rigurosamente a Barrenechea (en su caso, la pena máxima solicitada por la Fiscalía) y otros acusados, “ya que”, se lee, “deciden aglomerarse frente a las sedes del Gobierno y el Partido, donde una vez allí incitaron a otras personas a que se sumaran a la protesta y obstaculizaban la vía pública”.
Nada más conocer la sentencia condenatoria, la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández reaccionó en Facebook: “Acabo de leer la sentencia en la que tres jueces condenan a seis años de cárcel por desorden público a este intelectual cubano. En ella se niegan a admitir los testimonios de múltiples testigos y aceptan como válidas las declaraciones del jefe de sector de la PNR [Policía Nacional Revolucionaria], del jefe de la policía en el municipio y de un oficial de Contrainteligencia”, escribió quien en los últimos años ha sido víctima en sus propias carnes de múltiples actos de represión, incluidos detenciones arbitrarias e interrogatorios. “La vileza de los argumentos es tal que avergüenza. Este es un país podrido en sus pilares judiciales. Un motivo más para perseverar en su transformación. Nuestros hijos y nietos no pueden recibir un legado tan infame”.
En su perfil en la web de la organización Cuban Prisoners Defenders, se dice acerca de José Gabriel Barrenechea Chávez: “Por su postura crítica, es víctima de censura y persecución por el Gobierno de Cuba. Además, desde 2019 se le niega el derecho a trabajar y sus libros están prohibidos en Cuba”.
La propia entidad registra actualmente mil 197 presos políticos en Cuba, mientras que un informe publicado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó, al cierre de 2025, “al menos tres mil 179 acciones represivas contra la población civil y más de 800 presos políticos permanecían en las cárceles”.
Adicionalmente, el OCDH advirtió a fines de diciembre que, al menos, “17 artistas permanecen privados de libertad en centros penitenciarios, mientras otros 10 cumplen condenas sin internamiento o bajo regímenes restrictivos, para un total de 27 creadores castigados por el Estado cubano como consecuencia directa de su práctica creativa, su participación cívica o su negativa a renunciar a una voz propia”.
Junto a Barrenechea fueron condenados Yandri Torres Quintana (ocho años de privación de libertad); Yuniesky Lorences Domínguez (tres años de trabajo correccional sin internamiento); Rafael Javier Camacho Herrera (siete años de privación de libertad); Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa (cinco años de privación de libertad), y Marcos Daniel Díaz Rodríguez (cinco años de limitación de libertad).
Al calor de las recientes excarcelaciones de prisioneros políticos en Venezuela y Nicaragua, ha tomado fuerza en la última semana una campaña encabezada por activistas y opositores cubanos para que el régimen libere, a su vez, todos aquellos ciudadanos que –según organizaciones de la sociedad civil independiente– están en cárceles del país caribeño por motivos políticos
El propio jueves, circuló en redes sociales una “Carta de Petición Ciudadana de una Ley de Amnistía”, y unos días antes cientos de firmantes impulsaron en la esfera pública un “llamado urgente a la acción” que busca aprovechar el momento político en el hemisferio para “colocar en la agenda regional una demanda irrenunciable: la libertad de quienes han sido encarcelados por ejercer sus derechos”.
