La independiente Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) rechazó este lunes 12 de enero el carácter arbitrario y vertical de una nueva normativa emitida por las autoridades de la isla, la cual, sostiene la entidad gremial, no solo “funciona como un mecanismo técnico y económico de censura ejercido contra nuestro cine”, sino que, en un sentido más amplio, “vulnera así el espíritu de la cultura como bien público, transformándola en un negocio estatal”.
Se trata de la Resolución 61, del Ministerio de Cultura y su Comisión Fílmica, que entró en vigor con el inicio de año y viene a regular burocráticamente, a la manera de “un laberinto de restricciones”, y “sin un proceso previo de consultas con los cineastas”, las vías para hacer cine en la isla.
Y ello, tal como subrayan los propios denunciantes, haciendo oídos sordos al reclamo colectivo de una Ley de Cine que ya dura casi dos décadas.
De acuerdo con la ACC, la medida oficial incluye un “tarifazo” que desconoce los modos en que se hace cine independiente en el país, especialmente por los jóvenes, y ello se suma al hecho de que iniciativas como el Fondo de Fomento haya sido intervenido “con el afán de instaurar una ingeniería inversa de la censura”.
“Esto no «desarrolla» la producción, como pretende el Acuerdo 9941, sino que la asfixia bajo capas de burocracia monetizada”, subrayan los agremiados, quienes proponen en su comunicado –aparecido en redes sociales– pausar la implementación de dicha resolución dadas “las múltiples fallas, desproporciones y lagunas que presenta”, y que se dé paso a “un intercambio real y objetivo sobre las verdaderas necesidades de nuestro cine para organizar, potenciar y diversificar su producción”.
Desde el punto de vista de la ACC –conformada en el verano de 2023 a raíz de un nuevo hecho de censura, que no sería el primero, ni mucho menos el último, en el séptimo arte nacional–, la medida gubernamental supone que “el espacio público, nuestros cielos, costas y mares se convierten en mercancías, locaciones accesibles para aquellos que logren pagar por su reproducción en filmes y obras audiovisuales”, lo cual afectará directamente la realización de muchas películas y, especialmente, los documentales, que “necesitan de la calle, la ciudad, la interacción con un tejido social real”.
“Generalmente son filmes independientes o con escasos recursos”, advierten. “Gravar esa producción puede silenciar las miradas críticas, la vocación neorrealista y antropológica que acompañó y distinguió el nuevo cine latinoamericano”. Y apuntan que esto constituye “un golpe directo a los estudiantes que realizan obras audiovisuales”, incluidos ejercicios docentes y tesis de grado que muy a menudo costean mayoritariamente ellos mismos o sus padres.
En el entendido de que “la realidad es colectiva” y pertenece, en primera y última instancias, a la gente de Cuba, la Asamblea sostiene que “privatizar, capitalizar y monetizar el derecho a reflejar esa realidad sin que sea parte de un sistema pensado para fomentar nuestra cinematografía (Ley de Cine) va en contra de la libre expresión y de nuestros derechos como ciudadanos y artistas”. Y deja claro: “En ese sentido, esta Resolución no es un mero trámite administrativo, es una barrera más para hacer cine en la Cuba de hoy”.
La nota de la ACC habla de opacidad en los criterios para “distinguir entre los distintos tipos de producciones audiovisuales y cinematográficas” y, por tanto, déficit en “la transparencia y previsibilidad del régimen tarifario”; falta de garantías e inseguridad jurídica debido, por ejemplo, a la indefinición de “plazos máximos para la tramitación de permisos, ni vías formales de reclamación”; desconocimiento de “las dinámicas reales que acompañan los procesos de producción cinematográfica en el país, sujetos a los vaivenes inflacionarios y la dolarización constante”.
“La Resolución 61 ofrece otro terreno de acción y control sobre la producción de contenidos. Es un modus operandi que se propone censurar desde la raíz, pera no tener que censurar luego proyectos terminados con los consiguientes escándalos que generan”, concluye la organización autónoma, que insiste, en cambio, en “la importancia de trabajar juntos por una Ley de Cine que articule todo nuestro ecosistema”.
Finalmente, la Asamblea –que agrupa a muchos de los artistas y profesionales más importantes de la cinematografía arte insular– redunda para denunciar el oxímoron que plantea la política cultural de las instituciones: “Ordenar implica potenciar, no asfixiar”, mantienen. “Si el precio de filmar es hacerlo inviable, entonces no están defendiendo a nuestro cine: lo están censurando desde lo económico. Cuando filmar se vuelve un privilegio, el libre reflejo de nuestra realidad deja de ser un derecho al que jamás renunciaremos los cineastas cubanos”.
Así, el gremio se opone al intento de remonopolizar la producción cinematográfica en el país por parte del Estado y de su Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en tanto no solo como aduanero y cobrador de gabelas para la creación, sino como intermediario obligatorio para toda suerte de gestiones ante otras instituciones, etc.
Según el Anexo Único de la Resolución 61, que cita la ACC en su pronunciamiento de este lunes, una jornada de rodaje en una cuadra considerada principal puede costar hasta cuatro 500 pesos, mientras que la luz verde para utilizar drones está fijada en 12 mil pesos; otros trámites también implicarían costes burocráticos muy por encima del salario medio nacional. Dichas tarifas son aún más altas, y en divisas, en los casos de producciones extranjeras.
Todo ello resulta especialmente preocupante luego de que, desde hace años, sea precisamente el cine independiente, a menudo hecho por jóvenes (muchos de ellos ahora en/desde la diáspora), el sector más dinámico e interesante del séptimo arte nacional.
