Tras las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela y Nicaragua, toma fuerza en los últimos días una campaña encabezada por activistas y opositores cubanos para que el régimen de La Habana libere, a su vez, a los cientos de ciudadanos que –según organizaciones de la sociedad civil independiente– están en prisiones de la isla por razones de índole política.
Este jueves 15 de enero, circula en redes sociales una “Carta de Petición Ciudadana de una Ley de Amnistía”, luego de que nombres conocidos del activismo cubano en el país y en la diáspora –a saber, Anamely Ramos, Ángel de Fana, Hilda Landrove, Tania Tasé, Salomé García Bacallao, Katherine Bisquet, Norges Rodríguez, Miryorli García, Zaida Artiaga– impulsaran un “llamado urgente a la acción” que busca aprovechar el momento político en el hemisferio para “colocar en la agenda regional una demanda irrenunciable: la libertad de quienes han sido encarcelados por ejercer sus derechos”.
La propia activista opositora e historiadora del arte Anamely Ramos –exiliada en Estados Unidos desde hace pocos años– subrayó la trascendencia de este objetivo en medio del conflicto político histótico y las movidas geopolíticas: “Los presos políticos no son un daño colateral; los presos políticos […] son personas de carne y hueso que están viviendo en condiciones deplorables, pero sobre todo son la parte, digamos, carnal, el cuerpo que expresa el deseo de cambio en Cuba”, dijo en una transmisión en vivo a través de Facebook.
“Con una población inferior a los 10 millones de habitantes, el país acumula más de mil personas que han sido encarceladas por razones políticas en los últimos años, una cifra desproporcionada y alarmante que continúa siendo minimizada o relativizada por amplios sectores de la comunidad internacional”, señala este “llamado” puesto a circular por los activistas, que a todas luces remite a los mil 197 reos por razones políticas que registra actualmente una organización como Prisoners Defenders.
En un informe publicado este enero, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó, por su parte, “al menos tres mil 179 acciones represivas contra la población civil y más de 800 presos políticos permanecían en las cárceles”.
Estas u otras cifras –cuyas variaciones se deberían a las dificultades para acceder a información penal y recabar datos sobre el terreno en un país cerrado donde, por otra parte, la legislación y el aparato judicial suelen travestir condenas represivas en delitos comunes– resultan desde luego inaceptables, de ahí la exhortación a “actuar colectivamente”, a “presionar con fuerza y no dejar pasar este momento histórico”.
“Mientras otros regímenes de la región se mueven –por cálculo, por presión o por conveniencia–, Cuba continúa beneficiándose de una tolerancia internacional inadmisible, sostenida por décadas de propaganda y por la falta de una respuesta política firme y coherente frente a la magnitud de la represión”, razonan los firmantes. “Por ello, hacemos un llamado claro y urgente a las organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos, a las redes de activistas regionales, a los gobiernos democráticos, a los medios de comunicación, a los cuerpos diplomáticos, a los organismos multilaterales y al Vaticano para que impulsen, en el marco del derecho internacional, cambios a nivel sistémico orientados al prevalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos frente a los regímenes que practican sistemáticamente la violencia de Estado en la región, y para que, en ese marco, Cuba sea incluida sin ambigüedades. Exigimos que se demande de forma pública y sostenida la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos en la isla y el cese definitivo de la criminalización del disenso”.
En cuanto a la misiva titulado “¡Amnistía ya!” –dirigida al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba y “a todos los diputados en su condición de representantes del pueblo de Cuba”–, parte de una marco histórico y legal y del análisis del actual contexto, tras el estallido social del 11 de julio de 2021, para, a continuación, afirmar que “los tribunales del Estado han condenado a cientos de ciudadanos cubanos porque han visto una amenaza en su forma de expresar la voluntad de vivir en un país libre y democrático, donde estén garantizados el respeto a los derechos universales e inalienables de cada ser humano, la independencia de poderes, la pluralidad y la participación política”.
La carta sostiene que se han agotado las vías judiciales establecidas y, por tanto, acude al Parlamento para que se someta a debate “la urgencia de una Ley de Amnistía a petición de la ciudadanía y proceder a su redacción y análisis conforme a los procedimientos de la ley”.
También abierto a la firma de los interesados, el documento termina con una invitación a los legisladores cubanos para que tengan “una actitud justa y compasiva, de escucha hacia la ciudadanía, consecuente con la responsabilidad histórica de atender este reclamo humanitario y no entorpecer con su silencio la voluntad legítima del pueblo y el derecho a la libertad de estos cubanos inocentes”.
