Una reciente declaración oficial de la embajada de China comunista en Panamá dice textualmente: “La parte china se opone categóricamente a que países que mantienen relaciones diplomáticas con China desarrollen cualquier forma de contacto oficial con la región de Taiwán”.
La inapropiada declaración de la representación del régimen chino en Panamá se produjo por la decisión de un grupo de 45 diputados panameños, más de la mitad del cuerpo legislativo, de crear un grupo parlamentario de amistad con Taiwán.
Evidentemente, la representación china no entiende o no quiere aceptar la separación de poderes que existe en los gobiernos democráticos. El poder ejecutivo panameño, ejercido por el presidente José Raúl Mulino, conduce las relaciones diplomáticas entre gobiernos, y el congreso legislativo panameño conduce sus relaciones con los poderes legislativos en el exterior.
Durante más de 100 años y mucho antes que se creara la República Popular China, ha existido relaciones entre Panamá y la República de China (Taiwán). Esas relaciones se cortaron en junio de 2017 cuando el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y ésta exigió que antes debían terminar las relaciones con Taiwán.
El presidente Varela creyó en las promesas chinas de muchísimas inversiones y prosperidad que nunca se materializaron.
Sin embargo, el comercio entre Panamá y Taiwán continuó, especialmente en la exportación de camarones, un negocio que aporta a Panamá más de $200 millones de dólares al año. Taiwán tiene inversiones en Panamá por valor de $2,000 millones de dólares en los sectores de transporte, manufacturas, finanzas y seguros.
Este grupo parlamentario busca rescatar e incrementar esas relaciones comerciales tan lucrativas para Panamá y lo está haciendo bajo los poderes que le concede la constitución del país y que tiene que confrontar la arrogancia e imposiciones que caracterizan al régimen comunista chino.
Este tipo de interferencia en los asuntos internos de otros países no es un caso aislado. Ha ocurrido en Costa Rica, República Dominicana, Guyana y ahora en Panamá.
La declaración de la embajada china en ciudad Panamá no se limitó a una nota diplomática, sino que lanzó amenazas contras los legisladores que forman parte del grupo fundador. Esta conducta recurrente de las representaciones chinas en el exterior dio lugar, anteriormente, a la creación de la “Alianza Interparlamentaria sobre China” (IPAC, por sus siglas en inglés). La IPAC se pronunció, inmediatamente, sobre la interferencia e intromisión en las atribuciones de los legisladores panameños.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lim Chia-Lung, expresó que “en 2017 cambiaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero las relaciones entre nuestros pueblos no han cambiado”.
El Congresista cubanoamericano, Mario Díaz-Balart, felicitó a los legisladores panameños por la defensa de su independencia política y por no someterse a los dictados de Beijing.
Varias semanas atrás, el 26 de agosto, la embajada china en Buenos Aires produjo otro acto de intromisión. Esa vez logró su propósito cuando la cancillería argentina intervino para suspender un acto programado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se debatiría sobre los “totalitarismos del siglo XXI”.
Evidentemente, la representación comunista china se dio por aludida en cuanto al totalitarismo, e inmediatamente presionó para la cancelación.
Estas presiones indebidas son cada vez más frecuentemente rechazadas por legisladores y académicos latinoamericanos que se niegan a aceptar que el régimen chino ejerza su jurisdicción fuera del país.
Para Beijing y Xi Jinping, las inversiones y créditos que China le da a otras naciones traen implícito el reconocimiento a la hegemonía china y a la imposición de sus dictados políticos que, en efecto, son “intromisiones en los asuntos internos de otros países”.
