MIAMI, Estados Unidos ― Un grupo de abogados cubanos vinculados al Acuerdo de Liberación redacta una ley destinada a regular el periodo que seguiría al fin del régimen comunista en Cuba, con un gobierno provisional sujeto a un plazo, garantías para la propiedad privada y reglas para la entrada de ayuda humanitaria e inversión extranjera.
“Aún no está definido por esta legislación un plazo para determinar cuándo habría elecciones libres en Cuba, pero creo que sería en un período, a lo sumo, de entre tres y cinco años”, aseveró a Martí Noticias el abogado Mijail Bonito, residente en Chile y uno de los redactores del proyecto.
El objetivo declarado de la ley es “normar un proceso de transición en Cuba”, con “un plazo establecido y una forma de gobierno específica que permita el desarrollo económico, de la propiedad privada y la garantía de derechos fundamentales de alto nivel en el país”, según explicó Bonito. El principio que la ordena, añadió, es que “el Estado está al servicio de las personas y no al revés”.
En materia económica, el proyecto se apoyaría en el trato nacional —el estándar internacional que equipara a inversionistas locales y extranjeros— y en el reconocimiento de la propiedad privada. Bonito sostuvo que los cubanos “van a saber qué se puede hacer, cómo crece la economía, que la propiedad privada es un derecho humano y muchas cosas que han sido vedadas a los cubanos por más de 67 años”.
La ley regularía además la llegada de asistencia humanitaria en el periodo transicional. “La idea es que esta ley regule la forma en que esta asistencia humanitaria llegue a Cuba de forma inmediata. Que las autoridades a cargo en ese momento sepan qué hacer para que esa asistencia llegue a quien tiene que llegar, de la forma más eficiente posible”, apuntó el abogado.
Bonito, cubano nacionalizado chileno, fue asesor del Ministerio del Interior de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera e integró el equipo que impulsó la reforma migratoria de ese periodo, según reconstruyó el centro de investigación periodística CIPER. En 2019 representó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto se desprende del Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 en Miami por las coaliciones Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ese documento divide el proceso en fases de liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización, y contempla el desmantelamiento de las estructuras del Partido Comunista de Cuba y de sus mecanismos represivos, la desmilitarización de la vida pública, un gobierno provisional y comisiones de trabajo en emergencia humanitaria, seguridad, recuperación económica, salud, educación, justicia, reforma constitucional y reunificación del exilio.
La infraestructura jurídica de ese plan quedó formalmente en manos de abogados en junio, cuando el Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA) anunciaron una alianza para redactar normas de transición y reclutar juristas de la diáspora. “Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen”, declaró entonces Rosa María Payá, coordinadora del Acuerdo de Liberación.
No es el primer borrador de esta naturaleza que produce el exilio. El presidente de CABA, Jordi Martínez-Cid, recordó en esa misma conferencia que la organización ya había elaborado uno: “Hace más de 15 años elaboramos, junto con diversos grupos del exilio y de la disidencia, un proyecto de ley de transición que esperamos pueda implementarse en la Isla”.
El Acuerdo de Liberación obtuvo respaldo institucional europeo el 18 de junio, cuando el Parlamento Europeo aprobó su resolución sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba. El texto consigna que más de 50 organizaciones opositoras y de la sociedad civil, dentro y fuera de la Isla, presentaron una hoja de ruta “que establece tres fases —liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización— que culminarían en elecciones libres, justas y multipartidistas supervisadas por la comunidad internacional”, y precisa que “toda transición debe estar dirigida por Cuba e incluir a todos los cubanos, tanto en la Isla como en la diáspora”.
Esa resolución exige la liberación incondicional de los presos políticos —1.281 a finales de mayo de 2026, según el conteo de Prisoners Defenders que cita el propio Parlamento—, reclama sanciones bajo la Ley Magnitski de la UE contra Miguel Díaz-Canel, la cúpula del aparato de seguridad y los dirigentes de GAESA, y advierte que la Unión Europea debe suspender sin más demoras el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación si el régimen no presenta a corto plazo, entre otras medidas, “una propuesta clara de hoja de ruta para la transición democrática en Cuba”.
