SAN LUIS POTOSÍ, México.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 38 violaciones a la libertad de expresión y prensa durante febrero.
En un comunicado oficial, la organización independiente refirió que entre las violaciones se cuentan sentencias de privación de libertad, detenciones arbitrarias, persecución por publicaciones en redes sociales, amenazas y cortes de internet.
Las violaciones tuvieron lugar en su mayoría en Mayabeque (9), La Habana y Matanzas (ambas con 8), pero también se localizaron en Camagüey (5), Santiago de Cuba y Villa Cara (ambas con 2) y Cienfuegos, Holguín, Pinar del Río, todas con una.
En total fueron violentadas 28 personas y una institución, el propio ICLEP, a quien le hackearon su sitio web oficial. Unos 11 activistas, seis presos políticos, cinco ciudadanos sin relaciones con organizaciones de la sociedad civil, cuatro opositores y dos periodistas sufrieron “atropellos a su derecho a la libertad de expresión”.
Ataques, amenazas y agresiones, 15 en total, constituyeron el tipo de violación más frecuente. Hubo 11 detenciones arbitrarias, cinco casos de restricción en el espacio digital, cinco de uso abusivo del poder estatal, uno de reclusión y otro de agresión física.
“En algunos casos, una misma persona fue víctima de diferentes tipos de violaciones, ya sea en una misma acción represiva en su contra o en varias acciones represivas de las que fue víctima durante el mes”, refirió el comunicado del ICLEP.
Los hechos fueron perpretados por los mismos órganis represivos encargados de reprimir y censurar toda postura contraria a la del régimen: oficiales de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del sistema penitenciario, así como la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que acometió los cortes de internet.
La institución hace hincapié en la gravedad de los juicios contra el activista Yasmany González Valdés y el opositor Frederict Otero Angueira, a quienes de manera individual la fiscalía solicitó seis años de privación de libertad acusándolos del delito de “propaganda contra el orden constitucional”.
En el primer caso, la condena se basó en unos carteles contra el régimen pintados en las calles de La Habana. En el segundo, se trató de una manifestación pacífica, gritando la consigna “Abajo el comunismo” en una avenida de La Habana.
“Desde nuestra institución alertamos sobre el uso continuado de la práctica de criminalizar judicialmente, mediante diferentes tipos penales, a quienes hacen uso de su libertad de expresión para disentir”, advirtieron.
Pos su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció en un comunicado el incremento en las acciones represivas en Cuba, con “al menos 282” registradas solo en febrero, incluyendo “95 detenciones arbitrarias”.
El informe destaca una preocupante tendencia en la violación de los derechos civiles y políticos en la Isla, que suma más de 600 incidentes desde el inicio de 2024.
De las detenciones arbitrarias reportadas, una notable mayoría de “71 fueron contra mujeres y 24 contra hombres”. Además, el régimen cubano ha sido acusado de cometer “otros 186 abusos contra civiles”, una muestra de la creciente presión sobre la población por parte de las autoridades.
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