MIAMI, Estados Unidos. – El régimen de la Isla impuso una multa de 3.000 pesos al periodista independiente Julio Aleaga Pesant en virtud del Decreto-Ley 370, la llamada “ley azote” del régimen cubano para restringir la libertad de expresión en internet.
De acuerdo con el reporte de Martí Noticias, este jueves Aleaga Pesant fue citado a la estación policial de Zapata y C, en El Vedado, donde fue acusado de difundir información contraria al interés social.
“Fueron tres horas aproximadamente de interrogatorio. Hubo dos equipos de interrogadores: el primero, los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, que por cierto no se identificaron, me hablaron directamente sobre denostar de las figuras públicas del Gobierno y me multaron”, contó el periodista a Martí Noticias.
“La segunda parte fue más tensa”, continuó el reportero independiente. “Se queda uno de los policías que se llama Rodrigo y entran otros dos de la Policía política que se hacen llamar Frank y Michael. La base fundamental es mi trabajo en las redes”.
Asimismo, el periodista fue amenazado con la incautación de sus equipos e incluso con ser llevado a prisión si se mantiene activo en redes sociales.
“Ciertamente ellos están intentando blindarse con estas nuevas leyes, porque específicamente el Frank, que dice ser teniente coronel, habló todo el tiempo de la importancia de la ley. Claro, ellos persiguen a las personas porque la ley los autoriza a perseguir a las personas”, lamentó el reportero.
El Decreto-Ley 370 de 2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor en julio de 2019. Entre sus objetivos está “consolidar la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo”.
Sin embargo, las autoridades lo han utilizado para limitar la libertad de expresión en redes sociales, interrogar y multar a periodistas y voces críticas, y para confiscar sus materiales de trabajo y equipos mediante los que realizan sus denuncias.
Tal como ha señalado Human Rights Watch, varios Estados han aprobado normas similares sobre “ciberdelitos” y “ciberseguridad” que han restringido los derechos humanos y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y artistas disidentes.
“El Gobierno cubano dice que esta legislación es una medida para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso”, ha expresado Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
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