LA HABANA, Cuba. – Nuevamente voceros del régimen se pronuncian sobre los sucesos violentos en la Finca de los Monos y dejan claro que antes no solo intentaron minimizar los hechos, al hablar esta vez de una cifra mayor de lesionados y al no mencionar la cantidad de detenidos, sino que además continúan más interesados en castigar como a criminales a quienes difundieron las imágenes y las primeras noticias “no oficiales”, a pesar de que también las primeras “notas oficiales” publicadas por los medios de la dictadura no se correspondían con la realidad en relación con el número de víctimas.
De modo que, en ese aspecto de la “primicia”, todos, a sabiendas o no, cometieron errores de verificación; y tanto aquellos que aceptaron como ciertos los primeros rumores sobre personas fallecidas como los que redujeron a apenas dos los heridos en la trifulca, terminaron mal informando.
Es algo que suele suceder, que resta méritos al medio o persona que difunde la información, pero que en sí mismo no constituye un acto criminal, por lo que estaría de más iniciar una costosa investigación policial con la finalidad de castigar lo que ya por sí solo se castiga con la pérdida de credibilidad.
Aun así, de acuerdo con la vicefiscal-jefa de La Habana, el Ministerio del Interior ha iniciado un proceso penal “en el que se definieron dos líneas de investigación”, una dirigida a conocer las identidades de las personas que acudieron armadas al lugar; y la segunda, dirigida a identificar a quiénes, “de manera inescrupulosa”, difundieron “noticias falsas”, dando por sentado que todo el contenido noticioso “no oficial” que no se corresponde con el contenido noticioso de lo “oficial” (es decir, con el de los medios en manos del régimen) no solo es fake news sino que constituye un “acto criminal” y que, incluso, por los carísimos recursos que habrá de emplearse para llegar a algún resultado concluyente, son considerados como de mayor gravedad.
No importa que haya quedado disimulada en la “segunda línea” de investigación de la Policía para darnos cuenta de que, en realidad, la “captura y linchamiento del mensajero” les importa más que dar con los agresores de la Finca de los Monos, tanto así que de seguro de los resultados de la “primera línea” apenas sabremos en los próximos días —sin dudas, la echarán al olvido, o la usarán a su favor para terminar culpando al “enemigo” por los disturbios— mientras que de la otra nos aburrirán hasta el hartazgo en todos esos programitas de TV diseñados por el Departamento Ideológico del Partido Comunista (en coordinación con la Seguridad del Estado) para “comerles el coco” a todas esas pobres generaciones de cubanos que, tras décadas de “hablar bajito para no buscarse problemas”, han dejado de ser “homínidos hablantes” para convertirse en criaturas susurrantes.
Igual sabemos que si la “primera línea” (que en realidad es la segunda) estará en manos de los investigadores de 100 y Aldabó, la “segunda” (que en realidad es primera) será un asunto de Villa Marista, en tanto la violencia y el desorden público en Cuba solo llegan a convertirse en asuntos de “seguridad nacional” cuando escapan a la censura mediática y alcanzan los medios de prensa independientes o las redes sociales, y la prueba más contundente de eso está en la desproporción entre los poquísimos años de cárcel que recibe en Cuba cualquier vulgar asesino, frente a los 15 años que le han caído a Mayelín Rodríguez Prado, una joven madre camagüeyana, por subir a su página de Facebook imágenes de una manifestación pacífica ocurrida en agosto de 2022.
Parece absurdo, ridículo, pero desgraciadamente esa es nuestra realidad absurda, ridícula y sistémicamente violenta. Porque entre la innegable ola de criminalidad que azota a Cuba y la proyección hacia el exterior de una falsa imagen de tranquilidad ciudadana, la dictadura siempre opta por dirigir sus “esfuerzos” represivos y recursos hacia lo segundo, tal como ha hecho con otros asuntos a los que no puede o no quiere dar solución, y entonces termina echando mano a la desinformación (la misma que hipócritamente dice castigar) e incluso al silenciamiento y criminalización de cualquier otro canal alternativo de acceso a la información en una país donde esta es considerada por la dictadura como mortalmente peligrosa para el “sistema”.
Sin dudas lo es. Y como siempre han sabido que la información veraz, libre, independiente, no tamizada por el PCC y el MININT, los descubre en su verdadera esencia criminal, inhumana, es decir, que los ubica certeramente en esa naturaleza salvaje con que pretenden moldear y dirigir un país como si fuese una finca (una finca de monos obedientes solo a su instinto de conservación), se empeñan infructuosamente en intentar cerrar todas esas brechas de “escape”, de rebelión pacífica, que nos han regalado las nuevas tecnologías de la información, mucho más eficientes contra los totalitarismos que cualquier arma de fuego.
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