MIAMI, Estados Unidos ― Solo dos de los 2.010 sancionados indultados por el Gobierno cubano por Semana Santa son presos políticos reconocidos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, según arroja la revisión de la lista publicada este lunes en la Gaceta Oficial y su contraste con las bases públicas de Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Hasta finales de abril, Prisoners Defenders sostenía que ninguno de los beneficiados con el indulto anunciado por el régimen cubano el 2 de ese mes era preso político.
La lista de los indultados, publicada como anexo del Decreto presidencial 1212/2026 ―firmado por Miguel Díaz-Canel el 3 de abril para “indultar total y definitivamente” a 2.010 personas sancionadas―, aparece casi dos meses después del anuncio de su anuncio oficial.
Los únicos presos políticos identificados hasta ahora en la lista de indultos son Iván Leydis Acosta Matos y Kevin Lay Laureido Rojas. El decreto presidencial relaciona al primero con las causas 20/2023 del Tribunal Municipal Popular de Baracoa y 153/2021 de la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana y al segundo con la Causa 7/2025 del Tribunal Militar Región Isla de la Juventud.
Hasta las 8:00 de la noche de este lunes (hora de Cuba), ninguna organización de DD.HH. había identificado a otros presos políticos en el listado. No obstante, en el documento oficial aparecen unos 95 ciudadanos que habrían cometido delitos contra la seguridad del Estado, figura que las autoridades cubanas suelen aplicar a disidentes y manifestantes.
De acuerdo con Prisoners Defenders, Acosta Matos, de 25 años actualmente, fue detenido el 12 de junio de 2023 “tras manifestarse de manera pacífica contra el Gobierno de Cuba en un espacio de esparcimiento y recreación”.
Mientras, el OCDH considera a Laureido Rojas preso por motivos políticos. El joven fue detenido y enjuiciado por “abandonar una unidad militar donde fue ingresado a la fuerza”, luego de que se negara a cumplir el Servicio Militar Activo (SMA).
El decreto presidencial no aclara cuántas habían sido excarcelados efectivamente antes de su divulgación, bajo qué condiciones salieron de prisión ni si permanecen sujetos a vigilancia, restricciones o amenazas de revocación.
El pasado 2 de abril, el régimen de la Isla anunció el indulto de 2.010 sancionados como “un gesto humanitario y soberano”. La Habana también precisó que entre los beneficiados habría jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, personas próximas al término de libertad anticipada, extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
Asimismo, el anuncio detalló que para conformar la lista fueron excluidas las personas sancionadas por agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidencia y multirreincidencia, así como algunos beneficiados anteriormente con indultos que volvieron a delinquir.
En ese sentido, varios de los delitos excluidos —en especial los llamados “delitos contra la autoridad”— suelen aparecer en procesos penales contra opositores, manifestantes y ciudadanos sancionados por razones políticas. Antes de la publicación de la lista oficial, organizaciones de derechos humanos ya habían advertido que el indulto anunciado por La Habana no parecía incluir a presos políticos o los incluía de manera marginal. El Centro de Información Legal Cubalex cuestionó el 3 de abril la falta de transparencia y garantías para los presos políticos en el proceso.
Amnistía Internacional también advirtió el 15 de abril que las excarcelaciones anunciadas por las autoridades cubanas seguían marcadas por “falta de transparencia y discrecionalidad”, y reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas por motivos políticos.
