MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera instalaron este jueves en Caracas una mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para abordar reformas políticas con vistas a una eventual transición y acordaron mantener un primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto.
El encuentro formal se produjo casi una semana después de lo previsto y siete meses después de que una operación militar estadounidense capturara al entonces gobernante Nicolás Maduro.
Las delegaciones, coordinadas por el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, y Figuera, representante del Parlamento elegido en 2015, definieron la metodología y las fases de trabajo y ratificaron la agenda general del proceso durante su primera reunión presencial, celebrada en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, dentro de la base aérea La Carlota.
“En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas”, señalaron las partes en un comunicado conjunto. También prometieron informar “oportunamente” al país sobre los avances alcanzados.
El documento establece como principios el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela y una solución “política, pacífica, democrática y constitucional”. Incluye además el reconocimiento recíproco, la igualdad política y el trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas.
El texto divulgado tras la reunión no fija una fecha para elecciones ni consigna acuerdos sustantivos sobre la reforma institucional. La agenda anunciada previamente contempla la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Figuera ha señalado como objetivos la recomposición del Consejo Nacional Electoral, actualmente controlado por el chavismo, para que sea “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la restitución de los derechos políticos y civiles.
Las diferencias en la presentación pública del proceso quedaron reflejadas en los primeros mensajes de sus coordinadores. “Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó Figuera. Jorge Rodríguez se limitó a anunciar el inicio de un “diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015”.
La delegación gubernamental está integrada por Jorge Rodríguez; la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez y Génesis Garvett. Junto con Figuera participan por el sector opositor Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desirée Barboza.
Washington calificó las conversaciones directas como “una oportunidad única” para avanzar hacia la reconciliación y la transición. “Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela, que desempeña un papel clave en el plan de tres etapas del presidente para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica”, expresó el Departamento de Estado.
La mesa no incluye a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, principales referentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” del mecanismo. Ambos dijeron que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”, pero advirtieron que la evaluarán a partir de la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías sin exclusiones, un cronograma presidencial oportuno y el respeto a la soberanía popular.
Tras la instalación, la PUD exigió “avances reales” y sostuvo que su compromiso será con cualquier esfuerzo que produzca “resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país”. La coalición consideró indispensables el cese de la persecución política, el retorno de los exiliados, la restitución de los derechos civiles y políticos y la liberación inmediata de los presos políticos.
Voluntad Popular, uno de los partidos que integran la PUD y que tiene representantes en la delegación de Figuera, respaldó el mecanismo. “El objetivo de este mecanismo es reinstitucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres, en las que podamos recuperar la democracia en Venezuela”, publicó la organización.
La primera jornada estuvo, sin embargo, marcada por la opacidad y las restricciones a la cobertura periodística. Aunque el Ministerio de Comunicación e Información había convocado inicialmente a los medios, posteriormente indicó que solo podrían ingresar fotógrafos, sin teléfonos móviles, y que no se ofrecerían declaraciones. Los reporteros y las cámaras de televisión quedaron fuera del recinto, incluso en el caso de medios e instituciones estatales.
Efecto Cocuyo denunció que, después de negársele el acceso, seis funcionarios de un organismo de seguridad no identificado abordaron a una de sus reporteras, fotografiaron su credencial y la obligaron a borrar el material audiovisual grabado en el lugar. Según el medio, los agentes llegaron a discutir por radio la posibilidad de trasladarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar antes de dejarla marchar.
“Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación”, reclamó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Antes de la instalación, el gremio había planteado 10 condiciones para una transición real, entre ellas el fin de la vigilancia y revisión ilegal de dispositivos, el desbloqueo de medios, el acceso a la información pública y el cierre de procesos penales arbitrarios contra personas perseguidas por expresarse.
La liberación de los detenidos por razones políticas constituye otra de las presiones sobre la mesa. Foro Penal contabilizaba 382 presos políticos al 3 de agosto, de los cuales 224 no habían sido condenados y 40 tenían nacionalidad extranjera. La organización exigió su liberación inmediata y el respeto pleno de sus derechos humanos.
El mismo día en que se instaló el diálogo se conoció la muerte de José “Pepe” Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años que permanecía bajo arresto domiciliario tras pasar más de dos años encarcelado y ser acusado de terrorismo por tomar una fotografía de una bandera con inscripciones árabes. Machado lo describió como “otra víctima de la crueldad infinita” del régimen, mientras el comité de derechos humanos de Vente Venezuela responsabilizó al Gobierno por su muerte y denunció que salió de prisión con desnutrición severa y un deterioro irreversible de la salud.
La emergencia provocada por los terremotos es el otro eje central de la negociación. El balance difundido el 3 de agosto por Jorge Rodríguez elevó a 6.125 el número de fallecidos, mientras el Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los sismos. Estados Unidos afirmó que las conversaciones también deben servir para atender las necesidades urgentes de los damnificados.
El nuevo proceso es al menos el noveno intento de negociación entre el chavismo y sectores opositores desde 2014. Los diálogos anteriores —promovidos en distintos momentos por el Vaticano, Unasur, República Dominicana, Noruega y México— terminaron suspendidos, fueron aplicados parcialmente o no condujeron a una transición democrática. La continuidad de la actual mesa se decidirá al concluir el primer ciclo, el 12 de agosto, cuando las delegaciones deberán demostrar si el compromiso de alcanzar resultados verificables se traduce en acuerdos concretos.
