MIAMI, Estados Unidos ― El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que las nuevas sanciones de Washington contra figuras y entidades del régimen cubano buscan enfrentar lo que describió como “amenazas apremiantes a la seguridad nacional” de su país y responsabilizar a quienes, según dijo, sostienen al aparato represivo de La Habana.
En un comunicado emitido tras el anuncio de la nueva ronda de designaciones, Rubio sostuvo que la administración de Donald Trump “continúa tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista de Cuba y a sus militares del acceso a activos ilícitos”.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que las sanciones forman parte de una estrategia más amplia contra el Gobierno cubano. “Estas sanciones impulsan la campaña integral de la Administración Trump para abordar las amenazas apremiantes a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material”, señaló.
Rubio atribuyó a los actores vinculados con el régimen sancionados este lunes responsabilidad directa en la crisis interna de la Isla y en actividades que Washington considera hostiles. “Actores alineados con el régimen, como los designados hoy, son responsables del sufrimiento del pueblo cubano, de la economía cubana en quiebra y de la explotación de Cuba para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas”, afirmó.
El secretario de Estado también presentó las designaciones como una medida dirigida a limitar la capacidad de control político del Gobierno cubano. “Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para reprimir la voluntad del pueblo cubano”, dijo. A continuación, advirtió que “se pueden esperar acciones sancionadoras adicionales en los próximos días y semanas”.
La declaración de Rubio acompañó la aplicación de sanciones bajo la Orden ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que, de acuerdo con el propio comunicado, autoriza medidas amplias contra personas que apoyen al aparato de seguridad cubano y contra responsables de represión en la Isla o de amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
El Departamento de Estado sostuvo además que la acción refuerza la Orden ejecutiva 14380 y el Memorando presidencial de seguridad nacional 5, instrumentos que, según la declaración, orientan al Ejecutivo estadounidense a “mejorar los derechos humanos, fomentar el Estado de derecho, impulsar los mercados libres y la libre empresa, y promover la democracia en Cuba”.
Este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve altos cargos del régimen cubano y a la Dirección de Inteligencia de Cuba, al incorporarlos a la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN, por sus siglas en inglés) bajo la Orden ejecutiva 14404.
La lista de nuevos sancionados incluye a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda.
La lista incorpora además a varios mandos militares: específicamente a José Miguel Gómez del Vallín, jefe de Contrainteligencia Militar desde 2021; a Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; a Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental; y a Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central.
También fue añadida la Dirección de Inteligencia de Cuba, identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como “Dirección General de Inteligencia”, “DGI” y “G2”.
