MIAMI, Estados Unidos. – La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado sábado reactivó una pregunta políticamente explosiva: quién, si alguien, cobrará la recompensa de hasta 50 millones de dólares que Washington había anunciado por información que condujera al arresto y/o condena del gobernante.
Los reportes sobre la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro han añadido un elemento clave para responder quién podría cobrar la recompensa: la existencia de una fuente humana de la CIA con acceso directo a sus movimientos. Reuters informó que la agencia tenía “un activo cercano a Maduro” que monitoreaba sus desplazamientos y estaba en condiciones de precisar su ubicación exacta conforme se desarrollaba el operativo. A la vez, CBS News señaló que la CIA contó con “una fuente dentro del Gobierno venezolano” que ayudó a rastrear el paradero de Maduro hasta el momento de su captura.
No obstante, que exista un “infiltrado” (o un informante con acceso privilegiado) no significa automáticamente que alguien vaya a recibir el dinero, ni que el pago se anuncie. La recompensa fue ofrecida por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos, “por información que conduzca al arresto y/o condena” de Maduro. En otras palabras: lo que se remunera no es “participar” en la operación militar o policial, sino aportar información que haya resultado determinante para que el arresto ocurriera (y, dependiendo del caso, para sostener una eventual condena).
La pregunta central, entonces, se divide en dos: si esa fuente aportó información que Washington considere causalmente decisiva para capturar a Maduro, y si esa persona es legalmente elegible para cobrar. En este punto aparece el principal obstáculo para la tesis del “infiltrado dentro del Gobierno”: la ley que rige el programa establece una cláusula de inelegibilidad para cualquier “funcionario o empleado” de un gobierno federal, estatal, local o de un gobierno extranjero que, “mientras desempeña sus deberes oficiales”, proporcione la información.
Si la persona descrita por CBS realmente trabajaba dentro del Gobierno venezolano, el Departamento de Estado tendría que evaluar si actuó “en el desempeño” de funciones oficiales o fuera de ellas, un matiz que puede definir si el pago es posible o está prohibido.
Aun si el informante fuese elegible, no hay obligación de transparentar su identidad. La misma norma faculta al secretario de Estado a adoptar “medidas de protección” cuando estime que debe resguardarse la identidad del receptor de la recompensa o de su familia. Y aunque la ley contempla que, tras pagar una recompensa, el Departamento de Estado envíe un reporte al Congreso especificando el monto y a quién se pagó, también prevé que ese informe pueda remitirse en forma clasificada “si es necesario”.
El monto, por su parte, también es discrecional. El Departamento de Estado elevó en agosto de 2025 la oferta “hasta 50 millones” por información sobre Maduro. El texto legal fija un máximo general de 25 millones por recompensa, pero permite superar ese techo si el secretario de Estado lo autoriza personalmente bajo ciertas justificaciones. En la práctica, eso deja margen para que Washington pague menos que 50 millones, pague en tramos, o concluya que no corresponde pago alguno si considera que la información recibida no fue la que “condujo” al arresto.
El componente político tampoco es menor. Tras la captura, la discusión sobre legalidad, soberanía y el rol de inteligencia y fuerzas especiales ha escalado en foros internacionales y en la prensa, un contexto que suele empujar este tipo de decisiones hacia el hermetismo: si hubo informante, su exposición pública lo convertiría en objetivo inmediato.
En definitiva, sí hay reportes creíbles de una fuente humana que permitió a la CIA seguir los movimientos de Maduro, incluyendo versiones que la ubican “dentro del Gobierno” venezolano, pero no existe confirmación oficial de que Washington vaya a pagar la recompensa ni qué cantidad. Y aun si pagara, la ley deja abierta la puerta a que el nombre del beneficiario nunca se conozca públicamente.
La recompensa de 50 millones fue anunciada el 7 de agosto pasado por la fiscal general Pam Bondi. Hasta ese momento, Estados Unidos ofrecía 25 millones. El incentivo empezó en 2020 con 15 millones, tras la presentación de cargos por narcotráfico contra el gobernante venezolano.
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