LIMA, Perú — La compañía estadounidense Crowley Maritime Corporation alcanzó un acuerdo confidencial para cerrar una demanda presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, relacionada con operaciones comerciales en el puerto del Mariel, en Cuba, construido sobre terrenos confiscados por el régimen tras 1959.
El litigio había sido presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por Odette Blanco de Fernández, nacida Blanco Rosell, contra varias filiales corporativas de Crowley, entre ellas Crowley Holdings, Inc., Crowley Liner Services, Inc., Crowley Latin America Services, LLC y Crowley Logistics, Inc.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, ambas partes notificaron al tribunal el pasado 5 de febrero que habían llegado a “un acuerdo en principio” luego de una mediación encabezada por el exjuez Michael Hanzman.
Posteriormente, el 24 de abril, los involucrados presentaron una solicitud conjunta para desestimar el caso “con perjuicio”, fórmula legal que impide reabrir la demanda en el futuro. El juez federal Darrin P. Gayles ordenó el cierre definitivo del expediente cuatro días después.
Aunque los términos económicos del acuerdo permanecen bajo confidencialidad, el caso representa un nuevo revés judicial para empresas vinculadas a operaciones en el puerto del Mariel, uno de los principales proyectos logísticos promovidos por el régimen cubano para atraer inversión extranjera.
La demanda se sustentaba en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019 durante la Administración de Donald Trump después de más de dos décadas suspendido. Esa disposición permite a ciudadanos estadounidenses reclamar daños contra compañías que se beneficien de propiedades confiscadas por el Estado cubano tras la llegada al poder del castrismo en 1959.
El caso contra Crowley se centraba específicamente en operaciones marítimas y logísticas realizadas en el puerto del Mariel, ubicado al oeste de La Habana y administrado por entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA.
Los demandantes sostuvieron que la empresa utilizó instalaciones construidas sobre terrenos expropiados a la familia Blanco Rosell y continuó operando allí incluso después de recibir notificaciones formales sobre la reclamación.
Crowley, una de las mayores compañías marítimas y logísticas de Estados Unidos, mantiene servicios autorizados de carga hacia Cuba bajo licencias federales estadounidenses. Durante el proceso judicial, la empresa negó haber cometido irregularidades y estuvo representada por el bufete Venable LLP.
El puerto y la Zona Especial de Desarrollo Mariel han sido presentados por La Habana como pilares estratégicos para captar capital extranjero, aunque varias compañías internacionales enfrentan litigios similares bajo la legislación estadounidense.
Por operaciones en la Terminal de Contenedores del Mariel también fueron demandadas las navieras Seaboard Marine y CMA CGM, que igualmente alcanzaron acuerdos confidenciales para cerrar sus respectivos casos.
Fuentes vinculadas al proceso consideran probable que otras compañías demandadas, como A.P. Moller-Maersk y MSC Mediterranean Shipping Company, opten también por acuerdos privados que permitan desestimar definitivamente las reclamaciones judiciales relacionadas con propiedades confiscadas en el Mariel.
