LA HABANA, Cuba. – En su edición del 15 de julio el periódico Granma recogió el resultado de dos días de inspecciones en todo el país a actores económicos no estatales, en especial a las mipymes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del tope de precios a seis productos de primera necesidad.
Se impusieron un total de 4.332 multas por la violación de esos precios topados. Además, se aplicaron 354 ventas forzosas de productos ―187 en La Habana―, 53 retiros de autorización de ventas a igual cantidad de establecimientos, y fueron efectuados 21 decomisos de productos.
Con independencia del perjuicio que las multas y el resto de las sanciones reportan a los propietarios de las entidades, casi hay consenso en que las ventas forzosas constituyen un asunto de suma gravedad.
Era esperada por buena parte de los especialistas, y también el régimen lo sabía, la desaparición de algunos de los productos a los que se les topaban sus precios. Así ha ocurrido siempre cada vez que el Gobierno topa los precios de los productos que hasta ese momento se comercializaban de acuerdo con la oferta y la demanda. Entonces cabe pensar que esas ventas forzosas fueron el resultado del husmeo de los cuerpos de inspectores en el interior de las entidades, con vistas a poner al alcance de los consumidores algunos productos no dispuestos para su comercialización, quizás sin el ánimo de ocultarlos definitivamente.
Lo cierto es que se trata de una violación de la intimidad de un negocio privado, que es como si se violara el domicilio de cualquier persona. Una situación que podría conducir a hechos de violencia, sobre todo considerando el comportamiento poco ético de muchos de los inspectores que las autoridades han escogido para tales faenas.
La Constitución de la República, en su artículo 49, establece que “el domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin el permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.
No es descabellado imaginar que muchas de las actuales inspecciones que se realizan a las mipymes, en medio del ambiente de beligerancia por parte del Gobierno, se efectúen sin las formalidades legales que prescribe la Carta Magna. De esa manera la búsqueda de “productos escondidos” en el interior de las entidades estaría violando la Constitución que el propio régimen elaboró.
En lo adelante, cuando ya todos ―o buena parte― de los actores no estatales hayan adaptado sus precios de venta al tope impuesto por las autoridades, es previsible que la labor de los inspectores ―y hasta de muchos consumidores, pues el castrismo aboga también por el control popular de los precios― se centre en la búsqueda de los supuestos productos escondidos en el interior de las entidades. De ahí que la opinión pública debe de estar alerta ante las fechorías que pueda cometer el régimen en ese sentido.
En realidad es difícil coincidir con las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero en el sentido de que las últimas medidas tomadas acerca del funcionamiento de las mipymes ―multas, decomisos, las ventas forzosas de productos, y la próxima creación de un instituto gubernamental para controlar su funcionamiento― no sean una cruzada contra este tipo de actor económico.
De todas maneras será responsabilidad de la cúpula gobernante, como consecuencia de la labor represiva del régimen y sus incondicionales, si las mipymes desaparecen o pierden la eficacia que han mostrado hasta este momento en el abastecimiento de un mercado al que el castrismo solo le ha podido aportar la escasez.
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