MADRID, España.- En los últimos días la provincia de Pinar del Río ha sido escenario de una ola de represión contra activistas y periodistas independientes por parte del régimen cubano. Cubalex denunció varios incidentes que abarcan operativos policiales, registros domiciliarios, confiscación de materiales de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas y citaciones ilegales.
Uno de los casos registrados implica al activista Yoelexis Acosta Alonso, quien informó a Cubalex que fue citado verbalmente por un oficial de la Seguridad del Estado para comparecer este lunes 13 en “El Técnico” de Pinar del Río, bajo la amenaza de enfrentar cargos por “desobediencia” en caso de no presentarse.
En otro incidente, el 9 de mayo, el activista Roberto Blanco Gil fue detenido de manera arbitraria durante un operativo policial en su hogar. Las autoridades, alegando información sobre la supuesta recepción de armas de fuego, le confiscaron varios objetos, incluyendo una laptop, memorias flash y 20 libras de harina de trigo, elementos esenciales para su sustento diario.
“La razón para el decomiso fue la falta de documentación que acredite la procedencia de estos bienes, lo cual resulta absurdo en el contexto de Cuba, donde no se emiten facturas para este tipo de artículos, excepto la laptop, la cual era prestada”, explica Cubalex.
Además, se dio cuenta de la detención de los periodistas Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente Panorama Pinareño, quienes fueron arrestados en San Juan y Martínez y se les confiscaron los equipos utilizados para su labor periodística.
El operativo, dirigido por agentes de la Seguridad del Estado, culminó con amenazas hacia los periodistas, advirtiéndoles sobre posibles consecuencias legales por su ejercicio del periodismo independiente y por supuestos vínculos con personas consideradas “no gratas” por el Gobierno.
También se informó sobre el caso del activista Michael Hernández Medina, quien fue detenido el pasado 30 de abril bajo acusaciones de “desacato a la autoridad” después de una citación en la PNR de la comunidad Antonio Briones Montoto, en Pinar del Río. Hernández Medina enfrenta la posibilidad de ser trasladado a La Habana.
En los últimos tiempos, la prensa independiente cubana ha sido diezmada por el éxodo y la persecución política. En este contexto, el pasado mes se registraron varios hechos represivos contra colaboradores de CubaNet: la periodista Camila Acosta fue detenida en Cárdenas (Matanzas) cuando se disponía a visitar a familiares de presos políticos y devuelta a La Habana sin que mediara una orden judicial. El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada fue interceptado por la Policía política el pasado 26 de abril, cuando entraba a La Habana. Fue recluido en Villa Marista, donde la Seguridad del Estado lo mantuvo incomunicado, pero sin imputarle delito alguno. El Tribunal Provincial de La Habana rechazó el recurso de habeas corpus presentado a su favor con el argumento, improcedente, de que había que mostrar tres copias.
También en abril, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció en informe: “los periodistas independientes estuvieron entre los principales blancos de la represión que el régimen cubano llevó a cabo contra la libre expresión”. Entre los ataques, amenazas y agresiones psicológicas más frecuentes el ICLEP registró campañas de descrédito contra periodistas por su trabajo informativo, citaciones policiales, amenazas contra ciudadanos por reclamar públicamente sus derechos y represión contra presos políticos que denunciaron violaciones cometidas en las prisiones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa en 2024, publicado el pasado 3 de mayo, ubicó a Cuba en el último lugar de su listado dentro del continente.
La posición de la Isla es la 168 de 180 escaños a nivel mundial, cuatro puestos menos que el registrado (172) en 2023. Asimismo, Cuba está cinco puestos por encima de Nicaragua (163) y 12 con respecto a Venezuela (156).
En los tres países, apunta RSF, “el periodismo está sometido a una censura basada en decisiones arbitrarias, que pueden tomar la forma de detenciones, suspensiones de la difusión o trabas administrativas”.
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