MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, la ONG Justicia 11J subrayó en su reporte anual correspondiente a 2023 que en los dos años transcurridos desde las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, la situación ha permanecido “prácticamente igual”. La organización hizo un llamado a la comunidad global para exigir “la liberación inmediata de los presos políticos”.
En el informe titulado Otro año sin justicia, Justicia 11J enfatizó que no se observan “signos destacables de recuperación” en la Isla, frente a la crisis económica y política que originó las manifestaciones contra el gobierno.
La ONG agregó que, desde las manifestaciones del 11J, ha habido un incremento de las protestas sociales, “aunque de menor magnitud que el levantamiento de julio de 2021”. Asimismo, informó que en lo que va de 2023, se han registrado 42 protestas.
En el último año, de acuerdo con los registros de la ONG, “se han arrestado a 74 personas nuevas (…) elevando el total a 1.558” por su participación en varias movilizaciones.
“Entre los detenidos, hemos identificado al menos 29 personas con enfermedades crónicas –epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas, etc.–, 18 con discapacidades físicas o mentales y 25 pacientes de psiquiatría, para un total de 63 personas. De estas personas, 42 continúan en prisión, algunas con amenazas inmediatas a su vida”, advirtió Justicia 11J.
La ONG también criticó a la Fiscalía General de la República (FGR) por su “ausencia de transparencia” y por no proporcionar información actualizada sobre las detenciones y los procesos judiciales contra los manifestantes.
“La información más reciente que se ha proporcionado data del 13 de junio de 2022”, destacó la organización.
Según los datos recopilados por los activistas, “690 personas han sido juzgadas y condenadas” por su participación en las protestas del 11J.
La organización también observó que continúan las amenazas a las familias por parte del régimen “en función de que no divulguen información sobre las detenciones y los cambios de estatus constituye peligro y obstáculo para el trabajo de denuncia y documentación que desarrollamos”.
“Las distintas instancias del Gobierno han mostrado falta de efectividad en la gestión de la crisis sistémica, sin embargo, se ha hecho evidente la respuesta represiva eficaz a las protestas”, también concluyó la ONG.
