CDMX, México. – A inicios de julio, en el II Taller de Innovación Agraria, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel insistió en la propaganda errada de su régimen, es decir, en que la ciencia y la innovación resolverán el problema alimentario cubano, esto al margen de las inversiones, de la estructura de propiedad y de la libertad de producción y comercio de los productores.
Dijo Díaz-Canel: “A mí una de las experiencias que me ha ido dando la vida en estos años es que la ciencia y la innovación tienen respuesta para todo, y que la perspectiva de desarrollo de nuestro país está en la investigación científica y en la innovación, por lo tanto, sin duda alguna, el camino del conocimiento es nuestro camino para lograr definitivamente la soberanía alimentaria y nutricional que necesita el país. A eso es a lo que los convocamos”.
Proponer la creación de laboratorios de control fitosanitario, o laboratorios estatales para la producción de semillas, o investigaciones científicas sobre la alimentación animal, no resuelve el grave problema del 80 por ciento de la propiedad estatal agraria, en manos de monopolios o mipymes bajo la administración centralizada de la economía.
“Planificación” es un eufemismo en Cuba; en la práctica, es el control administrativo centralizado de todos los recursos y de todos los mecanismos económicos, en manos de unos pocos decisores que elaboran una política errada desde hace seis décadas y no escuchan a expertos ni a científicos. Estos, dentro de Cuba, solo pueden actuar y proponer algo si se entiende como parte del mismo esquema dictatorial de la economía cubana; de lo contrario no son escuchados y son apartados.
Desde la década de los años 90 economistas cubanos han propuesto los cambios estructurales necesarios. Autores como Carmelo Mesa Lago, Omar Everleny, Pedro Monreal, Pavel Vidal, Elías Amor y Mauricio de Miranda Parrondo tienen una producción sostenida de análisis de la economía cubana que la dictadura no toma en cuenta y no escucha.
La dictadura no quiere regular el mercado, quiere controlarlo al detalle para que no funcione o para que funcione solo medianamente y sin garantías para los inversores extranjeros (aunque a los inversores rusos, aliados políticos, otorgue concesiones impensables para los productores cubanos).
¿Por qué la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y el programa de Seguridad Alimentaria Nacional no sirven?
Ambos solo se refieren al control nacional de la producción y se interesan en la inocuidad de los alimentos. Nada aparece en ellos sobre el cambio de la estructura agraria y la liberación de la propiedad, la producción y el comercio de alimentos, ni tampoco sobre la eliminación de los monopolios estatales en la agricultura. Tampoco dicen nada sobre el incremento o no de la inversión del presupuesto estatal en la agricultura. Es decir, son documentos propagandísticos para mostrar a la comunidad internacional el supuesto interés de la dictadura en resolver un problema endémico desde hace más de 30 años. La dictadura declara la seguridad alimentaria como un problema de “seguridad nacional”, mientras sostiene intactos todos los mecanismos que impiden la producción. En el año 2022, el presupuesto nacional solo invirtió el 2,6% en la agricultura y la ganadería.
Los encadenamientos productivos en Cuba y la economía circular a la que se refirió el presidente designado son un fracaso porque los actores económicos estatales y privados no tienen los mismos derechos. El privilegio a los estatales solo reproduce ineficiencia, incremento en los gastos y obstáculos a la producción, además de un trasiego de influencias ―nada transparente― para otorgar licencias y obtener insumos entre privados y estatales.
La propuesta del Dr. Jorge Núñez Jover, reseñada por el diario oficial Granma, es la propuesta de duplicar la burocracia central a nivel local, y organizar mejor el ejército de funcionarios para coordinar la producción de alimentos. Este esquema es un fracaso anunciado porque deja intacta la estructura agraria deformada del país. Proponer una supuesta coordinación mejorada con las universidades y centros de investigación locales no aumenta la producción de alimentos.
El problema grave y primario a resolver son las numerosas prohibiciones que pesan contra los campesinos para tener un título de propiedad, obtener los insumos indispensables, producir y comerciar libremente. Este es un ejemplo de cómo los científicos y expertos afines al régimen solo agregan mayor complejidad burocrática sin tocar “las reglas de juego” económicas que impone la dictadura a la economía nacional y que impiden la producción de alimentos en Cuba.
Mientras los países europeos, Estados Unidos y la mayoría de las naciones latinoamericanas han apostado a las pequeñas y medianas empresas privadas (en libertad) para asegurar la producción de alimentos, la dictadura cubana apuesta al control totalitario de los recursos nacionales ―cuyo resultado es la hambruna intermitente en el país―, algo que evidencia la ausencia de interés en resolver la “inseguridad alimentaria”, revestida de una propaganda falsa sobre los “milagros” de la ciencia y la innovación.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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