MIAMI, Estados Unidos. – En una entrevista concedida el pasado lunes a CNN en Español, una de las viceministras de Economía de Cuba, Johana Odriozola, defendió que en la Isla sí existía el sector privado, cuya autenticidad ha sido rebatida y desmontada por políticos estadounidenses y cubanoamericanos, activistas y medios de prensa.
“Nadie en su sano juicio puede hablar de que es un mito algo que realmente existe”, dijo Odriozola, en alusión a las declaraciones de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar durante la audiencia “El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración de Biden”, celebrada el 18 de enero en el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental.
“No estamos hablando de algo pequeño; estamos hablando de más de 10,000 micro, pequeñas y medianas empresas”, también aseguró Odriozola. “Son personas de carne y hueso con las que se puede conversar (…). Tenemos muchas maneras de probar la existencia real… con las inversiones que han hecho, con el empleo que generan”.
El pasado jueves, Salazar expresó su preocupación por que muchos propietarios de las llamadas mipymes estén vinculados al régimen de la Isla. La congresista calificó al Gobierno de La Habana como “el Hamás del continente” y pidió a sus colegas asegurarse “de enviar al Departamento de Estado el mensaje de que [abrir el sistema bancario estadounidense a las mipymes cubanas] no sería una buena idea porque violaría el embargo”.
En septiembre de 2023 trascendió que Washington podría suavizar las restricciones financieras hacia Cuba, las cuales favorecerían especialmente a las pequeñas empresas de la Isla, de acuerdo con un reporte de Bloomberg que cita a una fuente no identificada.
No obstante de las expectativas del régimen cubano sobre un cambio drástico en la política estadounidense hacia la Isla, expertos indican que es poco probable que este ocurra. “Ayudar a los empresarios es algo que cuenta con apoyo bipartidista”, según el abogado Pedro Freyre.
En octubre pasado, el periódico Miami Herald publicó que las medidas prometidas a mediados de septiembre por la administración Biden para apoyar a las mipymes cubanas no solo no se habían concretado, sino que se mantenían envueltas en la incertidumbre.
Las presuntas medidas se encontraron con la fuerte oposición de figuras políticas como el representante republicano de Florida Mario Díaz-Balart, defensor de las sanciones contra el régimen cubano.
Asimismo, Díaz-Balart ha hecho constar la contradicción de apoyar a Ucrania mientras se propone ayudar al régimen cubano, un aliado cercano de Rusia. El político cubanoamericano “no ve cómo tiene sentido aprobar fondos para Ucrania y al mismo tiempo canalizar fondos hacia Cuba”, según indicó el miembro del Congreso consultado por el Miami Herald.
En el centro del debate se encuentra la naturaleza y el rol del sector privado en un sistema marxista autoritario, ha apuntado el Miami Herald. A pesar de que en 2021 el Gobierno cubano permitió la creación de empresas privadas por primera vez en décadas, estas operan bajo restricciones gubernamentales significativas. Sin embargo, han surgido casi 10.000 empresas privadas, generando empleo y contribuyendo a la importación de alimentos y bienes necesarios.
Tras el auge de las mipymes en el país, activistas y periodistas independientes han denunciado que funcionarios del régimen e incluso represores se esconden tras las nuevas empresas, presentadas a la comunidad internacional como “sector privado” en la Isla.
El pasado año, CubaNet publicó un perfil sobre Julio Martínez Ramírez, exdirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC), actualmente socio de la mipyme Gran G S.R.L. Martínez Ramírez forma parte de la oleada de defensores del régimen cubano ―algunos incluso agentes de la Seguridad del Estado, militares o dirigentes partidistas― que han pasado a formar parte del nuevo sector privado en la Isla.
En ese sentido, también han sido denunciadas la mipyme Gaia Mercado, detrás de la cual se encuentra Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y el fotógrafo italiano Paolo Titolo; Cubapack, una mipyme de GAESA que opera desde Miami; y Sil26, la distribuidora de Supermarket 23, que pertenece a Ángel David Fernández del Valle, nieto del fallecido general de División Sergio del Valle Jiménez.
Aunque están reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias, las mipymes no pueden constituirse en esferas como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación.
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