LA HABANA, Cuba. – Donde único los consumidores cubanos pueden encontrar por estos días determinado nivel de abastecimiento de productos alimenticios, incluso más que lo que existe en las tiendas que comercializan en MLC, es en las mipymes. Productos tan deficitarios como el pollo, el aceite, los frijoles negros y el arroz, entre otros, se ven en los estantes de los establecimientos de estos actores no estatales.
Es verdad que los precios de los productos de las mipymes son elevados (buena parte de ellos inalcanzables para los ciudadanos de más bajos ingresos). Pero también es cierto que esos precios no responden por lo general a un afán inescrupuloso de esos comerciantes, sino que son la consecuencia de la necesidad que tienen los propietarios de las mipymes de adquirir los dólares en el mercado informal de divisas ―les resultan mucho más costosos que si los obtuvieran en el casi inexistente mercado oficial―, y de esa manera poder importar las mercancías que comercializan.
Tales precios parecen ser actualmente la manzana de la discordia de la economía cubana. En la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular que atiende la esfera económica mucho se ha discutido acerca de la labor de las mipymes. Hay criterios que apuntan a calificar como un error el haber permitido el establecimiento de estas entidades, y les atribuyen a sus precios una cuota de responsabilidad por la inflación que hoy padece el país.
Sin embargo, hasta el momento ha primado la opinión de que el error no fue permitir la creación de las mipymes ―por supuesto que se refieren a las privadas―, sino el haberlo hecho sin el marco regulatorio que debió acompañar ese proceso.
En este sentido, el primer ministro Manuel Marrero, al referirse a la actualización de las normas jurídicas que acompañarán el trabajo de las mipymes, expresó que “de lo que se trata es de regular aquellas cosas que por inexperiencia no quedaron bien precisadas al inicio, y pueden ayudar a que realmente se avance en beneficio de todas las partes involucradas”.
En más de una ocasión el señor Marrero ha insistido en que su gobierno tomará medidas para hacer que las mipymes no continúen importando productos finales ya listos para comercializar, y por el contrario adquieran materias primas para producir sus productos en el país; algo que según él reduciría los niveles de inflación.
Mas, aunque Marrero no lo reconozca, una vez más asistimos a la incapacidad del castrismo para competir con los actores privados de la economía. Porque las autoridades podrían hacer que las mipymes bajaran los precios de sus ofertas si el Estado fuera capaz de incrementar sus producciones y venderlas a más bajos precios. De esa manera estaríamos en presencia de un mecanismo económico de dirección de la economía. Pero no, todo indica que aplicarán métodos administrativos ―sus preferidos de siempre, a pesar de lo que escriban en la Conceptualización del Modelo Económico y Social― para lograr que las mipymes comercialicen a más bajos precios.
Claro que no sería la primera vez que los gobernantes cubanos actúen de esa manera contra el sector privado. Muchas veces lo han hecho contra los mercados agropecuarios de oferta-demanda. Han topado los precios por decreto y provocado el consiguiente desabastecimiento de viandas, frutas, cárnicos y otros productos del agro.
Ahora, si las medidas de “regulación” que las autoridades castristas se aprestan a implementar contra las mipymes (topes de precios, multas o elevados aranceles a la importación) desembocan en una desmotivación de estos actores económicos, y en consecuencia frenan su importación de productos terminados para la venta, se estará atentando contra la única fuente que mitiga la crónica escasez que agobia a los cubanos.
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