MIAMI, Estados Unidos. – Anabel Campos de Castro, una de las testigos judiciales que sirvió en 2019 a la Policía política para encarcelar al matrimonio de pastores evangélicos de Ramón Rigal y Ayda Expósito, vive hoy en Estados Unidos, confirmaron a CubaNet varias fuentes residentes en Guantánamo que solicitaron la protección de su identidad debido a los vínculos de la represora con la Seguridad del Estado.
De acuerdo con su perfil de Facebook, Campos de Castro reside en la localidad de Brandon, en el estado de Florida.
La mujer, que estudió en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), trabajó en Cuba como parte de grupos de “cibercombatientes” que divulgaban la propaganda castrista en el entonces aún muy controlado espacio digital, y “troleaban” o desacreditaban las publicaciones de blogs y perfiles de voces independientes.
Una vez graduada, laboró en el Palacio de Computación en Guantánamo, donde, subrayó un opositor local que pidió anonimato, “hackeó varias cuentas de celulares y perfiles de opositores”.
El entrevistado añadió que Campos de Castro habría participado en registros en casas de disidentes y actos de repudio que incluían lanzar asfalto a viviendas de los asediados. También ayudó, junto a su familia, a borrar carteles contra el sistema en paredes de entidades del Estado en su ciudad.
La guantanamera, explicó el opositor, mantiene una relación sentimental con un oficial de la Policía política, padre de su único hijo. Para salir de la Isla, ambos acordaron que falsamente se casara con un ciudadano cubanoamericano, vía por la cual recibió la visa de fiancee.
“Supimos que se encuentra en Estados Unidos y es muy probable que no haya declarado que ella reprimió acá en Cuba a los opositores, y mucho menos que fue testigo del régimen para condenar al matrimonio de pastores Rigal-Expósito”, consideró la fuente, que pidió justicia.
En la memoria de la ciudad de Guantánamo quedó el encarcelamiento del matrimonio Rigal-Expósito en 2019, enjuiciados por defender el derecho preferente de los padres a elegir la educación que será dada a sus hijos, consagrado en el artículo 26 de la Carta Universal de Derechos Humanos.
La primera detención de los pastores ocurrió en mayo de 2017. Entonces llevaban más de dos años al frente de nueve familias que no querían educar a sus hijos en el sistema de enseñanza que adoctrinaba a los menores en la lealtad al socialismo y alababa a Ernesto Che Guevara con el lema “Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!”.
Aquellas familias sacaron a sus niños de las escuelas estatales, únicas legales en la Isla, e iniciaron el programa de clases en el hogar siguiendo la metodología del colegio privado guatemalteco Hebrón.
Por su liderazgo, Rigal y Expósito, líderes de una pequeña iglesia evangélica independiente, fueron sentenciados a un año de prisión domiciliaria. La estadounidense Asociación de Defensa Legal de Home School recogió más de 30.000 firmas en la web citizengo.org exigiendo la libertad de la pareja.
En 2018, poco después de concluir su sentencia, Rigal denunció que el Estado no los quería en el país, pero tampoco los dejaba salir. Lamentó que cuando ya tenían muchas pertenencias vendidas y boletos de avión comprados para viajar a Guyana, el régimen no les permitió viajar. Estaban en la lista de los “regulados”, y el castrismo pronto los sometería a un nuevo juicio, sumarísimo. Ahí entró Campos de Castro.
Uno de los participantes en el proceso judicial subrayó para este reporte que la mujer fue “un testigo principal de la Seguridad del Estado”, ofreciendo consideraciones sobre el comportamiento barrial del Rigal y Expósito que la Fiscalía utilizó para construir el veredicto final contra los líderes cristianos.
El 22 de abril de 2019, Rigal fue condenado a dos años de privación de libertad y su esposa a uno y medio, bajo las acusaciones de “actos contra el normal desarrollo del niño”, pero también, en calidad de pastores de una iglesia independiente, por “asociación ilícita y asociación para delinquir”.
Campos de Castro había sido criada en un ambiente militante en el socialismo, de acuerdo con declaraciones de un vecino.
Su tía, Nilia de Castro, una oficial con retirada de los Órganos de la Seguridad del Estado (SE), y su esposo fueron expulsados de Canadá a inicios de los 2000, donde trabajaban con la embajada del régimen cubano. Se les acusó de espionaje. “Ambos eran conocidos en Guantánamo como altos oficiales de los SE”, subrayó la fuente.
Una reciente investigación del medio YucaByte reveló que en Estados Unidos se encuentran, al menos, 34 represores y voceros del régimen cubano, que han entrado aprovechando el río revuelto de la frontera sur, cuya crisis de seguridad y manejo se ha agudizado en el último decenio.
Campos de Castro pasaría a esa lista, que incluye a jefes policiales, delatores y autoridades judiciales, entre otros.
Varios formularios de migración, como el I-485, incluyen preguntas problemáticas para los represores que buscan regularizar su situación migratoria: “¿Ha sido usted miembro o ha estado asociado, de algún modo, con el Partido Comunista?”.
Otras interrogantes son si el solicitante ha perseguido, directa o indirectamente, a alguna persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política, y si ha sido miembro, sirvió, ayudó o de otra manera participó alguna vez en grupos represivos.
Responder falsamente a alguna de ellas ubicaría a Campos de Castro ante un delito federal.
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