LA HABANA, Cuba. – Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros se trataron, entre otros temas, la estrategia del régimen para impulsar el trabajo de la empresa estatal socialista, la ubicación de los estudiantes que se graduarán próximamente, así como las políticas que la maquinaria del poder viene aplicando en las últimas semana, o sea, fijar las relaciones entre los sectores estatal y no estatal de la economía, tratar de eliminar la evasión fiscal, seguir controlando los precios e intentar disminuir el déficit presupuestario.
Como el elemento más novedoso en la política gubernamental con respecto a la empresa estatal, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, anunció que en lo adelante todas las empresas del país podrán organizar sus sistemas de pago, y no solo las que antes estaban autorizadas a hacerlo. Según el discurso oficial, esta medida pudiera aumentar la autonomía empresarial y lograr mayores niveles de producción.
Sin embargo, el primer ministro, Manuel Marrero, alertó acerca del control que se debe mantener en torno a la relación entre el salario medio y la productividad del trabajo, es decir, velar por que esta especie de descentralización en materia de salario no provoque que el primer elemento crezca más que el segundo, lo que sería muy perjudicial para la economía. Una anomalía que el castrismo ha padecido en reiteradas ocasiones.
Un momento central en esta reunión lo constituyó el anuncio del señor Marrero de que en el venidero mes de septiembre se implementarán 30 proyecciones ―no especificadas― para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. Según el premier, “se trata de un nivel importantísimo de acciones, las cuales van a tener un proceso de implementación que lleve el acompañamiento político y comunicacional que se ha establecido”.
Más adelante, el alto funcionario castrista dio a conocer que en el segundo semestre del año se implementarán otras 57 proyecciones ―tampoco especificadas, y que suman 87 con las de septiembre―, que se relacionan con “temas profundos vinculados con la macroeconomía”.
Aunque no trascendió en este cónclave gubernamental que algunas de las proyecciones anunciadas tengan relación con la cruzada de las autoridades contra los actores económicos no estatales, en especial contra las mipymes, a nadie extrañaría que algunas de las medidas que serán implementadas afecten de una u otra manera a este tipo de gestión.
Otro de los asuntos que llamaron la atención en este Consejo de Ministros fue el plan de asignación de graduados para el 2025. Futuros técnicos y profesionales que el castrismo piensa destinar a sectores claves como la producción biofarmacéutica y de alimentos, los programas ferroviario y electroenergético, el turismo, la ciencia, la educación superior, la construcción, la defensa y el orden interior.
Se dijo que el estimado de graduados para el 2024-2025 es de 6.173 estudiantes menos que en el presente curso. Una muy mala noticia para el régimen si tenemos en cuenta el déficit poblacional, y de fuerza de trabajo, que afronta el país.
De acuerdo con una información aparecida recientemente en el periódico Trabajadores, al cierre del 2023 el país contaba con 846.875 personas en edad laboral menos que en diciembre de 2020. Una situación en la que inciden el envejecimiento poblacional, el saldo negativo que ha mostrado en los últimos tiempos la correlación entre nacimientos y defunciones, así como la descomunal ola migratoria que ha desangrado a la nación.
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