LA HABANA, Cuba.- No he estudiado el derecho venezolano. ¡Solavaya! Y conste que, al emplear esa interjección popular cubana, no estoy expresando menosprecio —¡en absoluto!— por la Patria del Libertador. Se trata de un país por el cual sentimos gran afecto nosotros los cubanos (sentimiento con el cual, por cierto, nada tienen que ver los señores Fidel Castro y Hugo Chávez, ni sus sucesores y correligionarios).
Si rechazo hasta la mera posibilidad de que eso ocurra es porque, para mi desgracia, la vida me ha llevado a estudiar con cierto detalle los sistemas jurídicos de dos países de vocación totalitaria: primero, la extinta Unión Soviética, donde estudié; y después Cuba. Me parece sencillamente natural que yo no quiera sufrir una tercera experiencia de ese tipo. Felizmente, eso no ha resultado necesario. A estos efectos, suplo mi ignorancia con los informados criterios de colegas que sí ejercen en la fraterna Venezuela.
Abordo este tema con motivo de la situación que se confronta en el país sudamericano a raíz de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 28. El Consejo Nacional Electoral (CNE), hechura e instrumento del régimen imperante, ha anunciado la supuesta victoria alcanzada en esa contienda por el dictador Nicolás Maduro, pero sin presentar las actas que, en las diferentes mesas electorales, avalen ese hipotético éxito.
Por su parte, la oposición, certeramente conducida por María Corina Machado, logró llevar a los ciudadanos a participar de manera masiva en la votación convocada por el régimen dictatorial. Pero no se limitó a ello; los antimaduristas también se han empleado a fondo para recolectar y publicar las actas de más del 80 % de las mesas electorales. Según esos datos, es de tal magnitud la mayoría alcanzada por Edmundo González Urrutia, que incluso si fueran para Maduro todos los votos depositados en la quinta parte de las mesas cuyas actas no constan, no alcanzarían para desvirtuar la victoria del mencionado opositor.
Es en esas condiciones que el dictador optó por acudir a la Sala de lo Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la cual presentó un escrito. Aquí me veo forzado a recordar una vez más mi ignorancia de las disposiciones concretas del derecho venezolano, pero me animo a pronunciarme sobre lo sucedido basándome en los principios generales del derecho y mi experiencia práctica del ejercicio profesional.
Para empezar, debo señalar que la publicitada imagen que ilustra la presentación del alegato madurista podrá ser (de hecho, es) impactante, pero no se ajusta demasiado a las realidades del derecho. La presentación de un escrito a un órgano jurisdiccional es un trámite burocrático de carácter oficinesco. Lo usual es que se deje constancia de la entrega del papel en un libro de presentación de escritos. En la diligencia correspondiente suelen firmar el secretario auxiliar actuante y quien presentó el documento.
Por supuesto que, para evacuar ese trámite, no es nada habitual que concurra el interesado en persona (¡y menos si se trata de quien desempeña la Presidencia de la República!). Para ello existen apoderados y representantes. La imagen del dictador Maduro, haciendo entrega de su escrito secreto en una lujosa carpeta de cuero a la Sala Electoral del TSJ, constituida en pleno con ese fin, con todos los magistrados cariacontecidos y enfundados en togas rojinegras, resulta —insisto— impactante, pero también poco real. Tiene todo el aspecto de un montaje para beneficio de la galería…
Pero, además, ¿qué alegó Maduro! Si existe una jurisdicción de lo contencioso-electoral ante la cual se ventilan los pleitos derivados de los diferendos comiciales, ¡lo único que cabe esperar es que ante ella acudan los que estén inconformes con alguna resolución de la autoridad administrativa correspondiente!
Y la pregunta que se impone es: ¿Con qué está en desacuerdo Maduro! Los únicos dos pronunciamientos que ha hecho el CNE sobre las presidenciales han sido para anunciar primero (en base a los resultados de un 80 % de las mesas electorales) y ratificar cinco días más tarde, ya con el alegado respaldo del 96,87 % de las actas (aunque, por cierto, no se han molestado en tratar de explicar lo sucedido con el 3,13 % restante), la hipotética victoria del candidato oficialista.
¡Debemos suponer que el dictador no se oponga a esos pronunciamientos!… La petición de Nicolás Maduro al TSJ (cuyo texto permanece secreto hasta hoy) está encaminada, según palabras del mismo Maduro a la prensa, a que la Sala Electoral aclare “todo lo que haya que aclarar”.
Se trata de una petición harto vaga, si las hay. Pero por supuesto que la paráfrasis que un solicitante pueda hacer de un escrito presentado por él mismo no puede suplir la notificación de ese mismo documento, con entrega de sendas copias, a los restantes afectados por los pronunciamientos que en él se interesen (en este caso, los otros candidatos presidenciales). Sólo esa notificación les permitiría a estos últimos argumentar sobre lo interesado por el solicitante; pero ello ha brillado por su ausencia en este caso.
Lo que sí hizo el Tribunal Supremo al servicio del dictador fue citar a todos los candidatos presidenciales a una insólita comparecencia que tuvo lugar el pasado viernes. Esa convocatoria fue desconocida (con toda la razón del mundo) por don Edmundo (habrá que ver si esa ausencia será tomada como pretexto para procesarlo por un supuesto delito). Sí concurrieron los restantes candidatos, incluyendo a Maduro.
La pretensión del TSJ era que los citados reconocieran de antemano la decisión que dictará sobre el asunto la propia Sala Electoral. Sólo Enrique Márquez se negó a tal cosa. Sus argumentos son irrebatibles: “¿Cómo voy a firmar algo que no sé de qué se trata! Tienen que darme el recurso para conocerlo; si no, no puedo firmar nada. Cheque en blanco, ¡ni al CNE ni a nadie!”.
¿Pero qué dicen los juristas venezolanos sobre esta nueva maniobra de la dictadura? Una información publicada en Maduradas el pasado día 2 expresa que la “oposición democrática ratifica que no existe una vía judicial para certificar los resultados de las presidenciales”. Y esta afirmación —destaco— proviene del “equipo legal de la oposición mayoritaria”; es decir, de especialistas que sí dominan el derecho electoral venezolano.
Como expresó de modo certero el jurista que actuó como portavoz opositor en la conferencia de prensa correspondiente, “nadie cree en el CNE, y el primero que no cree en el CNE es el propio Maduro, que acude a una instancia (la Sala Electoral) para certificar actas”. Y conste que el referido hombre de leyes, para rematar, describió de modo lapidario a esta última como “tan o igual de desprestigiada” que el CNE…
Es probable que lo que pretenda el dictador con el nuevo trámite ante el TSJ sea que este órgano ratifique la declaración del CNE. Tal vez los magistrados se den por informados de las actas (para cuya entrega han dado un plazo de tres días), pero sin que ellas queden a disposición del público en general… Otra opción sería que se haga realidad lo advertido este lunes por el expresidente colombiano Iván Duque: que el Tribunal Supremo anule las elecciones y convoque a otras nuevas… ¡Y aquí no ha pasado nada!
En cualquier caso, se trataría de otra jugarreta más del madurismo, primitiva y burda, pero que tal vez pueda servir a gobiernos cómplices, como los de Brasil, México o Colombia, a salir del embrollo en el que ellos mismos se han metido al respaldar a la impresentable dictadura venezolana.
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