“La represión en Cuba se vuelve menos episódica y más permanente”, concluye el ICLEP 

MIAMI, Estados Unidos ― La represión en Cuba siguió escalando en febrero pasado: ya no solo golpea a periodistas, activistas u opositores visibles. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 128 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa durante ese mes y advirtió que los ciudadanos sin perfil político definido fueron el grupo más numeroso entre las víctimas identificadas, con 24 casos. 

Con el título Cuba en febrero de 2026: Repunte de la represión contra la libertad de expresión y prensa, el más reciente informe de la organización sostiene que, frente a enero de 2026, cuando el observatorio registró 114 agresiones, febrero cerró con un aumento del 12,3%. En la comparación interanual, el salto fue todavía más contundente: de 47 agresiones en febrero de 2025 a 128 en febrero de 2026, un alza del 172,3%. Las violaciones a la libertad de expresión pasaron de 42 a 111 en un año, mientras que las agresiones contra la libertad de prensa subieron de cinco a 17. 

El propio ICLEP subraya que la caída mensual de las agresiones específicamente dirigidas contra la prensa, de 22 en enero a 17 en febrero, no debe leerse como una mejora, sino como la evidencia de que el patrón represivo se expandió a sectores sociales más amplios.

El dato más revelador del informe es el cambio en la forma de reprimir. Aunque las detenciones arbitrarias siguieron siendo uno de los mecanismos más usados, con 40 casos, el indicador dominante en febrero fue el de ataques, amenazas y agresiones psicológicas, con 52 hechos documentados. A ello se sumaron 25 casos de uso abusivo del poder estatal, cuatro agresiones físicas, una restricción en el espacio digital y seis hechos de reclusión. En comparación con enero, las detenciones bajaron de 68 a 40, pero los ataques y amenazas se dispararon de 25 a 52, mientras que el uso abusivo del poder pasó de 15 a 25. La conclusión del observatorio es clara: “La represión se vuelve menos episódica y más permanente”.

El informe también identifica los principales detonantes de esa ofensiva. La llamada represión sistemática encabezó la lista con 26 casos, seguida por publicaciones en redes sociales, con 15; expresiones simbólicas como carteles, performances o vestimenta, con 14; el ejercicio del derecho de reunión o asociación, con 11; fechas simbólicas para la oposición o la sociedad civil, con 10, y la participación en protestas, con siete. También se registraron seis casos de represalia por vínculos familiares o afectivos y cinco vinculados a denuncias sobre violaciones en cárceles. 

Para el ICLEP, esos datos muestran que el Estado no reacciona únicamente ante hechos concretos, sino que opera bajo una lógica de vigilancia permanente contra cualquier manifestación de descontento.

La distribución territorial de las agresiones confirma, según el informe, que no se trata de episodios aislados ni de focos locales. La Habana concentró 46 hechos, seguida por Camagüey, con 16, y Holguín, con 15. Luego aparecieron Pinar del Río, con nueve; Matanzas y Granma, con ocho cada una; Las Tunas, con siete; Villa Clara y Santiago de Cuba, con cinco; Ciego de Ávila, con cuatro; Artemisa, con dos, y Cienfuegos y Guantánamo, con uno cada una. El observatorio insiste en que la ausencia de registros en ciertos territorios no significa ausencia de represión. “La falta de denuncia no equivale a ausencia de represión”, advierte.

El informe atribuye la mayor responsabilidad a estructuras estatales. La Seguridad del Estado apareció vinculada a 64 hechos, el 68,8% del total; la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a 31; el sistema penitenciario, a siete, y el sistema judicial, a cinco. Para el ICLEP, esa concentración confirma que la represión responde a una política de Estado y no a excesos individuales. El documento sostiene que distintas instituciones actúan de manera complementaria: unas vigilan y amenazan, otras detienen, otras judicializan y otras castigan dentro de prisión.

En cuanto al perfil de las víctimas, además de los 24 ciudadanos sin afiliación política definida, el informe contabilizó 18 activistas, 10 periodistas, 10 opositores, siete presos políticos, tres creadores de contenido, dos artistas o creadores y un exprisionero político. Entre las víctimas identificadas por género, 45 fueron hombres y 30 mujeres, aunque el observatorio aclara que hubo además un grupo indeterminado de reclusos en la prisión de Canaleta que no pudo ser individualizado.

Entre los casos emblemáticos recogidos por el informe aparece el de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual El4tico, en Holguín. Ambos fueron objeto de un operativo con registro domiciliario, decomiso de equipos de trabajo y detención arbitraria. Después fueron acusados de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir” por sus publicaciones críticas en redes sociales. El documento añade que el proceso estuvo marcado por restricciones al acceso a la defensa, fuerte presencia policial durante la audiencia de habeas corpus, limitaciones de movilidad para la promotora del recurso e imposición de prisión provisional.

En esa misma línea, el observatorio documentó el caso de Ankeilys Guerra Fis, descrito como un ciudadano sin vínculo con organizaciones opositoras, detenido después de publicar un video en redes sociales en el que pedía cambios políticos en Cuba. Según el informe, permaneció casi un mes en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en Cuba. Además, su recurso de habeas corpus fue rechazado y luego fue trasladado a la prisión de Güines, también acusado de “propaganda contra el orden constitucional”. 

El informe menciona además el hostigamiento contra dos integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la caja y amenazas en redes sociales contra la activista Anna Sofía Benítez Silvente, como parte de una criminalización creciente del disenso digital.

La ofensiva contra periodistas independientes ocupó otro bloque central del informe. El 3 de febrero, Henry Constantin y Alejandra García, de La Hora de Cuba, fueron detenidos en Camagüey por agentes de la Seguridad del Estado y la PNR, trasladados esposados, interrogados y luego liberados. Ambos recibieron cartas de advertencia. En La Habana, Camila Acosta, de CubaNet, fue sometida a seguimiento, interrogatorio en la vía pública y vigilancia constante cerca de su vivienda. Por su parte, Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, de 14ymedio, denunciaron un cerco policial en su casa. 

El 24 de febrero, en el aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el observatorio registró nuevos operativos de vigilancia, cercos domiciliarios y amenazas contra periodistas, activistas y opositores. El informe también documentó la prohibición de salida del país aplicada al periodista Boris González Arenas en el Aeropuerto Internacional “José Martí”, bajo la alegación de un “impedimento de viaje”, y el caso del periodista Niober García Fournier, a quien las autoridades habrían sugerido emigrar como “mejor solución”.

Otro eje particularmente grave fue la represión dentro de las cárceles y contra los familiares de presos políticos. El informe recoge la golpiza al preso político Alexander Verdecia Rodríguez por parte de al menos seis oficiales penitenciarios después de denunciar públicamente las condiciones inhumanas en las prisiones cubanas. También señala que su esposa, Eliannis Villavicencio Jorge, fue citada e interrogada y amenazada con procesos penales si seguía denunciando, y que las autoridades amenazaron incluso con retirar la custodia de sus hijas menores. 

El episodio más violento reseñado por el ICLEP fue la represión contra reclusos en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Según el informe, los hechos comenzaron en la madrugada del 18 de febrero, después de la muerte de un interno en circunstancias no esclarecidas, presuntamente relacionadas con golpizas de guardias penitenciarios. Los presos iniciaron una protesta masiva y la respuesta estatal incluyó un operativo de fuerzas del Ministerio del Interior, unidades antimotines y agentes de la Seguridad del Estado, con balas de goma, gas pimienta y golpizas, incluso dentro de las celdas. El reporte señala que hubo numerosos heridos, con fracturas y traumatismos craneales, y menciona denuncias sobre posibles fallecidos que no pudieron ser confirmados de manera independiente debido al hermetismo oficial. Las autoridades, añade el texto, redujeron lo ocurrido a un “incidente”.

El documento también da cuenta de la detención de 10 ciudadanos panameños en La Habana, acusados de “propaganda contra el orden constitucional”. Según el informe, el caso añadió una dimensión internacional a la represión, después de que el Gobierno de Panamá pidiera respeto al debido proceso y a los derechos de sus ciudadanos. Para el observatorio, el expediente ilustra el uso de figuras penales ambiguas para castigar expresiones consideradas contrarias al orden político, incluso cuando involucran a extranjeros.

A partir de todos esos elementos, el ICLEP concluye que febrero confirmó “una tendencia sostenida de incremento y endurecimiento de la represión en Cuba”. El informe afirma que el Estado está sustituyendo parte de la represión más visible por mecanismos de intimidación sostenida, vigilancia, citaciones, restricciones de movimiento y procesos penales, al tiempo que amplía el universo de víctimas. También anticipa que, mientras persistan la crisis energética, la precariedad material y el aumento de las protestas, la escalada continuará con más control preventivo, hostigamiento selectivo y castigo ejemplarizante.