Caracas transfirió a La Habana el equivalente a 63.800 millones de USD para la represión

MIAMI, Estados Unidos. – El informe Petróleo para la represión: 63.800 millones de dólares de la ocupación de inteligencia cubana en Venezuela, elaborado por el Miranda Center for Democracy, sostiene que Caracas transfirió a La Habana el equivalente a 63.800 millones de dólares a valor presente para financiar una arquitectura de control, inteligencia y represión que, según la investigación, terminó por subordinar áreas clave del aparato de seguridad venezolano al régimen de la Isla.

El documento, publicado este miércoles, afirma que ese esquema convirtió el petróleo venezolano en el principal mecanismo de pago de servicios de inteligencia, asesoría en seguridad y control político, y describe esa relación como una cesión deliberada de soberanía a cambio de blindaje para el poder chavista.

Asimismo, indica que Caracas pagó a La Habana 63.800 millones de dólares para financiar “su propia represión” y argumenta que ese dinero pudo haber cubierto una parte sustancial de las necesidades de inversión del sector petrolero o contribuido varias veces a reconstruir redes colapsadas de electricidad y agua. 

El estudio sostiene además que, desde 2008, el Grupo de Coordinación y Enlace (GRUCE) —presentado como un nodo de inteligencia cubano— reconfiguró los sistemas venezolanos de defensa e inteligencia, desplazando doctrinas tradicionales por marcos de contrainteligencia inspirados en Cuba y orientando la misión del Estado desde la seguridad pública hacia la preservación del régimen.

La investigación sitúa el origen del esquema en el Convenio Integral de Cooperación firmado en 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro, bajo el cual Venezuela comenzó a enviar a Cuba 53.000 barriles diarios de crudo. Según el documento, el acuerdo operó como un sistema de trueque: Cuba podía compensar buena parte del petróleo mediante servicios profesionales prestados a largo plazo, con intereses bajos y plazos de pago extensos. 

El informe también señala que en 2004 el convenio fue renovado, se mantuvo la base de 53.000 barriles diarios y se fijó un precio mínimo garantizado de 27 dólares por barril para proteger a Cuba de las alzas internacionales. Entre 2005 y 2012, indica la investigación, los envíos crecieron hasta alcanzar un pico de 115.000 barriles diarios en 2008, con un promedio cercano a 105.000 hasta 2012. Después comenzó un descenso sostenido: 69.000 barriles diarios en 2016, unos 55.000 en 2017, 32.000 en 2024 y una recuperación a 52.000 en 2025.

El informe distingue entre el valor nominal de los envíos petroleros y su costo real actualizado. De acuerdo con sus cálculos, solo por transferencias de crudo Venezuela habría enviado a Cuba casi 40.000 millones de dólares entre 2000 y 2025; ajustado a dólares constantes de 2026, el costo subiría a 57.400 millones. A esa cifra el informe añade inversiones y alivios financieros vinculados a Petrocaribe, incluyendo proyectos de infraestructura en Cuba y operaciones de deuda, hasta llegar al total de 63.800 millones que da título a la investigación. 

Además, el texto resalta que una de las claves del esquema fue la cláusula de “pago mediante servicios”, que habría permitido una valoración opaca y no verificable de misiones médicas, asesoría en seguridad e inteligencia.

Uno de los ejes centrales del reporte es la tesis de que la influencia cubana no fue informal ni meramente política, sino el resultado de una “reingeniería contractual” del aparato de seguridad venezolano. El estudio ubica un punto de inflexión tras la derrota de Chávez en el referendo constitucional de 2007. A partir de ahí, dice, se habría impulsado un “nuevo pensamiento militar” enfocado en neutralizar la disidencia interna. 

La investigación asegura que en mayo de 2008 se firmaron acuerdos reservados entre los ministerios de Defensa de ambos países, mediante los cuales La Habana obtuvo autoridad para reestructurar segmentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entrenar agentes venezolanos en la Isla, rediseñar misiones de inteligencia para vigilar a oficiales venezolanos y establecer el GRUCE como un comité de ocho “especialistas militares” cubanos encargado de inspeccionar unidades y entrenar soldados.

El informe también vincula esa transformación con la llamada “Ley Sapo” de 2008, que presenta como una transferencia directa del modelo cubano. Según el texto, esa normativa buscó fusionar inteligencia civil, militar y social bajo control político directo, obligando a ciudadanos y entidades privadas a entregar información a los organismos de inteligencia. Aunque Chávez suspendió su aplicación ese mismo año, el reporte sostiene que su impacto doctrinal y operativo perduró en la reorganización institucional y en la normalización de la vigilancia social. 

En esa misma línea, el estudio identifica la creación formal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en junio de 2008 como parte de una reestructuración orientada al control interno y no a la seguridad pública. Más adelante, describe la transformación en 2011 de la antigua DIM en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como el cambio doctrinal más profundo del período, al reorientar la inteligencia militar hacia la vigilancia interna, la infiltración y la neutralización de conspiraciones dentro de las Fuerzas Armadas.

En el plano de derechos humanos, la investigación apoya buena parte de sus conclusiones en los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. El informe recuerda que esa misión concluyó que el SEBIN y la DGCIM ejecutaron “detenciones ilegales, tortura y otros tratos crueles contra opositores reales o percibidos y sus familiares” como parte de un plan diseñado y validado por los más altos niveles del liderazgo político. El reporte añade que, entre 2014 y 2023, informes de Foro Penal y Freedom House apuntan a más de 18.000 arrestos políticos acumulados, con un pico en 2024, tras las protestas por las presidenciales, cuando se registraron cerca de 2.000 detenidos políticos.

La investigación enumera además patrones de tortura que atribuye a esa arquitectura represiva: golpizas severas, descargas eléctricas en genitales y zonas sensibles, asfixia con bolsas plásticas, agua o sustancias tóxicas, mutilaciones en los pies y debajo de las uñas, violación y violencia sexual con objetos, exposición forzada a temperaturas extremas, luz constante o oscuridad total, amenazas de muerte y violación contra detenidos y sus familiares, e incluso alimentación forzada con excremento o vómito. El documento sostiene que la Misión de la ONU concluyó que el Estado venezolano ejecuta crímenes de lesa humanidad como política deliberada de control.

Otro de los hallazgos del informe es que, aun con señales de retiro parcial de personal cubano bajo presión de Estados Unidos, la estructura diseñada durante años seguiría intacta. El estudio afirma que la salida operativa de algunos asesores no equivale al desmantelamiento institucional del modelo y presenta a la doctrina del GRUCE como la principal barrera estructural para una transición democrática real en Venezuela. En ese punto, los autores sostienen que la DGCIM y el SEBIN no pueden ser reformados, sino que tendrían que ser abolidos y reemplazados por fuerzas profesionales desligadas de la doctrina de La Habana.

El reporte fue publicado por el Miranda Center for Democracy gracias al apoyo del International Republican Institute (IRI, por sus siglas en inglés), aunque aclara que las opiniones y análisis expresados corresponden únicamente a sus autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de esa organización. 

El informe fue presentado este miércoles en Miami.