MIAMI, Estados Unidos ― Un grupo de intelectuales, escritores, periodistas, artistas, activistas y otros profesionales cubanos dentro y fuera de la Isla pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldar un “pacto social” para una transición democrática en Cuba, una iniciativa que contempla desde la amnistía inmediata para los presos políticos y la creación de una asamblea constituyente ciudadana digital hasta la proscripción del Partido Comunista de Cuba (PCC), la creación de un gobierno provisional, la auditoría de conglomerados como GAESA y la revisión de contratos con potencias extranjeras como Rusia y China.
La nota que acompaña la carta, a la cual tuvo acceso CubaNet, indica que la propuesta ya fue presentada a miembros del Congreso de Estados Unidos y a otros actores internacionales como posible instrumento dentro de la política hacia Cuba en 2026.
Mientras, la carta dirigida a Trump describe a Cuba como un país devastado tras más de seis décadas bajo “un sistema totalitario” que subordinó “los derechos inalienables del ciudadano al poder de un solo partido político”.
“Las consecuencias son visibles: pobreza generalizada, éxodo masivo, fractura social y una profunda herida moral en la conciencia del país”, sostienen los firmantes. También aseguran que el 11 de julio de 2021 dejó al descubierto que “el pueblo cubano desea ser libre” y denuncian que la respuesta del régimen fue “represión, encarcelamiento y miedo”.
Los promotores del plan presentan el “pacto social” como una vía constituyente ajena a “estructuras políticas centralizadas” y a “arreglos negociados con el régimen”. Según el comunicado, el mecanismo central sería una asamblea constituyente ciudadana digital, concebida para permitir la participación de los cubanos “fuera del control del actual aparato estatal” y mediante una plataforma “segura y verificable”.
“Esta iniciativa no surge de estructuras políticas tradicionales, sino de la propia sociedad civil cubana”, resume el documento.
Además, los 82 firmantes aseguran que “la cultura no puede permanecer en silencio ante esta quiebra moral” y piden a Trump apoyo para que el proceso quede encauzado a través de un pacto “capaz de garantizar” tres objetivos inmediatos: “la amnistía plena e inmediata para todos los prisioneros políticos”, “la soberanía real del ciudadano frente al Estado” y “la independencia total de los poderes públicos”.
Después apelan de manera directa a Washington: “En momentos en que el mundo, sus instituciones y la prensa internacional guardan silencio, se cruzan de brazos o relativizan las razones del dolor de nuestro pueblo, el liderazgo de Estados Unidos es vital”.
La nota adjunta va más allá de esa apelación política y expone un armazón doctrinal y programático mucho más amplio. En el “Manifiesto del Pacto Social”, firmado por Faisel Iglesias, se plantea incluso “explorar formas de integración de Cuba en el sistema constitucional de las Américas”, con “plena participación en el orden federal” que, según el texto, permitió a Estados Unidos consolidar una de las democracias “más estables y prósperas” de la historia.
El mismo documento aclara que esa evolución “no implicaría la desaparición” de la identidad nacional cubana, sino que requeriría una constitución propia inspirada en la tradición republicana de Ignacio Agramonte y José Martí.
La hoja de ruta estratégica prevé una transición de 12 meses. En una primera fase, el plan propone que el “pacto social” actúe como una constitución provisional, priorice “el Estado de derecho sobre la fuerza”, libere a los presos políticos, prohíba el PCC, aparte del poder a la élite gobernante y convoque una consulta digital “monitoreada por el Centro Carter, la OEA y otras organizaciones internacionales” para solicitar una “intervención humanitaria”, con Estados Unidos como garante.
Después plantea la creación de un gobierno provisional “técnico, limitado y funcional”, la restauración inmediata de las libertades de expresión, prensa, asociación y movimiento, la reorganización de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad bajo autoridad civil efectiva, y la activación de mecanismos de participación ciudadana directa.
En el terreno económico, el proyecto propone auditar activos y estructuras vinculadas al poder concentrado, intervenir y fiscalizar conglomerados como GAESA, abrir inicialmente el mercado con prioridad para ciudadanos cubanos y la diáspora, y blindar los bienes estatales para evitar su deterioro o apropiación indebida durante la transición.
Más adelante prevé legalizar partidos y organizaciones civiles en un sistema plural, crear mecanismos de iniciativa legislativa y un referendo vinculante, así como establecer un tribunal de transparencia económica para revisar deudas y contratos heredados, y adaptar o renegociar acuerdos internacionales. Además, la nota menciona la anulación de contratos abusivos con “potencias extranjeras (Rusia/China)”.
El acuerdo económico adjunto también dibuja una Cuba poscastrista orientada a la inversión y promete protección de la propiedad, libre transferencia de ganancias, arbitraje independiente y resguardo frente a expropiaciones sin compensación “pronta, adecuada y efectiva”. Además, prohíbe de forma absoluta el trabajo forzado o coercitivo, exige relaciones laborales directas entre empleadores y trabajadores y fija un modelo de participación con una fase inicial de 60% de inversión internacional y de la diáspora frente a 40% de inversión doméstica, seguido de una etapa de transición en la que la inversión cubana pasaría a representar entre el 60% y el 70% del total.
Entre los firmantes de la carta figuran los escritores Ángel Santiesteban, Amir Valle, Jorge Ángel Pérez, Rafael Vilches-Proenza, Rita Martin, Ana Rosa Díaz Naranjo y Félix Luis Viera, los periodistas Camila Acosta y You Suárez, el cineasta Lilo Vilaplana, el abogado Faisel Iglesias y los intelectuales Gustavo Pérez-Firmat, Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero, entre otros.
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