LIMA, Perú — El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) alertó este viernes sobre un marcado recrudecimiento de la represión en Cuba tras documentar 1.188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante 2025, una cifra que representa un incremento de 54,7 % respecto al año anterior y que sitúa al período entre los más restrictivos de los últimos años.
De acuerdo con el “Balance Parcial 2025” presentado por la organización, la mayoría de los casos registrados correspondieron a afectaciones contra ciudadanos que ejercieron su derecho a expresarse públicamente, mientras que una parte menor estuvo dirigida específicamente contra periodistas y comunicadores independientes.
El estudio contabilizó 995 violaciones vinculadas a la libertad de expresión y 193 relacionadas con la libertad de prensa. Según el ICLEP, este comportamiento refleja tanto la ampliación del alcance represivo hacia sectores cada vez más diversos de la sociedad como la disminución del número de periodistas que aún logran desarrollar su labor desde la Isla.
“2025 registró el mayor incremento represivo en tres años contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”, señaló el ICLEP.
La organización subraya que el promedio mensual fue de 99 agresiones, aunque el momento más crítico se registró en julio, cuando documentó 184 incidentes en medio de los operativos desplegados por las autoridades durante el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Las amenazas, citaciones, vigilancias y otras formas de intimidación constituyeron el mecanismo represivo más frecuente, con 435 registros. Sin embargo, el informe destaca especialmente el incremento de las detenciones arbitrarias, que pasaron de 150 casos en 2024 a 386 en 2025.
“En 2025, casi una de cada tres violaciones documentadas fue una detención arbitraria”, advirtió la organización.
Asimismo, el reporte detectó un aumento significativo en el uso de procedimientos judiciales y administrativos contra opositores, activistas y ciudadanos críticos, incluyendo condenas consideradas desproporcionadas, procesos penales cuestionados y sanciones dentro del sistema penitenciario.
El informe identifica a instituciones estatales como principales responsables de los hechos documentados. La Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria concentran la mayor parte de los registros, seguidas por organismos judiciales, penitenciarios y otras entidades gubernamentales.
ICLEP también observó una ampliación de los sectores afectados por la represión. Aunque activistas y opositores continúan entre los grupos más perseguidos, aumentaron los casos de ciudadanos sin militancia política que fueron sancionados por publicar opiniones en redes sociales, grabar situaciones cotidianas o manifestarse por problemas como los apagones y la escasez.
Entre los hechos destacados por el informe figuran denuncias de malos tratos contra el opositor José Daniel Ferrer en prisión, procesos judiciales contra activistas, agresiones a periodistas independientes y condenas relacionadas con la difusión de contenidos considerados incómodos para las autoridades.
La capital cubana concentró el mayor número de incidentes reportados, seguida por las provincias de Matanzas y Villa Clara. No obstante, la organización advirtió que la ausencia de registros significativos en otros territorios no implica necesariamente una menor represión.
“Las cifras que presentamos son el piso, no el techo, de lo que realmente ocurre en Cuba”, señala el documento, al advertir sobre las dificultades para documentar casos en zonas donde predominan el miedo, la autocensura y el aislamiento informativo.
El director general del ICLEP, Normando Hernández, sostuvo que los patrones observados durante el último año muestran una transformación en los mecanismos represivos.
“2025 no fue simplemente un año con más represión, sino con una represión cualitativamente distinta: más dependiente de la detención arbitraria, más anclada al poder institucional del Estado y con un control digital más selectivo y difícil de documentar. La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona”, afirmó.
A partir de los datos recopilados, la organización proyecta un escenario de deterioro para 2026 y estima que, de mantenerse la tendencia actual, el número de violaciones documentadas podría superar las 1.500 durante el actual año.
El informe prevé una mayor utilización de mecanismos judiciales para legitimar la represión, una ampliación de los sectores vigilados —incluidos jóvenes, usuarios de redes sociales y grupos religiosos—, así como una intensificación de las presiones contra periodistas independientes y exiliados cubanos.
Ante este panorama, el ICLEP instó a organismos internacionales, gobiernos democráticos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa a reforzar el monitoreo de la situación cubana y ampliar los mecanismos de protección para comunicadores y ciudadanos afectados por la represión.
