LIMA, Perú — El médico oncólogo cubano Álvaro Pérez Pérez rechazó este viernes la versión ofrecida por las autoridades de la Isla de la Juventud sobre la multa de 4.000 pesos que recibió mientras realizaba una venta de garaje para complementar sus ingresos, un caso que generó una amplia reacción de solidaridad dentro y fuera de Cuba.
En una transmisión en vivo de más de 35 minutos difundida a través de Facebook, el especialista respondió a una nota publicada por la Dirección Estatal de Comercio del municipio especial y reproducida por Radio Caribe, en la que el organismo aseguró que la sanción no fue impuesta al médico, sino al propietario de la vivienda donde se efectuaba la venta.
Pérez sostuvo que las autoridades omitieron elementos esenciales de lo ocurrido y aseguró que ninguna institución local intentó conocer su versión antes de emitir el comunicado.
“Lo primero que tengo que decir es que ninguna autoridad, ni del Partido, ni del Gobierno, ni de la Dirección Estatal de Comercio, se acercó a mí nunca, en ningún momento. Nunca les interesó saber mi versión de los hechos”, afirmó.
El galeno aclaró además que la actividad no se desarrolló en su vivienda, como señalaron las autoridades, sino en el portal de la casa de un familiar. También cuestionó la interpretación oficial sobre la firma estampada en el acta de la multa por parte de su pareja.
“La firma de él no representa la conformidad; la firma de él representa una amenaza. Si la firman, nos vamos. Si no la firma, igual nos vamos a ir. Pero entonces va a ser peor”, relató.
La controversia surgió después de que el oncólogo denunciara públicamente haber sido sancionado por vender libretas escolares y ropa usada durante una venta de garaje organizada para obtener ingresos adicionales ante la crisis económica que golpea a los cubanos.
Según la versión oficial, el video difundido inicialmente omitía que las libretas escolares forman parte de productos cuya comercialización está restringida. Sin embargo, Pérez argumentó que el propio Estado comercializaba esos mismos artículos a precios considerablemente superiores.
“Si la mía vale 100 y la del Estado vale 270, sí, pero la estás vendiendo tú y yo no estoy inspeccionando la tienda del Estado”, afirmó al mostrar fotografías que, según dijo, documentaban la venta de las libretas en establecimientos estatales.
El especialista también denunció irregularidades durante la actuación de los inspectores que acudieron al lugar. Según su relato, los funcionarios no explicaron inicialmente qué norma se estaba aplicando y ni siquiera sabían cuál era la infracción que intentaban imputar.
“Nunca hubo un diálogo. Siempre la intención fue ponernos la multa. No se nos explicó siquiera por qué se estaba poniendo la multa”, aseguró.
Durante la transmisión, Pérez señaló además que en un momento los inspectores llegaron a justificar la sanción alegando supuestos “precios especulativos”, antes de recurrir a otras disposiciones para fundamentar la penalización.
Otro de los puntos cuestionados por el médico fue el monto de las ayudas recibidas tras hacerse pública su situación. Mientras la Dirección Estatal de Comercio afirmó que las contribuciones solidarias ascendieron a unos 100.000 pesos, el oncólogo indicó que la cifra real habría sido considerablemente superior, de acuerdo con personas que colaboraron en la recaudación.
Pérez explicó que la única entidad estatal que se comunicó con él fue la Dirección Municipal de Salud Pública, cuyos representantes le solicitaron emitir una aclaración pública sobre el incidente. Según dijo, decidió no hacerlo para evitar que la controversia creciera.
“Todo el mundo sabe lo que hay detrás de esa multa, que nosotros, los profesionales, tengamos que salir a vender lo que nos regalan los pacientes para lograr 100 o 200 pesos, para ir a comprar una cabeza de ajo y poder cocinar”, expresó el oncólogo.
Decenas de usuarios manifestaron solidaridad con el oncólogo y vincularon el caso con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios estatales y el incremento sostenido del costo de vida en la Isla.
El incidente ocurre en un contexto marcado por la crisis económica que atraviesa Cuba, caracterizada por la inflación, la escasez de productos básicos y la pérdida de valor de los ingresos de trabajadores y jubilados. Diversos especialistas y organizaciones han advertido además sobre el impacto de estas condiciones en sectores estratégicos como la salud pública.
En los últimos años, miles de médicos cubanos han abandonado el sistema sanitario o emigrado en busca de mejores oportunidades económicas. Para muchos profesionales que permanecen en la Isla, la búsqueda de ingresos complementarios se ha convertido en una necesidad cotidiana para enfrentar la subida de precios y las dificultades de abastecimiento.
