LA HABANA, Cuba ― Establecer algún tipo de instancia de poder paralela a las definidas por la Constitución o las leyes de un país es una muestra evidente de desprecio por la institucionalidad, y también de que el voluntarismo de un líder o un partido político constituye el poder real ―y a veces el único― de una determinada sociedad.
Ese fenómeno lo hemos presenciado en Cuba desde los primeros años de la revolución castrista. Indudablemente, Fidel Castro, con un hambre insaciable de poder, fue incapaz siempre de someterse a las reglas que imponían el trabajo organizado de ministerios y otras vías institucionales.
Así, desde los primeros gabinetes formados por el flamante gobierno revolucionario, Castro no podía sentirse satisfecho con ministros como Roberto Agramonte o Felipe Pazos, y por supuesto tampoco con el presidente Manuel Urrutia Lleó, todos de probada filiación anticomunista. El máximo líder consideraba a esos funcionarios como “elementos retrancas” que ralentizaban el accionar de su gobierno.
Con independencia de que esas figuras abandonaran pronto el gabinete castrista, la maquinaria del poder creó por esa época el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que ofició como un poder paralelo al oficial, y que le sirvió a Castro para llevar a cabo de manera expedita sus políticas revolucionarias. Dos incondicionales del dictador, Antonio Núñez Jiménez y Carlos Rafael Rodríguez, asumieron las riendas de ese organismo.
Posteriormente, cuando Castro concibió aquellos planes rimbombantes y descabellados que llamó “Batalla de Ideas” y “Revolución Energética”, estimó que los mecanismos institucionales vigentes no servían para la realización de sus planes. En consecuencia reunió a un grupo de jóvenes dirigentes y creó el denominado “Grupo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe”, un verdadero gobierno paralelo que actuaba sin más ley que la voluntad del mandamás mayor. A propósito, muchas de las figuras que formaban ese equipo, como Otto Rivero, Hassan Pérez y Carlos Valenciaga, cayeron en desgracia con el advenimiento de Raúl Castro.
Con semejantes antecedentes de gobiernos paralelos, no era de extrañar que las autoridades castristas idearan una poderosa red empresarial con vistas a capear la crisis del llamado Periodo Especial tras la caída de la Unión Soviética. Así surgió el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), controlado por la cúpula militar, que con sus vínculos con corporaciones extranjeras, inversores, bancos, empresas navieras, operadores hoteleros, y otros socios comerciales ha logrado mantener a flote a la dictadura castrista.
El Gobierno contaba con organismos como el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Precios, cualquiera de los dos con posibilidades de llevar adelante la política económica del régimen dentro de los marcos de la institucionalidad castrista. Sin embargo, se decidió obviar la transparencia, y apostar por una entidad que actuaba sin control ni fiscalización, ni siquiera por parte de la Contraloría General de la República. Esto les permitía a los militares atesorar una riqueza para bien de ellos y de la jerarquía del régimen.
Se trata de un extenso conglomerado militar que ha llegado a controlar el turismo, el comercio minorista, el transporte, la banca, el sector inmobiliario, la logística y buena parte de la inversión extranjera que llega a la Isla, y que hasta el momento ha actuado en un marco de total secretismo para la opinión pública nacional.
Ahora, con el conocimiento por parte de toda la población cubana de los rejuegos de una entidad como GAESA, tras el editorial que la maquinaria del poder se vio forzada a publicar en el periódico Granma han quedado al descubierto, una vez más, las maniobras realizadas por la cúpula castrista para mantenerse en el poder.
