LA HABANA, Cuba ― La Corte Suprema de Justicia Masónica cubana expulsó de la Orden a ocho masones acusados de varios delitos, entre ellos “traición a la Fraternidad y sus Instituciones”. De acuerdo con la sentencia, los sancionados propiciaron divisiones internas, usurparon cargos, favorecieron golpes de Estado y sustrajeron fondos y documentos.
En primer lugar, figuran Mario Alberto Urquía Carreño y Airam Cervera Reigosa, ex Gran Maestro y ex Gran Tesorero de la Gran Logia de Cuba (GLC), respectivamente. Ambos fueron hallados culpables de los delitos de “abuso, fraude, y malversación de propiedades o caudales masónicos”, lo que conllevó a su expulsión.
Urquía Carreño renunció al cargo de Gran Maestro en agosto de 2024, tras el escándalo de corrupción desatado por el supuesto robo de 19.000 dólares de su oficina en la GLC y el subsiguiente rechazo de la comunidad masónica. Poco después, una auditoría determinó que tanto él como Cervera Reigosa habían incurrido en el delito de “estafa” por el desfalco de casi 5 millones de pesos a la Institución.
Aunque los masones esperaban que el sustituto de Urquía, Mayker Filema Duarte, contribuyera a limar las tensiones, este demostró ser una continuidad de su predecesor. El masón se negó a convocar a las elecciones generales correspondientes con el objetivo de perpetuarse en el poder, al tiempo que implementó una “cacería de brujas” contra los miembros que se le oponían, incluidos aquellos que ya eran objetivos de la Seguridad del Estado, como el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso y el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats.
A pesar de que Urquía Carreño y Filema Duarte recibieron el respaldo del Ministerio de Justicia (MINJUS), la presión de los masones fue contundente. La dictadura de Filema Duarte provocó una fuerte confrontación, así como protestas en julio de 2025, cuando decenas de miembros exigieron “libertad para la Gran Logia de Cuba”. En esa ocasión, entonando las notas del Himno de Bayamo y a gritos de “¡Viva la masonería cubana!” y “¡Viva Cuba!”, los manifestantes forzaron la entrada al edificio de la GLC ―ubicado en las calles Belascoaín y Carlos III, en La Habana―, donde un grupo de sus hermanos les impedía el paso.
En los videos del suceso se observa cómo al menos cinco hombres, con actitud desafiante y violenta, bloqueaban el acceso al inmueble. Entre ellos se encontraba Jesús Martínez Frómeta, quien roció alcohol en el rostro a varios de sus hermanos en medio del forcejeo para romper el cerco.
Estos actos constituyeron “una asonada golpista que cercenó la democracia electoral” de la Masonería, según detalla el texto de la sentencia. El documento declara, de igual forma, que era “legítima” la intención de quienes pretendían acceder a la sede “para intentar restablecer el orden constitucional”.
Tanto Filema Duarte como Martínez Frómeta fueron expulsados por traición. Asimismo, la sanción incluyó a otros implicados en los hechos y cómplices del golpe de Estado: Igor Larramendi Ador (expresidente de la Comisión de Jurisprudencia y Asuntos Generales), Juan Carlos Yero Ramos (ex Gran Tesorero), y Juliannis Galano Gómez (ex Gran Secretario).
Según el fallo judicial, estas personas llevaron a la GL a “un caos sin precedentes”. “Es preciso desterrar de nuestra masonería simbólica cualquier atisbo de postura dictatorial o aquellas que la secunden, porque ello es una amenaza existencial para la masonería”, señala el texto.
También fue expulsado Rancell Montero Romero, quien presidía la Corte Suprema de Justicia Masónica y ejecutaba la persecución contra logias y miembros opositores a Filema Duarte. Montero Romero llegó a suspender a más de un centenar de logias y a decenas de masones; además, fue el artífice de los cargos y de la expulsión de José Ramón Viñas Alonso y de Ángel Santiesteban Prats a inicios del pasado año.
Montero Romero, quien figura igualmente como vicepresidente de la Asociación Yoruba de Cuba, había sido acusado de delitos de “perjurio, desaparición o sustracción maliciosa de documentos, grave abuso en el desempeño de un cargo masónico e infracciones maliciosas acompañadas de culpa grave y de daño posible”.
La Corte Suprema de Justicia masónica incluyó en el documento la respuesta a las apelaciones presentadas por los acusados, las cuales fueron declaradas “sin lugar”.
Según un masón consultado, que pidió proteger su identidad, con estas acciones la Orden está “limpiando la afrenta de los traidores que rompieron su palabra y juramentos y actuaron sin vacilación contra la democracia masónica”.
Por su parte, Sergio Rafael Vidal Águila afirmó que la medida “constituye un acto no solo de justicia sino de reparación, porque costaba mucho tener que asumir a esos iniciados como merecedores de la membresía (…), por lo que representa que hayan violado sus juramentos sin pudor y hayan formado parte de lo que, sin dudas, fue no solo un cúmulo de ambiciones sino el servicio de hombres caducos a la sombra de un poder político que se sirvió de ellos para perseguir masones dentro de la misma Institución”.
Vidal Águila aclaró que aún queda pendiente la ratificación de las expulsiones en la Sesión Semestral de la Alta Cámara de la GLC (Poder Legislativo), que se desarrollará en septiembre próximo. No obstante, hasta que eso ocurra, los implicados permanecen proscritos del ejercicio de cualquier derecho masónico, incluida la asistencia a las sesiones de las logias.
