MIAMI, Estados Unidos ― La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, respaldó las medidas diplomáticas y de presión económica de Estados Unidos contra el régimen cubano y afirmó que, ante una dictadura que somete a la población al hambre y le niega una vida digna, “no hay un espacio de gris”.
“Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay trabajos dignos, dónde tener agua limpia, dónde tener un empleo (…), toda medida diplomática y de presión económica resulta válida”, declaró Fernández durante una entrevista con la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, difundida este viernes.
La mandataria costarricense sostuvo que las violaciones de derechos humanos y la precariedad impuesta a la población no admiten posiciones intermedias por parte de los gobiernos democráticos.
“En la democracia hay cosas que no son grises, o están bien o están mal, y frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris”, enfatizó.
Fernández señaló que la prioridad debe ser que “llegue esa luz” de la democracia a Cuba, acompañada de estabilidad institucional y de la recuperación de las libertades y los derechos humanos negados durante décadas por el régimen comunista.
La presidenta también ratificó el respaldo de su Gobierno al cierre de la Embajada de Costa Rica en La Habana, una decisión adoptada en marzo por la anterior Administración de Rodrigo Chaves Robles y que Fernández había apoyado cuando todavía era presidenta electa.
Costa Rica retiró su representación diplomática de la Isla y solicitó la salida del personal diplomático cubano acreditado en San José. Desde el 1 de abril, los vínculos entre ambos países quedaron limitados al ámbito consular, por lo que la medida no supuso una ruptura completa de relaciones.
Fernández describió el cierre de la sede costarricense en La Habana como “una muestra del respaldo al proceso de democratización” que espera que alcance próximamente al pueblo cubano.
La decisión había sido anunciada el 18 de marzo por Chaves, quien declaró que Costa Rica no reconocía la legitimidad del Gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel debido al “maltrato, la represión y condiciones indignas” sufridas por la población de la Isla.
“Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa”, dijo entonces Chaves durante un acto en la frontera con Nicaragua al que asistió la embajadora estadounidense en San José, Melinda Hildebrand.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica justificó la medida por el deterioro sostenido de los derechos humanos, el incremento de la represión contra activistas y opositores, y la escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
La Cancillería cubana rechazó la decisión, la calificó de arbitraria y acusó al Gobierno costarricense de actuar bajo presión de Washington. También sostuvo que San José se había sumado a los intentos estadounidenses de aislar internacionalmente al régimen de La Habana.
Las declaraciones de Fernández se producen en medio de una nueva escalada de las medidas de Estados Unidos contra las estructuras políticas, militares y económicas controladas por el régimen cubano.
El Departamento de Estado designó este jueves a la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), principal empresa cubana del sector petrolero y gasífero, al amparo de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
Esa orden amplió el alcance de las sanciones para incluir a personas y entidades vinculadas con los sectores energético, militar, financiero y de seguridad de Cuba, así como a funcionarios implicados en actos graves de corrupción o violaciones de derechos humanos.
La disposición establece el bloqueo de las propiedades e intereses que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. También permite penalizar a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas en beneficio de las personas o entidades designadas.
La Administración Trump había declarado además, el 29 de enero, una emergencia nacional relacionada con las acciones del régimen cubano y creó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a las mercancías procedentes de países que suministren petróleo directa o indirectamente a Cuba.
Washington argumentó que las autoridades cubanas representan una amenaza para su seguridad nacional y política exterior por sus vínculos militares y de inteligencia con Rusia, China e Irán, por su cooperación con organizaciones consideradas terroristas y por la represión contra opositores, periodistas independientes, activistas y familiares de presos políticos.
Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo para el período 2026-2030. El Tribunal Supremo de Elecciones la había declarado oficialmente electa el 3 de marzo.
Su respaldo público a las presiones diplomáticas y económicas contra La Habana da continuidad a la política iniciada por Chaves, cuyo Gobierno cerró la representación costarricense en Cuba después de que ambos países mantuvieran relaciones diplomáticas plenas desde 2009.
