LIMA, Perú – Autoridades del Ministerio del Interior (MININT) del régimen cubano ofrecieron este viernes en la televisión estatal una versión más detallada del tiroteo ocurrido el último 25 de febrero en aguas cubanas, en el que fuerzas guardafronteras abatieron a cuatro ocupantes de una lancha con matrícula de Florida, y detuvieron a otros seis.
En el programa oficialista Razones de Cuba, el primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, calificó el hecho como un “intento de infiltración desde Estados Unidos” y defendió la actuación de los agentes como “racional y defensiva”.
La embarcación de Florida habría sido detectada a las 7:10 a.m. a 3,7 millas náuticas dentro de aguas territoriales de la Isla. “Se trataba de una embarcación sospechosa. Se orientó entonces a nuestra lancha interceptora número 25 proceder a su identificación”, explicó.
Según su relato, durante la aproximación “se observaron personas en el agua, quienes, al advertir la presencia de la unidad cubana, reembarcaron y pusieron proa al oeste”.
“Nos encontrábamos a 185 metros cuando fuimos agredidos con disparos. Como consecuencia, resultó herido el comandante de la unidad, el capitán Yosmany Hernández Hernández, quien recibió impactos en el abdomen y el antebrazo y sangraba abundantemente”, dijo Carballo Pérez.
El primer coronel calificó la reacción de “correcta, enérgica y firme”, conforme a los protocolos establecidos.
La versión oficial agrega que, tras la neutralización de la embarcación, los heridos fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios. El armamento empleado por la parte cubana habría consistido en tres fusiles AKM y una ametralladora ligera RPK.
Presunto arsenal incautado y proceso penal
Por su parte, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, aseguró que la lancha interceptada transportaba un amplio arsenal.
“Durante la inspección se ocuparon fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, fusiles tipo DB AR-15, un fusil Delta, 11 pistolas y un módulo individual para cada uno de los diez ocupantes, que incluía fusil, pistola, cuchillo, uniforme de camuflaje, medicamentos, pasamontañas, casco y otros aditamentos. También portaban medios de comunicación, equipos de visión y materiales estériles”, explicó.
“Se contabilizaron 134 cargadores y un total de 12 846 municiones de diferentes calibres, entre ellos 5.56×45 mm y 7.62 mm (AKM). Una de las pistolas ocupadas tenía capacidad para perforar chalecos antibalas. Asimismo, fueron incautados un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, cuchillos de comando, una planta eléctrica portátil, una cizalla para cortar candados y emblemas identificativos, entre ellos el del denominado movimiento contrarrevolucionario 30 de Noviembre y distintivos de “autodefensa del pueblo”.
La instrucción penal hecha por el régimen cubano determinó que no fue una, sino dos las embarcaciones que salieron desde Cayo Marathon, en Florida. “Una presentó dificultades técnicas en el trayecto y los ocupantes se trasladaron a la otra, razón por la cual arribaron finalmente en una sola lancha”, resaltó Álvarez Valle.
El peritaje técnico reportó 13 impactos de bala en la embarcación cubana, localizados en estribor, en el casco y en las barandas.
“Se trata de una unidad de nueve metros de eslora. Solo se empleó armamento reglamentario. No hubo lanzacohetes ni otro tipo de armas como se ha especulado”, enfatizó el primer coronel.
Las autoridades señalaron como presunta autora intelectual de la excursión hacia la Isla a Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos y vinculada al denominado movimiento 30 de Noviembre. Los detenidos, con propuesta de medida cautelar, enfrentan cargos por agresión armada, entrada ilegal y delitos asociados a terrorismo y tráfico de armas.
De acuerdo con Edward Robert Campbell, fiscal jefe de dirección de la Fiscalía General de la República, “el marco sancionador para el terrorismo prevé penas que oscilan entre 10 y 15 años en los casos menos graves, hasta 20 años o 30 años de privación de libertad o la pena de muerte en los supuestos más severos”.
No obstante, algunos elementos del relato oficial han generado cuestionamientos, entre ellos la capacidad de la embarcación para transportar el volumen de armamento descrito y la rápida neutralización del grupo pese a su supuesto alto nivel de preparación.
Funcionarios cubanos afirmaron que hubo intercambio de información con autoridades estadounidenses tras el incidente, aunque estas han iniciado sus propias investigaciones y han expresado dudas sobre la versión presentada por La Habana.
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