MIAMI, Estados Unidos ― Vima World S.L., matriz del grupo español de distribución de alimentos que surte las tiendas en dólares de Cuba, contrató a la firma de cabildeo Continental Strategy LLC para representarla ante el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos.
El registro tiene fecha efectiva del 24 de julio de 2026, 11 semanas después de que el Departamento de Estado sancionara al conglomerado militar cubano GAESA, y se firmó y se hizo público el 7 de agosto, un día después de que el mismo departamento designara a dos filiales del conglomerado.
El formulario identifica a la empresa por su domicilio en la calle Núñez de Balboa de Madrid y la describe como una compañía de distribución y logística de alimentos especializada en el abastecimiento, la importación y la distribución. Declara tres áreas de gestión —comercio, industria alimentaria y relaciones exteriores— y resume el encargo en una sola línea: la búsqueda de “oportunidades de proyectos en América Latina”.
Cuba, que es el mercado del que procede casi la mitad de su facturación, no aparece mencionada en ninguna parte del documento.
El silencio del formulario contrasta con lo que ocurría esas semanas en Washington. GAESA fue designada el 7 de mayo al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que Donald Trump firmó el 1 de mayo y que autoriza a bloquear los bienes de personas extranjeras por “haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” al Gobierno de Cuba. El 4 de junio le tocó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto el Departamento de Estado designó a cinco entidades y ocho personas más, entre ellas Tecnoimport y Tecnotex, dos filiales de GAESA dedicadas a la importación.
Esa ficha informativa detalla el alcance real de la medida para cualquier empresa extranjera. Quedan bloqueadas también, dice el documento, todas las entidades que sean propiedad en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas, y las personas extranjeras que realicen transacciones con designados bajo la Orden Ejecutiva 14404, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan “ellas mismas expuestas a sanciones”.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, lo formuló sin rodeos en su cuenta de X a principios de agosto: “Las empresas extranjeras que deseen invertir en Cuba deben contar con una empresa estatal cubana como socio, lo que las convierte en cómplices del esquema de corrupción de la dictadura. Por este motivo, la Administración Trump ha impuesto sanciones secundarias a todas las empresas que mantengan relaciones comerciales con GAESA”.
En el mismo mensaje describió al conglomerado como “una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas y otros ámbitos del régimen”.
Tres cabilderos figuran inscritos en la cuenta de Vima, y uno solo declara un cargo público previo: Carlos Trujillo, consignado en el impreso como antiguo embajador de Estados Unidos ante la OEA. Según su biografía, Trujillo es presidente y fundador de Continental Strategy, fue representante estatal por el Distrito 105 en la Cámara de Representantes de Florida durante ocho años, presidió el Comité de Asignaciones de esa cámara y llegó a ser representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, confirmado por unanimidad en el Senado. Trump lo nominó después como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
El segundo nombre del registro es el de Eric Farnsworth, socio que dirige la práctica de política internacional y comercio de la firma después de haber estado más de veinte años al frente de la oficina en Washington de Americas Society/Council of the Americas, uno de los foros empresariales con más peso en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Antes pasó por la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial. El tercero, Francisco Petrirena, es vicepresidente de la consultora y llega desde la política municipal de Miami, donde fue jefe de gabinete del administrador de la ciudad y director de relaciones gubernamentales; no declara ningún cargo federal.
Ninguno de los tres es el vínculo más directo de la firma con la Administración. Ese lo aportan dos socios que no figuran en el registro de Vima: Alberto Martínez, director de la oficina de Washington, exjefe de gabinete de Marco Rubio en el Senado y dirigió toda su agenda legislativa y de comunicación antes de que Rubio llegara a secretario de Estado, y John Barsa, socio que fue administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por nombramiento de Trump y, antes, responsable de América Latina y el Caribe en esa agencia, donde según su propia biografía encabezó “políticas e iniciativas para promover la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
La consultora, que se anuncia bajo el lema “defensa implacable, perspicacia dinámica”, promete a sus clientes estrategias a medida y orientadas a resultados que combinan “un profundo acceso gubernamental” con un compromiso implacable con su éxito.
El registro no consigna honorarios. La única cifra del documento aparece en el apartado de entidades extranjeras, donde la propia Vima World S.L. figura con un interés del 10% y una contribución de 30.000 dólares para actividades de cabildeo. Las casillas de ingresos y gastos están vacías, porque esas cantidades solo se declaran en los informes trimestrales, y el correspondiente al periodo de julio a septiembre aún no vence.
La empresa no solo vende en Cuba: exporta hacia la Isla desde territorio estadounidense. Vima World opera dos filiales llamadas Vima USA Ltd, una en Nueva York y otra en Miami, a través de las cuales envía productos agrícolas y alimentos estadounidenses a Cuba, según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, la organización que localizó el registro de cabildeo. Esas ventas se amparan en la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones de 2000, que autorizó la exportación comercial directa de alimentos y productos agrícolas estadounidenses a Cuba siempre que se pague al contado.
De este modo, Vima no es solo una empresa española expuesta a las sanciones secundarias: es también un operador bajo jurisdicción estadounidense.
En la Isla, el grupo entró en el negocio minorista en mayo de 2024, cuando cerró un acuerdo con Tiendas Caribe para gestionar 20 establecimientos, empezando por el mercado de Paseo y el de Infanta y Santa Marta, en Centro Habana. Después constituyó una filial de capital extranjero, Vima Caribe S.A., para centralizar la operación cubana, según elToque, que señala a Tiendas Caribe como una entidad controlada por los militares.
Las cuentas de 2024 depositadas en el Registro Mercantil español, examinadas por ese mismo medio, arrojan un beneficio neto de 10 millones de euros, un 16% más que el año anterior, y sitúan en al menos 49 de los 106 millones de euros facturados la parte que procede de las operaciones cubanas. Casi la mitad de esa facturación depende de un país donde los productos de la marca solo se venden en moneda extranjera, en establecimientos a los que la mayoría de los cubanos no tiene acceso.
La empresa, mientras tanto, proyecta crecer. En un comunicado difundido en abril y recogido por Forbes, Vima Foods anunció que espera cerrar 2026 con una facturación de 216 millones de euros —250 millones de dólares— y duplicarla hasta los 500 millones de dólares en 2030, con operaciones en más de 30 países. “Uno de nuestros mercados cruciales sigue siendo América”, declaró en ese texto Víctor Moro, vicepresidente ejecutivo del grupo.
El informe trimestral que Continental Strategy deberá presentar en octubre precisará cuánto cobra por la cuenta y ante qué organismos del Gobierno estadounidense gestionó.
