MIAMI, Estados Unidos ― El preso político Roilán Álvarez Rensoler, recluido en la Prisión Provincial de Holguín, conocida como El Yayal, tras una prolongada huelga de hambre y con un cuadro de salud delicado, fue amenazado con ser fusilado junto a otros opositores encarcelados si se producía una intervención de EE.UU. en Cuba, denunció su hermana en declaraciones a Martí Noticias.
De acuerdo con la denuncia publicada por el medio, el activista permanece en “condiciones inhumanas y desfavorables”, con “un estado de salud bastante crítico”, fuertes dolores de cabeza, problemas renales, fiebres frecuentes y sin atención médica adecuada.
La mujer, cuyo nombre no fue divulgado, aseguró que Álvarez Rensoler no puede descansar pese a su deterioro físico. “Aún así tiene que dormir sentado por los fuertes dolores. Y más que esto, las chinches no le dejan ni siquiera estar en la cama, ni acostarse, ni descansar su cuerpo, aun así con tanta enfermedad”, dijo. “Esto está acabando con su vida lentamente”, agregó.
La denuncia más grave apunta a amenazas directas contra los presos políticos ante un eventual escenario de intervención militar estadounidense. “Si acá en la Isla llega a suceder algo, es decir, si el Gobierno de Estados Unidos llega a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar son a ellos [los presos políticos], solo por pensar diferente”, aseguró la hermana de Álvarez Rensoler.
Esta misma semana, el prisionero político Alieski Calderín Acosta, recluido en la prisión Kilo 8 de Camagüey, denunció haber sido amenazado de muerte por el director del penal, mayor Leonardo Suárez Rey, quien le advirtió que “no le convenía que viniera Donald Trump”, porque lo iba a “eliminar”. El reo afirmó además que era la tercera vez que recibía amenazas de ese tipo.
Álvarez Rensoler, natural del municipio Mella, en Santiago de Cuba, fue arrestado el 30 de enero junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez. La Seguridad del Estado los señaló como responsables de acciones de protesta en localidades de Holguín, entre ellas pintar carteles con consignas antigubernamentales en Marcané, Cueto y Alto Cedro, y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.
Tras su detención, Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre para exigir su liberación. El Centro de Información Legal Cubalex informó el pasado 20 de marzo que el activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había depuesto su protesta tras 49 días sin ingerir alimentos y después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Íñiguez Landín”, en Holguín.
La organización también señaló que informes médicos recientes confirmaban complicaciones renales severas, incapacidad de orinar y debilidad extrema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Álvarez Rensoler el 24 de marzo, al reconocer que se encontraba en una situación “de gravedad y urgencia” y que sus derechos “a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable”. La CIDH pidió al Estado cubano proteger esos derechos, garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales y realizar de inmediato una valoración médica integral, con atención oportuna y especializada.
En su resolución, la CIDH también recogió que la familia del preso político había denunciado el traslado de Álvarez Rensoler a Holguín, a unos 143 kilómetros de su domicilio, y el deterioro progresivo de su salud durante una huelga de hambre de cerca de 50 días. La Comisión señaló que, tras el evento cardíaco, la hermana del opositor solo pudo verlo durante cinco minutos y que él le comunicó que había suspendido la huelga por el riesgo vital en que se encontraba.
El organismo interamericano consideró especialmente grave que el opositor hubiera sido trasladado a una prisión provisional en Holguín apenas tres días después del evento cardíaco, pese a su cuadro clínico. La CIDH advirtió que la falta de comunicación con la familia dificultaba el acceso a información fidedigna sobre su estado de salud y aumentaba el riesgo para su vida, integridad personal y salud bajo custodia estatal.
