LIMA, Perú — El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos tras la firma este viernes de una nueva orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump que amplía las sanciones contra el régimen cubano.
En un mensaje difundido en redes sociales y alineado con la bravuconería oficial del aparato castrista, Díaz-Canel cuestionó el endurecimiento de las medidas y acusó a Washington de actuar con “pobreza moral”.
“Hoy, el Gobierno de EE.UU. ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal ‘bloqueo genocida’”, escribió, al tiempo que denunció un supuesto “desprecio a la sensibilidad y el sentido común” tanto de los ciudadanos estadounidenses como de la comunidad internacional.
El gobernante también rechazó los argumentos que presentan a Cuba como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. “Nadie honesto puede aceptar esa excusa”, afirmó.
Contrario a las declaraciones de Díaz-Canel, en los últimos años han surgido advertencias desde círculos de seguridad en Washington sobre la presencia de infraestructura de inteligencia extranjera en territorio cubano. En mayo de 2025, el analista Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), alertó ante el Congreso estadounidense sobre la existencia de múltiples instalaciones de inteligencia de señales en la Isla, vinculadas a actores como China.
Las relaciones entre La Habana y Washington también han estado marcadas por casos de espionaje recientes. En 2023, el exdiplomático Víctor Rocha fue acusado de actuar durante décadas como agente encubierto al servicio del gobierno cubano, incluso mientras ocupaba cargos en la diplomacia estadounidense.
No obstante, en su mensaje Díaz-Canel reiteró además la posición oficial de La Habana de responsabilizar al embargo por la crisis económica que atraviesa el país. “El ‘bloqueo’ y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”, sostuvo.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, elevó el tono al denunciar lo que calificó como una amenaza directa de agresión militar, tras las declaraciones de Trump en la víspera sobre posibles acciones contra la dictadura.
“Eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos”, escribió en la red social X, al tiempo que aseguró que estas medidas responden a intereses políticos internos en Estados Unidos.
“Los cubanos no nos dejamos amedrentar”, añadió el ministro, quien aseguró que el respaldo al Gobierno quedó evidenciado en las movilizaciones del Primero de Mayo.
La presión desde Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, durante un discurso ofrecido como invitado principal en una cena privada del Forum Club, celebrada en West Palm Beach, Florida. En su intervención, aseguró que antes concluiría el “trabajo” en Irán.
En ese contexto, el mandatario planteó que, una vez terminada esa fase, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe y situarlo “a unos 100 metros de la costa” cubana, desde donde —según describió— el régimen de la isla reaccionarían con un “muchas gracias, nos rendimos”.
El evento tuvo lugar en un encuentro cerrado de carácter político y empresarial, organizado por el Forum Club, un espacio habitual en Florida que reúne a líderes, empresarios y figuras públicas.
Las declaraciones de Trump coinciden con un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. Este mismo viernes, el mandatario firmó una orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra el régimen cubano. La medida autoriza acciones contra personas, entidades, afiliados e incluso bancos extranjeros vinculados al aparato de seguridad del Estado, así como a casos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos en la isla.
El decreto, divulgado por la Casa Blanca el 1 de mayo, permite bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones y restringir la entrada a Estados Unidos de los sancionados. Además, contempla sanciones para actores extranjeros que operen en sectores estratégicos de la economía cubana, como energía, defensa, minería, servicios financieros o cualquier otro que determinen el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.
También incluye a quienes actúen en nombre del Gobierno cubano, le proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, ocupen cargos de dirección o participen en abusos de derechos humanos o prácticas corruptas. El alcance se extiende incluso a familiares adultos de los designados.
Asimismo, la orden faculta a las autoridades estadounidenses a imponer restricciones a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones relevantes con entidades sancionadas, incluyendo limitaciones para mantener cuentas en Estados Unidos o el bloqueo de activos.
