LIMA, Perú — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que más del 80% de los ciudadanos mayores de 17 años respaldaron la reciente campaña de firmas promovida por el régimen, al tiempo que sostuvo que al menos cinco millones de cubanos participaron en las movilizaciones del Primero de Mayo en todo el país.
Durante su intervención en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado en el Palacio de las Convenciones, el dictador defendió el alcance de la iniciativa política impulsada por las autoridades. “Ayer el pueblo cubano protagonizó dos victorias para estos tiempos”, declaró ante cientos de delegados extranjeros.
Según Díaz-Canel, la recogida de firmas alcanzó a “más de un 80% de la población activa mayor de 17 años”, en respaldo a la “Revolución” y en rechazo a lo que calificó como el recrudecimiento del embargo estadounidense y posibles amenazas externas. Sobre el particular, describió la campaña como “una firma por la patria, por la revolución y por el socialismo”.
El gobernante también destacó la participación en los actos del Primero de Mayo, que calificó como una demostración de apoyo popular. “El pueblo desfiló masivamente (…) no solo en La Habana, sino en todas las ciudades del país”, afirmó, y añadió: “¿Por dónde está la cifra participante? ¿Más de 6 millones? ¿Más de 5 millones? Ayer estuvieron en las calles”.
Datos oficiales sitúan en 6.230.973 las firmas recogidas en la campaña denominada “Mi firma por la Patria”, presentada por medios estatales como un ejercicio de respaldo ciudadano frente a las tensiones con Estados Unidos. La iniciativa involucró a distintos sectores sociales, incluidos trabajadores, estudiantes y campesinos, según la narrativa oficial.
No obstante, organizaciones independientes han cuestionado el proceso. El Observatorio de Libertad Académica denunció la existencia de un “patrón coercitivo en los espacios académicos” asociado a la recogida de firmas.
“La participación en actos de movilización y recolección de firmas constituye una extensión del deber cívico impuesto por el Estado”, señaló la organización, que sostiene que “no se trata de una participación voluntaria, sino de una imposición política institucional”.
El grupo advirtió además que estas prácticas “representan una extralimitación de las facultades de los actores políticos” y constituyen “una violación directa de los derechos fundamentales de la ciudadanía” en la Isla.
