LIMA, Perú — La Fiscalía Municipal de Morón dictó prisión provisional contra el adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido tras la protesta masiva de esa localidad en la provincia de Ciego de Ávila.
Un reporte de Martí Noticias señala que el menor fue trasladado este miércoles a la cárcel provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta. Sin embargo, debió ser devuelto de forma temporal debido a fallas eléctricas que impidieron su ingreso formal al centro penitenciario.
Las autoridades prevén realizar un nuevo traslado en los próximos días, una posibilidad que ha despertado preocupación en torno a la integridad del menor, teniendo en cuenta reportes sobre las condiciones del penal y antecedentes recientes de un motín en esa instalación.
Ante esta situación, el Centro de Denuncias Defensa CD presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del joven, al considerar que su integridad está en riesgo.
“Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión que busca enviar un mensaje ejemplarizante, especialmente contra los jóvenes. En Morón hay decenas de personas detenidas, varias de ellas menores de edad, y todos están siendo sometidos a presiones para construir versiones oficiales que justifiquen la represión”, afirmó Juan Carlos Vargas, director de la organización.
El caso de Jonathan David Muir Burgos también expone una contradicción central del sistema penal cubano: la ley reconoce garantías para los menores de edad, pero en la práctica permite que esas mismas protecciones se debiliten o se ignoren en las fases más sensibles del proceso.
Esa es la principal conclusión de un informe publicado por el Centro de Información Legal Cubalex este martes, el cual utiliza el expediente del joven como estudio de referencia para analizar cómo operan las detenciones y los procesos penales contra adolescentes en el actual contexto de crisis y protestas en la Isla.
El caso de Jonathan también sirve, según la organización, para mostrar el uso de la prisión preventiva en menores pese a que la normativa proclama principios de reinserción y medidas educativas. El texto señala que, aunque la ley promueve sanciones alternativas y considera que la privación de libertad debe ser el último recurso, en expedientes como este se aplica prisión provisional y se mantiene la detención incluso ante problemas de salud. Para el reporte, esa práctica contradice directamente el principio de excepcionalidad de la cárcel en menores de edad.
El informe señala que, aunque la normativa cubana prevé que los adolescentes de entre 16 y 18 años no puedan recibir pena de muerte ni cadena perpetua, y contempla la posibilidad de reducir sanciones o aplicar medidas alternativas a la prisión, esas salvaguardas conviven con un diseño institucional que deja amplio margen de discrecionalidad a las autoridades que detienen, investigan y acusan. “La ley reconoce derechos”, pero “el sistema permite ignorarlos”, asegura Cubalex.
